Política

Torres-Dulce acepta la renuncia del fiscal que respaldó una consulta legal

El fiscal general logra la marcha de Rodríguez Sol en apenas 48 horas

Martínez Sol, a la salida de la Fiscalía General. SAMUEL SÁNCHEZ / ATLAS

No hizo falta finalmente que concluyera el expediente de remoción que había iniciado el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, contra él. Fue el propio afectado, el fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, quien entregó voluntariamente su cargo al que lo había nombrado hace menos de un año, y que se aprestó a aceptar su dimisión. La renuncia se produjo a pesar de que el conservador Rodríguez Sol llevaba dos días dando explicaciones sobre unas polémicas declaraciones que fueron interpretadas como un respaldo a la consulta soberanista pero sobre las que él aseguraba que no suponían ningún apoyo “directo o indirecto” a un proyecto secesionista en Cataluña.

Su matización no convenció, se inició el proceso de destitución y Rodríguez Sol viajó en la tarde de este martes a Madrid para hablar con Torres-Dulce. Insistió en que su actuación siempre se ha basado en la “lealtad” y en el respeto a la ley. Pero “en esta carrera y en esta situación la confianza es un elemento esencial”, dijo a los periodistas. Ya había comunicado su renuncia al fiscal general del Estado.

El viaje a Madrid desde Barcelona formaba parte del obligado trámite de audiencia al interesado dentro del proceso de remoción abierto, y se reunió con el fiscal general y con el jefe de la inspección, Alfonso Aya. El fiscal superior de Cataluña debió pensar que si sus palabras habían provocado tal malestar en la Fiscalía General del Estado, los mismos que le habían concedido la confianza de ese cargo y los mismos que se la iban a quitar, lo mejor era dejar en sus manos su continuidad en el mismo en vez de proseguir con el doloroso proceso de cese que incluía un dictamen no vinculante del Consejo Fiscal y una decisión final de Torres-Dulce y del Gobierno. Rodríguez Sol, de marcado talante conservador, facilitaba las cosas al Gobierno con su renuncia, evitando que el debate público —tanto político como jurídico— suscitado por la decisión de Torres-Dulce de cesarlo siguiera abierto aún varios días más. La dimisión no se hará efectiva de inmediato.

Es la primera vez que un fiscal general promueve la destitución de un fiscal superior de una autonomía —figura que existe desde 2007— y la segunda en que se lleva a cabo la remoción de un cargo fiscal tras la de José Aranda en 1997, entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

¿Cuáles fueron las palabras que han provocado este insólito expediente de remoción? Rodríguez Sol, en una entrevista concedida este domingo a la agencia Europa Press, dos días después de que el Gobierno tramitara el recurso ante el Tribunal Constitucional de la declaración soberanista, aseguró que consideraba legítimo aspirar a una consulta en Cataluña, pero añadió que en estos momentos “no existe un marco legal que permita un referéndum sobre la independencia”. Por ello, apostó por buscar alternativas dentro de la ley como “utilizar la ley de consultas con preguntas de otro estilo”. “Aquí es donde se puede posiblemente jugar”, añadió. “Hay un marco legal muy concreto y, a la vez, hay que intentar conectarlo con una realidad social de una parte importante de la población de Cataluña que cree que es mejor para Cataluña otro modelo (...) Si no hay solución en Madrid hay que ver qué ámbito de competencias nos quedan y qué se puede hacer a través de una ley de consultas”.

Tras estas declaraciones, y para tratar de apaciguar el revuelo, emitió al día siguiente un comunicado asegurando que sus comentarios se limitaban a plantear “distintas posibilidades que corresponderá desarrollar al poder legislativo” y que dentro del actual marco legal, “que comparte, respeta y acata” no es posible un referéndum de independencia.

Rodríguez Sol defendió que se trataba tan solo de una opinión jurídica sobre un problema político de primera magnitud en Cataluña. El fiscal del Estado, sin embargo, consideró que se trataba de unas manifestaciones que ponían en peligro la necesaria imparcialidad y neutralidad del Ministerio Público, impropias de un cargo de su confianza. Detrás había otros encontronazos previos como las diligencias abiertas por Rodríguez Sol después de que el diario El Mundo publicara una información basada en un supuesto borrador policial sobre la existencia de cuentas en Suiza de Mas y Pujol en plena campaña.

A lo largo de todo el día, distintas asociaciones de jueces y fiscales salieron en defensa de la libertad de expresión del fiscal superior de Cataluña. Las progresistas —a pesar de que el afectado fue presidente varios años de la conservadora Asociación de Fiscales— se pronunciaron mucho más abiertamente en contra del expediente de destitución.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) seguía pidiendo este martes por la noche una explicación sobre lo ocurrido. “No vamos a meternos en una dimisión, que es una decisión personal, pero seguimos queriendo saber cuáles eran las razones para el cese que se pretendía”, señala su portavoz, María Moretó. “Aunque un fiscal superior sea un cargo de confianza, pasa unos filtros, se lo nombra por su competencia para el cargo, su elección pasa por el Consejo Fiscal... Pedimos más transparencia en esta decisión. Es necesario por la seguridad jurídica de todos, para que sepamos a qué atenernos”.

Montoro ofrece diálogo

CARLOS E. CUÉ

La situación política entre el Gobierno central y la Generalitat catalana es cada vez más tensa, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy está muy interesado en mantener la imagen de que si la ruptura llega no será por culpa suya. El presidente no dijo este martes una palabra sobre el asunto en el Senado, pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el que más contacto tiene con la Generalitat porque esta necesita la ayuda financiera del fondo de rescate, aseguró que la impugnación al Tribunal Constitucional de la declaración de soberanía “no es obstáculo para mantener el diálogo” entre la Generalitat y el Gobierno.

El senador de CiU Josep Lluís Cleries sostuvo que el Ejecutivo somete a Cataluña a una “asfixia fiscal, social, de la identidad lingüística y cultural, competencial y de autogobierno”. Montoro se revolvió. Si el Gobierno está presionando para que Cataluña haga más recortes, dijo, es para hacer “viable” el Estado autonómico y poder financiarlo. Es la única instrucción de Rajoy, explicó, por lo que rechazó el “discurso victimista” de los nacionalistas catalanes y ofreció diálogo.

 

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