Rajoy tiene listo el vuelco de la mayoría en el Tribunal Constitucional

Antes del verano, el Gobierno tiene previsto dar la vuelta a la actual mayoría progresista del Tribunal Constitucional, precisamente en el momento en el que se deben revisar normas clave de los últimos meses y en vísperas de abrir el frente judicial contra el proceso soberanista de Artur Mas en Cataluña. Para el Ejecutivo es vital la actuación de esta institución para frenar los distintos pasos hacia la consulta prevista para 2014.

El 4 de junio deben ser relevados cuatro magistrados del Tribunal Constitucional: Pascual Sala, Ramón Rodríguez Arribas, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps. Los dos primeros nombramientos corresponden al Consejo General del Poder Judicial y los dos segundos al Gobierno. En este momento, aunque las votaciones del tribunal no sigan a veces esa lógica automática, hay mayoría de 7 a 5 a favor del sector progresista y en los últimos meses se han sucedido varios varapalos del Constitucional a recursos del PP presentados en la anterior legislatura, por ejemplo, en la ley sobre el matrimonio homosexual. Por eso es vital para el Gobierno cambiar esa mayoría.

Pascual Sala fue propuesto por la mayoría progresista del Poder Judicial y Pérez Tremps y Aragón por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aragón, no obstante, se ha separado en ocasiones de la mayoría progresista, por ejemplo, en la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña.

En la próxima renovación, el Gobierno nombrará directamente a dos magistrados conservadores y el Consejo del Poder Judicial dividirá los dos suyos. Es decir, que el Constitucional después de la renovación dará un vuelco para pasar a un teórico 7 a 5 a favor del sector conservador, con cambio también del actual presidente, Pascual Sala. En el Poder Judicial ya ha empezado el baile de nombres, aunque la dificultad en este caso es que para la elección se requiere el apoyo de 13 vocales, es decir, es necesario un pacto entre conservadores y progresistas y, además, acuerdos dentro de esos dos grandes grupos que, en este momento, están totalmente divididos. El sector conservador maneja cuatro nombres: Jesús Souto (magistrado emérito del Tribunal Supremo, tras su paso por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia); Santiago Martínez Vares (de la Asociación Profesional de la Magistratura y magistrado emérito de la sala tercera del Supremo); José López García de la Serrana (magistrado de la sala cuarta del Supremo) y Ricardo Enríquez (vicepresidente de la APM). Este último es el candidato más próximo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y, sobre todo, a su secretario de Estado, Fernando Román, y su perfil es el mejor visto por quienes en el Gobierno prefieren posiciones más conservadoras. López García de la Serrana tiene un perfil más dialogante y, por eso, tiene apoyos en un sector relevante del Poder Judicial, aunque minoritario.

Las opciones para la vacante progresista son el ex fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido y los magistrados José Antonio Xiol Rios y Juan Carlos Campo. Conde Pumpido ha podido intervenir como fiscal en algún asunto que tendría que examinar en el Constitucional y que quede pendiente. Campo es magistrado en Cádiz, fue vocal del Poder Judicial, secretario de Estado de Justicia y propuesto por el Parlamento de Andalucía como candidato del Senado para el Constitucional. Estos tres nombres dividen a la mayoría progresista del Consejo, donde ya se ha producido una primera batalla sobre la forma de elección. El presidente del Poder Judicial Gonzalo Moliner intentó limitar los candidatos solo a magistrados del Supremo, pero se le hizo ver que podría discriminar a otros juristas con posibilidad de acceder al tribunal y, además, crearía una polémica añadida a la habitual sobre las funciones de ambas instancias. Al ser rechazada la iniciativa, quiso que los candidatos del Senado fueran los mismos que los propuestos por los parlamentos autonómicos en la anterior legislatura. Ante el nuevo rechazo, propuso abrir desde la web del Consejo un proceso de propuestas con audiencias previas que fue también enterrada por inviable y, finalmente, se mantendrá la capacidad de propuesta de los vocales y la posibilidad de que se presenten candidatos de forma libre, para que sean estudiados en el pleno del Consejo.

El principal problema es la división interna en el Consejo tras episodios como el de la dimisión de Carlos Dívar que, además, está enfrentado al Gobierno con informes demoledores contra sus leyes. Solo Moliner, que fue nombrado presidente en julio, tiene posibilidad legal de mantenerse en el cargo tras la renovación en septiembre.

Respecto al Gobierno, fuentes de La Moncloa mantienen la opción de Enrique López, ahora magistrado de la Audiencia Nacional y exportavoz del Poder Judicial. Su nombre fue propuesto ya por el PP en la anterior legislatura, pero fue rechazado porque no cumplía el tiempo de ejercicio profesional exigible y porque el PSOE le vetó. De hecho, todos los parlamentos autonómicos con mayoría del PP propusieron su nombre al Senado como estrategia para bloquear el proceso. Si fuera uno de los propuestos por el Gobierno, el otro podría ser un catedrático, para cubrir el cupo de representación de este sector.