Política
'caso urdangarin'

El juez inicia el embargo de las cuentas de Urdangarin

Castro pide datos sobre si los duques usaron la amnistía fiscal

El juez de Palma, José Castro, que investiga desde hace más de dos años el caso Urdangarin, dio el martes un paso más hacia la recta final de la instrucción. Avanzó para proceder al embargo del patrimonio de los imputados y reclamó a la Agencia Tributaria el listado de cuentas bancarias, activos financieros, depósitos y fondos de inversión del yerno del Rey y de su exsocio, Diego Torres. Ambos, imputados por supuesta corrupción, no afrontaron en el plazo marcado la fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros que se dictó sobre ellos, de manera solidaria. Los dos ex aliados en el Instituto Nóos habían aportado ya al juzgado la relación de sus propiedades inmobiliarias, susceptibles del embargo.

El instructor, en sintonía con el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, fijó la fianza civil. Ambos suponen, inicialmente, que Urdangarin y Torres deben ser juzgados por malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental y mercantil, fraude a la Administración, tráfico de influencias, cuatro delitos fiscales y blanqueo de capitales. Las responsabilidades penales las decidirá la Audiencia de Palma.

Con su petición a la Agencia Tributaria, Castro trata de asegurar un depósito de fondos que garantice, en el caso de una condena de culpabilidad, la eventual exigencia a los sospechosos de negocios sucios de sus responsabilidades pecuniarias (más la multa), con el retorno de los fondos públicos malversados de las instituciones que les contrataron. El Gobierno de Baleares de Jaume Matas, la Generalitat Valenciana de Francisco Camps y el Ayuntamiento de Valencia de Rita Barberá, todos del PP, cerraron acuerdos con Nóos por valor de 5,8 millones de euros en convenios y contratos bajo sospecha. Al margen, el juez tiene ya bloqueados en un banco de Luxemburgo 960.000 euros en una cuenta propiedad de Diego Torres y su esposa e imputada Ana María Tejeiro.

En relación con los supuestos activos opacos de Iñaki Urdangarin, el juez sigue indagando la posible conexión de distintos testaferros con sus negocios y sus cuentas. Está pendiente la resolución de una comisión rogatoria ante las autoridades judiciales de Suiza, donde se ubicó una operación de cobro de trabajos de Aguas de Valencia que Urdangarin contrató. Al menos siete participantes en cadena, supuestos colaboradores, comisionistas u hombres de paja, están identificados.

El juez Castro, además, asumió una petición efectuada por la acusación popular en el caso Urdangarin, la del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, y solicitó a la Agencia Tributaria que le informe si los duques de Palma, Iñaki Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina de Borbón, y las empresas de ambos se acogieron a las medidas de amnistía fiscal del Gobierno. El abogado de Urdangarin, Mario Pascual, señaló ayer mismo —posiblemente antes de conocer la acción del juez— que los duques no se acogieron “en absoluto” a la amnistía fiscal.

El secretario de las infantas y extesorero de Nóos, entre 2003 y 2006, Carlos García Revenga, imputado en la causa, también es objeto de esta investigación sobre eventuales fondos ubicados en el exterior, así como Diego Torres y Ana María Tejeiro. El integrante del equipo de la Casa del Rey desde hace 20 años, García Revenga, aseguró que nunca percibió fondos de Nóos ni conoció su actividad económica, a pesar de su condición de tesorero. Al estallar el caso, supo que Nóos movió mucho dinero, según explicó al juez en su interrogatorio del día 23 de febrero.

El letrado de Urdangarin eludió comentar la acusación formulada por el fiscal Pedro Horrach en su interrogatorio sobre los delitos fiscales. Horrach no cree que los empleados del servicio doméstico, contratados por Aizóon actuasen como asesores de los trabajos del duque en los consejos de administración. Para no pagar los impuestos, según Hacienda y el fiscal, Urdangarin fingió gastos empresariales en la declaración y dijo que los empleados, sin competencia profesional, le recogían informes de internet. La fiscalía atribuye a Urdangarin y a su exsocio un delito contra la Hacienda Pública por el impago del Impuesto de Sociedades y al yerno del Rey, además, dos por el de la renta. El esposo de la infanta es sospechoso de haber defraudado cerca de medio millón, entre 2007 y 2008.

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