La Zarzuela se salva de la huelga de trabajadores de Patrimonio Nacional

Los empleados protestan contra el cambio unilateral del convenio

La movilización no afectará a La Zarzuela

El personal laboral afectado amenaza con más protestas coincidiendo con actos oficiales

Una imagen de la Pascual militar de 2012, en el Palacio Real. / ÁLVARO GARCÍA

El personal laboral de Patrimonio Nacional está llamado a la huelga los próximos días 28 y 29 de marzo, Jueves y Viernes Santo, para protestar “contra el cambio unilateral” de las condiciones laborales, según informó este miércoles el CSI-F, el sindicato que respalda los paros. Patrimonio Nacional ha precisado que la convocatoria se dejará sentir en los museos pero no va a afectar a sus trabajadores que están en la Zarzuela, la residencia de la Familia Real.

 “La razón de la huelga es dar a conocer públicamente los recortes salariales y las modificaciones sustanciales en la jornada laboral y los horarios”, concretó el sindicato en el documento en el que informó de la movilización a la Delegación del Gobierno de Madrid, que es la primera comunidad en la que se ha puesto en marcha la movilización.

Los trabajadores de Patrimonio Nacional ya protestaron contra el empeoramiento de sus condiciones laborales el 6 de enero con una manifestación ante el Palacio Real coincidiendo con la celebración de la Pascua Militar. Ahora, con vistas a las negociaciones sobre el nuevo convenio colectivo que se están llevando a cabo, el CSI-F, uno de los cinco sindicatos que componen el comité de empresa, ha optado por convocar la huelga.

Según las cifras que maneja esta central sindical, el paro podrá ser secundado por 500 de las 1.200 personas que componen el personal laboral de la entidad pública, ya que está convocada para dos días festivos. En estas jornadas la actividad se reduce mucho y se reduce prácticamente a los museos, donde el CSI-F asegura que tiene una mayor representación.

Asimismo, Patrimonio Nacional matizó que otros tres sindicatos, UGT, Comisiones Obreras y USO, alcanzaron un principio de acuerdo en las negociaciones del convenio. También recordaron que los cambios en las condiciones laborales que denuncia el CSI-F se derivan de la imposición por parte del Gobierno de la jornada laboral de 37,5 horas semanales “para todo el sector público”.

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Periodista de EL PAÍS

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