Política
EL ÓRDAGO SOBERANISTA CATALÁN

Gallardón respalda que se forzara la dimisión del fiscal de Cataluña

El ministro alega que el Poder Judicial no puede intervenir en el debate político

Justicia interpreta que Rodríguez Sol “censuró” el recurso del Gobierno

Alberto Ruiz-Gallardón y Eduardo Torres-Dulce. / ULY MARTÍN

Sin decirlo expresamente, el Gobierno respaldó este miércoles la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de forzar la dimisión de Martín Rodríguez Sol como fiscal superior en Cataluña, después de que este defendiera como legítima una consulta de autodeterminación. Rodríguez Sol dimitió el martes, a las 24 horas de que Torres-Dulce —que es independiente del Gobierno pero nombrado por él— le abriera un expediente de remoción.

“No es un problema de limitar la libertad de expresión”, dijo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, durante una entrevista en RNE. “Pero es verdad que jueces y fiscales tienen una serie de limitaciones que no tiene el resto de los ciudadanos. Y eso es precisamente en garantía de su función, porque, si un juez o un fiscal participa en un debate de carácter político en el que después puede tener que intervenir, queda absolutamente contaminado”. Según el ministro, Rodríguez Sol se situó “fuera del papel que le corresponde al ministerio fiscal” cuando, en una entrevista con Europa Press el pasado domingo, abogó por crear una cobertura legal para poder celebrar una consulta soberanista en Cataluña.

“Al pueblo hay que darle la posibilidad de expresar lo que quiere”, había dicho el fiscal, quien, tras admitir que en este momento la ley no autoriza una consulta, añadía: “Existen otras alternativas, y una es utilizar la ley de consultas con preguntas de otro estilo y aquí es donde se puede posiblemente jugar [...] Si no hay solución en Madrid hay que ver qué ámbito de competencias nos queda y qué se puede hacer a través de una ley de consultas”. Rodríguez Sol —que fue portavoz de la Asociación de Fiscales, de perfil conservador— matizaría más tarde sus palabras, asegurando que él comparte y acata el actual marco legal, pero ya no pudo evitar que Torres-Dulce le abriera expediente.

Ruiz-Gallardón insistió en que, para garantizar la “independencia” y la “objetividad”, la ley del Poder Judicial y el Estatuto Fiscal “les dice a jueces y fiscales: ustedes no pueden intervenir en el debate político, ustedes tienen que abstenerse”. “El contenido de las declaraciones [de Rodríguez Sol] no es lo importante. Lo importante es que [jueces y fiscales] saben que, precisamente porque ellos pueden ser convocados a dirimir el conflicto último, se tienen que abstener de participar en ese debate. En este caso no se produjo esa actitud de abstención, se produjo la participación, y es por lo que el fiscal general abrió el expediente”, concluyó.

El Estatuto del Ministerio Fiscal no prohíbe expresamente a los fiscales intervenir en debates políticos, aunque sí señala, en su exposición de motivos, que serán sancionadas “aquellas conductas que puedan poner en peligro la imparcialidad del fiscal por la participación en actos de naturaleza política”. Más adelante, el artículo 63 sanciona como falta grave el hecho de “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos”.

Fuentes del Ministerio de Justicia interpretan que las declaraciones de Rodríguez Sol a favor de la consulta soberanista pueden entenderse como una “censura” al Gobierno porque se produjeron apenas dos días después de que el Ejecutivo anunciara que impugnará la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña en la que se pide esa consulta. Torres-Dulce no llegó a especificar la razón del expediente de remoción; la Unión Progresista de Fiscales le pidió que lo haga.

UPyD pide a Torres-Dulce que abra un expediente al fiscal superior del País Vasco

La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha exigido este miércoles al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que abra también un expediente al fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, por pedir que se aplique la ley a los etarras atendiendo a la nueva realidad social.

Díez considera una "vergüenza", además de un "escándalo", que un fiscal trate de "encontrar atajos" al cumplimiento de las leyes o se permita "interpretarlas a beneficio de un criterio político partidario", en vez de velar por el Estado de Derecho y la aplicación estricta de las normas. "Es el colmo", ha enfatizado.

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