Los desahuciados miran a Europa

El Tribunal de Justicia de la UE dicta el jueves una sentencia acerca de la ley hipotecaria española

El fallo podría dar un revolcón al sistema de desalojos

Mohamed Aziz, desahuciado cuyo caso ha llegado al Tribunal de Justicia de la UE, frente a su actual vivienda, en Martorell.

La vida podría cambiar para personas como Rosa. Hoy en día, en cuanto alguien deja de pagar un mes la letra de la hipoteca, el banco está facultado para reclamarle el total de la deuda pendiente. Fue lo que le pasó a ella tras tres meses de impago. Hace menos de dos semanas, recibió la carta de su banco. Le reclamaba 211.000 euros de los 240.000 que constituían el préstamo que pidió en 2006. Más de seis años pagando para esto.

Rosa y su marido Julio, ambos de origen peruano, llevan 22 años en España. Su hijo no conoce aún la situación que están atravesando. En enero de 2011, Rosa perdió su trabajo en una empresa de cobros; en marzo, Julio se quedó sin su trabajo de teleoperador. Están pendientes de ver si cumplen los requisitos para poder optar a la dación en pago; pero la expectativa de que todo empiece a cambiar a partir del próximo jueves les trae cierta esperanza. Muy distinta sería su situación si en vez de que les reclamasen ahora el total de la deuda, les reclamaran tan solo lo que han dejado de pagar durante unos meses. “Estaría bien porque supondría quitarse un peso de encima”, dice Rosa. “Ya podría ver cómo arreglar la situación con el banco. Sería más justo. A ver qué pasa”, añade.

La España desahuciada, la que está en trámite de desahucio, los activistas y los simpatizantes de la causa miran con atención, y ansiedad en muchos casos, en dirección a Luxemburgo. El próximo jueves 14, a las 9.30 de la mañana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminará si el marco legal español es compatible con los derechos de los consumidores que consagra la Directiva europea 93/13/EEC. “Si consideran abusivo el vencimiento anticipado [es decir, que tras dejar de pagar, el banco pueda reclamar toda la deuda], todas las reclamaciones con vencimiento anticipado quedarían tocadas”, dice en conversación telefónica desde Barcelona el juez José María Fernández Seijo. “Si el Tribunal entra en ese punto, salta el sistema”.

Fernández Seijo es el juez que está en el origen de la cuestión que se resuelve el jueves. Fue él quien presentó en junio de 2011 ante el Tribunal de Justicia europeo una petición de decisión prejudicial basada en un caso que tenía entre manos en el Juzgado Mercantil de Barcelona, el de Mohamed Aziz, marroquí desahuciado en enero de 2011. Planteaba a las autoridades europeas que evaluasen si con el sistema español se produce una limitación en las posibilidades de defensa del consumidor en las ejecuciones hipotecarias; y preguntaba si no resultan desproporcionados el vencimiento anticipado (anteriormente mencionado) y la aplicación de intereses de demora del 18%.

Hitos del 'caso Aziz'

• El 20 de enero de 2011, Mohammed Aziz es desahuciado de su casa.

• En junio de 2012, el juez José María Fernádez Seijo, tras admitir a trámite la demanda de Aziz, eleva una cuestión prejudicial a Luxemburgo. Plantea que se estudie si el sistema español limita las posibilidades de defensa y oposición en las ejecuciones hipotecarias; pide que se estudie la desproporción que puede suponer que el banco tenga la facultad de reclamar el importe total ante impagos en un periodo limitado de tiempo; y la desproporción de los intereses de demora.

• El 8 de noviembre de 2012, la abogada general del Tribunal de Justicia, Julianne Kokott, emite un informe crítico con el sistema de desahucios español ahondando en lo planteado por el juez español e instando al Tribunal a que se pronuncie.

La cuestión planteada por Fernández Seijo encontró buena entrada en instancias europeas. Tras una vista celebrada en septiembre, la abogada general Juliane Kokott emitió un informe crítico con el sistema español que planteaba la incompatibilidad de cláusulas abusivas de los contratos con los derechos del consumidor. Las conclusiones del abogado o abogada general suelen ser refrendados por el Tribunal de Justicia en la mayoría de los casos, razón por la que fuentes cercanas al caso coinciden en señalar que un veredicto en contra de la legislación española es más que posible. De hecho, el Partido Popular, ante la posibilidad de una sentencia adversa, ha frenado en el Congreso tanto el decreto del Gobierno relativo a los desahucios como la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sobre dación en pago.

“Estamos expectantes, puede ser un empujón importante, aunque sabemos que la sentencia no va a resolver todo el problema”, dice Ada Colau, representante de la PAH de Barcelona que intervino a principios de febrero en el Congreso de los Diputados y reprendió duramente a la clase política por no haber reaccionado a tiempo en este drama que afecta a los más desfavorecidos. “Servirá para paralizar desahucios, pero hay que ir al fondo de la cuestión y cambiar la ley para que recoja la dación en pago, la moratoria de los desahucios y el alquiler social”, señala.

Las implicaciones de una sentencia contraria al marco legal español serían varias. De entrada, los jueces pasarían a disponer de un instrumento para paralizar los desahucios en marcha. Podrían entrar a analizar si los contratos contienen cláusulas abusivas.

En cuanto a los desahucios ya producidos, los expertos señalan que el Tribunal de Justicia no se pronunciará sobre la retroactividad de la medida y que el pronunciamiento será más bien abstracto.

Pero Fernández Seijo concede que, si el dictamen europeo fuera favorable, algunas de las derivadas de esa decisión podrían desembocar en que los desahuciados podrían llegar a regresar a sus casas en el caso de que siguieran vacías; y podrían ser indemnizados si se demostrara que se produjo un perjuicio efectivo. La deuda, en cualquier caso, permanecería; aunque, reducida, si el dictamen coadyuvara a una reducción de los intereses de demora.

La decisión de Luxemburgo podría, en última instancia, forzar un cambio legislativo en la Ley Hipotecaria y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, para armonizarlas con los derechos de los consumidores.

“Yo creo que va a salir favorable”, dice esperanzada Victoria Torres, una de las promotoras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Getafe, a las afueras de Madrid. Torres fue desahuciada en mayo de 2010 y su madre, el 15 de noviembre de 2011. “Entiendo que la gente se suicide porque el proceso de desahucio te genera un estrés que te va comiendo por dentro”, explica.

Asistir un lunes a una de las asambleas que celebra la PAH de Getafe para asesorar a los que van a ser desahuciados es darse de bruces con el drama que encierra la ley española: como el de Maria Antonia Martín, de 47 años, que se compró dos locales para su negocio con el aval de su casa y está a punto de perderlo todo, la vivienda y el lugar de trabajo: “Firmamos la hipoteca cuando se firmaban alegremente, el notario leía muy rápido”; o como el de Fátima Badri, de 61 años, que vive con seis personas de su familia en su casa y a la que le han dado dos meses para desalojar.

La pelota está ahora en un tejado de Luxemburgo. Desde el piso de protección oficial en el que vive desde que fue desahuciado, Mohamed Aziz, el marroquí cuyo caso ha llegado hasta el tribunal europeo, declara, por teléfono: “Estoy nervioso y contento. Espero que salga todo bien por las familias que lo están pasando mal”.

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