Política

El Supremo revoca casi la mitad de las sanciones del Consejo a los jueces

Algunos magistrados emplean argucias para que caduquen sus expedientes

Pío Aguirre, vocal del CGPJ.

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo revocó en 2012, total o parcialmente, el 42% de las sanciones que impuso a jueces el Consejo del Poder Judicial, según un informe del órgano de gobierno de los más de 5.100 jueces españoles. Este mismo informe revela que el Poder Judicial incoó el año pasado 46 expedientes disciplinarios (11 menos que en 2011) y que resolvió 57 (algunos provenientes de 2010). De esos 57 expedientes, solo 29 derivaron en sanción; y 23 de ellos fueron contra jueces que injustificadamente retrasaron causas en sus juzgados. La sanción más grave de las impuestas el año pasado fue una suspensión de funciones durante siete meses a un magistrado de la Audiencia Nacional por dictar sentencias con excesiva demora. También por retrasos en sus causas fue trasladado de juzgado un magistrado de Valencia. A otros se les impusieron multas, que oscilaron entre 301 y 2.400 euros, siempre según este informe

Pero algunas de estas sanciones luego quedan en nada. El motivo mayoritario que esgrime el Supremo para revocar sanciones que impone el Poder Judicial es la caducidad de la acción; es decir, que el desarrollo del expediente excedió del plazo de seis meses que establece el reglamento del Consejo para su tramitación. Conscientes de que la caducidad puede dejar en agua de borrajas un expediente, algunos jueces investigados emplean triquiñuelas (se dan de baja laboral y simulan que no han recibido las notificaciones, o recusan al instructor, o este está tan atareado en su juzgado que se pasa el plazo) y logran que el plazo caduque. La Comisión Disciplinaria del Consejo, que preside el magistrado y vocal de este órgano Pío Aguirre, suele prorrogar el plazo otros tres meses cuando estima que el investigado buscó con mala fe la caducidad. Sin embargo, el Supremo tumba muchas veces esa prórroga y revoca.

El Poder Judicial castigó el año pasado a 29 jueces, 10 más que en 2011

No gusta en el Poder Judicial que el alto tribunal rectifique sus decisiones. Y se están estudiando fórmulas alternativas. Una de ellas sería modificar el reglamento y ampliar el plazo a nueve meses o un año. Y otra, crear un cuerpo de letrados del propio Consejo que instruyan los expedientes disciplinarios. Cuando un juez es denunciado, lo habitual es abrir una información previa que más tarde, si hay indicios sólidos, la comisión traduce en un expediente disciplinario. Y designa a un instructor, que debe ser de mayor rango jerárquico que el investigado. Muchas demoras que propician la caducidad se producen precisamente durante esa instrucción, ya que algunos instructores están sobrecargados de trabajo y no le dedican suficiente atención, o bien se topan con las citadas triquiñuelas y se les pasa el plazo.

Aun así, el Supremo suele validar un 60% de las sanciones que impone la comisión disciplinaria o el propio pleno si es muy grave el asunto. En 2012, el alto tribunal desestimó mediante sentencia 35 recursos de jueces sancionados y admitió, total o parcialmente, 15 de ellos. La estimación parcial consiste en que si el Consejo calificó el hecho de, por ejemplo, muy grave, en dejarlo en grave; y si la multa fue de 3.000 euros, dejarla en la mitad.

Según este informe, la comisión disciplinaria se reunió en 22 ocasiones a lo largo de 2012. En esos encuentros se adoptaron 939 decisiones sobre conductas de jueces. Un 55% de esas informaciones previas incoadas lo fueron por denuncias de justiciables que se quejaban “de retrasos” en la tramitación de sus causas o pleitos. “Estos retrasos responden generalmente a deficiencias estructurales de los órganos jurisdiccionales o a cuestiones relativas a la organización y funcionamiento de la ofician judicial, lo que determina el archivo del caso al no afectar a la responsabilidad de jueces y fiscales”. El Consejo, cuando advierte que los retrasos obedecen a falta de medios, lo comunica a la Administración competente.

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Periodista de investigación de EL PAÍS

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