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hacia el final de la violencia

Interior no se plantea el repliegue de la Policía y la Guardia Civil en el País Vasco

Fernández insiste en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad seguirán actuando contra ETA

Foto: atlas | Vídeo: VIDEO: ATLAS
Fernando J. Pérez

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado esta mañana que “el Gobierno no se plantea en ningún caso el repliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el País Vasco”, como le ha reclamado el ejecutivo del lehendakari Íñigo Urkullu tras el cese definitivo de la actividad terrorista de ETA. El titular de Interior se ha reunido en la sede del ministerio con la consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, para tratar de los asuntos que competen a ambos departamentos.

“Sabemos la posición del Gobierno Vasco y el Gobierno Vasco conoce la nuestra. El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil tienen sus competencias y eso exige el despliegue en todo el territorio nacional”, ha asegurado Fernández Díaz. El ministro ha insistido en que la próxima junta de seguridad del País Vasco -que reúne a responsables de Interior y del Gobierno autónomo- se reunirá “no para hablar del repliegue, sino para buscar una mayor coordinación” entre las Fuerzas del Seguridad del Estado y la Ertzaintza.

La conferencia de prensa que han celebrado ambos responsables políticos ha estado casi monopolizada por la situación tras el cese de la violencia de ETA y la expulsión de Noruega de los dirigentes de la banda terrorista tras el estancamiento de los contactos con la Comisión Internacional de Verificación, el grupo de expertos en resolución de conflictos armados. Fernández Díaz no se ha movido un milímetro de la doctrina del Ministerio: “Tras la derrota, ETA tiene que disolverse, y el Gobierno seguirá actuando contra ella con la solidaridad de sus socios y aliados europeos. En la Unión Europea no caben santuarios para terroristas”, ha asegurado el ministro, que ha reclamado “discreción y prudencia” sobre los movimientos para el fin de la banda.

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Después de que el pasado febrero Noruega expulsara a los jefes etarras Josu Ternera, David Pla e Iratxe Sorzabal, el titular de Interior ha negado que existan “espacios de impunidad” para los terroristas. “Cualquier persona que tenga causas con la justicia y sea localizado, será detenido y puesto a disposición judicial esté donde esté. El Estado de derecho no está en suspenso”, ha remachado.

Sobre los mecanismos de reinserción de presos terroristas, prácticamente paralizados en los últimos meses, Fernández Díaz ha sido tajante: “La disolución de ETA facilitaría la reinserción, ya que se acabaría con la coacción que impide a muchos presos acogerse a los programas de reinserción”.

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Además del despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado, el ministro también ha defendido la pervivencia de la Audiencia Nacional, cuya disolución también se ha planteado en diferentes ámbitos políticos, y también judiciales, tras el fin de las actividades terroristas de ETA. “Como ministro, mientras ETA no se disuelva, tiene todo el sentido del mundo la existencia de un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y Juzgados Centrales de Instrucción especializados en terrorismo. El día en que ETA se disuelva quizá podamos hablar en otros términos”, ha señalado.

Por su parte, la consejera vasca Beltrán de Heredia ha defendido el repliegue de la Guardia Civil en su comunidad. “En Euskadi vivimos una etapa nueva y una situación de oportunidad muy esperanzadora. Las policías tienen obligación de adecuarse a esa situación”, ha afirmado la responsable de Seguridad, que ha calificado el repliegue como una “optimización de recursos”.

En cualquier caso, los gobiernos central y vasco mantienen posiciones similares ante ETA: “Para el Gobierno vasco, la exigencia a ETA es que anuncie ya su disolución. Ya no caben más caminos y es hora de que se dé ese paso”, ha reclamado Beltrán de Heredia.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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