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Grupos nacionalistas insisten en debatir la autodeterminación en el Congreso

ERC, AMAIUR y BNG recurren el rechazo de la Mesa a una iniciativa sobre el derecho a decidir El PP votó en contra y PSOE y CIU a favor de permitir el debate

Anabel Díez

¿Por qué la Mesa del Congreso trata de suplir las competencias del Tribunal Constitucional? La respuesta a esta pregunta es la que tratan de dar Amaiur, BNG y ERC en su escrito ante el órgano de gobierno del Congreso para que reconsidere su rechazo a una iniciativa de debate sobre el derecho de autodeterminación de las comunidades vasca, catalana y gallega. La Mesa rechazó admitir una proposición de ley firmada por esos partidos, integrados en el Grupo Mixto, al estimar que incurría en flagrante inconstitucionalidad. No cejan estos grupos ya que si esta petición de reconsideración no se admite, recurrirán ante el Tribunal Constitucional esa decisión. La Mesa rechazó con los votos del PP que la iniciativa pasara el umbral del registro, en tanto que los miembros del PSOE y de CiU se manifestaron a favor de permitir el debate aunque en el caso de los socialistas cuando si se vota ellos lo rechazarán.

Los representantes del PP en la Mesa, incluido su presidente, Jesús Posada, no tuvieron duda de que la proposición de ley de estos tres grupos independentistas implica la reforma constitucional para permitir ese derecho de autodeterminación por lo que no hay lugar para su debate. No lo ven así los recurrentes al estimar que no corresponde a la Mesa del Congreso entrar en la valoración del contenido de las iniciativas y menos juzgar su constitucionalidad. Así lo consideraron los tres representantes socialistas de la Mesa del Congreso y el diputado de CiU que ocupa un lugar en ese órgano, y por supuesto los recurrentes. Mikel Errekondo de Amaiur, Alfred Bosch de ERC y Olaia Fernández Dávila del BNG estiman que la Mesa “se ha extralimitado en sus funciones”, que deberían limitarse a calificar si cumple con los requisitos reglamentos pero no “a prejuzgar el éxito o la oportunidad política de una proposición de ley”.

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Todos los argumentos giran en torno a las funciones de la Mesa además del recordatorio del proceso parlamentario habitual, que incluye la modificación que se puede producir en una iniciativa como fruto del debate, el diálogo y el pacto entre grupos. De los contenidos, por tanto, se ocupa el pleno del Congreso y no la Mesa, insisten estos portavoces nacionalistas, que “los pueden ajustar a la Constitución”, por ejemplo, con la utilización de los mecanismos que ofrece la Ley de Leyes para modificarla. Ahora no cabe en absoluto el derecho a la autodeterminación pero estos grupos nacionalistas parten de un listón muy alto que bien podría rebajarse. Todos los argumentos que han encontrado estos tres partidos han sido vertidos en su escrito a la Mesa para que reconsidere su negativa. Entre ellos están las apreciaciones del propio Tribunal Constitucional que avalan la tesis de que la Mesa del Congreso no debe entrar en el contenido de las iniciativas que se presentan.

La falta de unanimidad de la Mesa es el último de los argumentos de estos tres partidos vasco, catalán y gallego, que abogan por discutir en el Congreso el derecho de autodeterminación. Si la Mesa lo vuelve a rechazar irán al Tribunal Constitucional, aunque no abandonan la vía parlamentaria para intentar que haya debate. Estos representantes recuerdan los muchos avatares que pasó el llamado “Plan Ibarretxe”, que debe el nombre al exlehendakari Juan José Ibarretxe y que pretendía un pacto para que se permitiera a los vascos mostrar sus preferencias sobre permanecer dentro de España o con alguna vinculación pero como país con propia identidad jurídica. La iniciativa llegó al Congreso, la defendió el propio Ibarretxe, se debatió y, finalmente, se rechazó.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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