Amenazas y argumentos
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas amanece cada día insinuando amenazas. Una mañana, la del 27 de febrero, dice en el Congreso a sus adversarios políticos que los grupos políticos de la Cámara deberían pagar también sus impuestos, dando a entender que incumplen esa obligación. Otra, el 19 de febrero, señala en el Senado a los actores que fueron críticos en la entrega de los premios Goya equiparándoles a Depardieu por no pagar impuestos en España y mezclando en el barullo el comportamiento de patriotas tan indiscutidos como Julio Iglesias. Otra, el 23 de enero en la Comisión de Hacienda del Congreso, acusa de ruindad al interpelante, Pedro Saura, diputado del Partido Socialista por Murcia, quien le pregunta si ha cobrado en B cantidades distribuidas en los sobres de Bárcenas, y en su defensa alega que su declaración de la renta está publicada en la página web del Congreso, mientras que tal vez a otros les falten elementos de esa declaración. Otra más, el 12 de diciembre en el Congreso, la emprende contra los medios de comunicación a los que les gusta o les enardece este tipo de medidas (las referidas a los contratos blindados) a los que reprocha dar tantas lecciones de ética a través de editoriales, cuando lo que tienen que hacer es pagar religiosamente los impuestos en los plazos pertinentes, es decir, que para el ministro la situación precaria o ruinosa de un medio le obligaría a permanecer en silencio, o mejor, al aplauso permanente al Gobierno. Eso sí, el ministro Cristóbal Montoro se abstiene en todas las ocasiones de precisar con exactitud a quién acusa y recuerda así al humorista Miguel Gila cuando contaba que, llamado a comparecer en la escena de uno de los crímenes de Jack el destripador, se había limitado a decir: “Aquí alguien ha matado a alguien y no me gusta señalar”.
El caso es que el ministro parece haberse olvidado desde su regreso al Gobierno de la famosa curva de Laffer, su referencia predilecta con la que anduvo dándonos la matraca tantos años, insistiendo en que la forma de incrementar la recaudación fiscal era disminuir los impuestos. Ahora, después de subirlos, prefiere defenderse de las críticas dando a entender que dispone de información reservada de la Agencia Tributaria con la que amedrentar y silenciar a sus adversarios. Pero esa información es indisponible para el ministro y demás autoridades del ministerio. Porque la Agencia Tributaria tiene normas muy estrictas de procedimiento y en absoluto puede ser interferida por el titular del departamento, de acuerdo con lo prescrito por la Ley General Tributaria en particular en su artículo 95. Parece que volvemos a las andadas como cuando el caso Gescartera en los años del aznarato, cuando los responsables de la citada Agencia ofrecieron tan escandaloso y deplorable comportamiento.
Al ministro de Hacienda más le valiera interesarse por lo que sucede en el ‘caso Gürtel-Bárcenas’
Pero, como señalaba el impar José María Pemán en su obra El divino impaciente, vuelve a suceder en nuestros días que “mientras se despeña el río, se está secando la huerta”. De manera que al ministro más le valiera proceder por el método de aproximaciones sucesivas y, sin salir del banco azul, mirar en derredor a los compañeros del PP con quienes lo comparte e interesarse por lo que sucede en el caso Gürtel-Bárcenas. Porque asombra, por ejemplo, su falta de curiosidad sobre el origen y destino de los 38 millones de euros afanados por el exgerente y extesorero y en comandita con su predecesor, Álvaro Lapuerta, según acta de manifestaciones ante notario y posterior confesión del primer interesado ante el juez Ruz. Unos millones que fueron puestos en su día a buen recaudo en sus cuentas de Suiza, blanqueadas después, con arreglo a las facilidades de la amnistía fiscal ad hoc ofrecida por el Ministerio de Hacienda en tiempo útil.
Mientras, el compañero Luis Bárcenas —al que tantos elogios prodigó Mariano Rajoy, de quien dijo que nunca habría pruebas que le condenaran, convertido en el innombrable— solo es aludido para negar que tenga cargo alguno desde hace años en el PP, pero se averigua que ha seguido cobrando 21.300 euros al mes hasta finales de enero. Las demandas pregonadas contra él siguen sin presentarse, pero a la inversa Bárcenas mantiene el pulso y presenta las suyas ante el juez por despido improcedente y por robo de dos ordenadores de su despacho de Génova. Entre tanto, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, farfulla excusas ininteligibles, a base de indemnizaciones diferidas y simulaciones varias, que han hecho reír a las cigüeñas y a los espectadores del espacio televisivo El Intermedio, de la Sexta, donde todavía puede encontrarse el momento Génova, muy superior al de las empanadillas de Encarna que encumbró a Martes y Trece.
