Los Gobiernos central y catalán chocan por el control del ‘caso del espionaje’

La investigación sobre el espionaje político en Cataluña ha profundizado el abismo político que el informe apócrifo de la UDEF sobre Artur Mas y la familia Pujol había abierto entre los Gobiernos central y autónomo. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el consejero catalán del ramo, Ramón Espadaler, escenificaron la brecha ayer con palabras amables pero duras al término de una reunión teóricamente protocolaria en Madrid. No se pusieron de acuerdo en nada, pero el encuentro sirvió para algo: para demostrar “la perplejidad” de la Generalitat por la “celeridad” con que la Policía Nacional ha actuado en el caso del espionaje y le ha levantado el caso a los Mossos frente a la “excesiva lentitud” con que esa misma policía se ha tomado el cometido de aclarar quién elaboró y sacó a la luz el informe de la UDEF en plena campaña de las elecciones catalanas.

Fernández Díaz defendió sin matices que, en apenas unos días, la policía haya investigado y golpeado la supuesta trama de espionaje en Cataluña (“no ha habido ninguna queja ni del juez ni del fiscal”, subrayó) y anunció que del informe de la UDEF no hablará hasta marzo, cuando le toque comparecer ante el Congreso. Es decir, que dará las explicaciones cinco meses después de que el famoso texto sin firma enturbiara del desarrollo de la campaña para las elecciones catalanas. Negó, en cualquier caso, que haya juego sucio por parte de Interior frente al desafío soberanista catalán, como afirmó domingo Artur Mas, presidente de la Generalitat. “Todos jugamos limpio, sobre todo los que velamos por la seguridad del ciudadano”, afirmó el ministro. Dicho lo cual, abandonó la sala de la rueda de prensa y dejó solo al consejero catalán. Un escenario insólito en esa casa.

Espadaler fue claro. El “desencuentro” entre ambos departamentos de Interior es “profundo”; las “tensiones” se han agudizado por el caso del espionaje y “no hay acuerdo” sobre cómo se ha abordado el asunto (“ha habido un interés explícito de apartar a los Mossos de esta investigación”) y el del informe de la UDEF. “Hay una voluntad política de que ambos asuntos lleven distinto ritmo”, dijo el consejero, quien resumió en poco el resultado de la reunión: “Hemos radiografiado los desencuentros y no hemos logrado ningún resultado. Siguen los desacuerdos, hay desencuentros, mantenemos las distancias”.

Por otro lado, Xavier Martorell, el dirigente de Convergència Democrática que encargó trabajos a Método 3 pese a haberlo negado públicamente, esquivó ayer las peticiones de dimisión que le han llegado por tierra mar y aire. Martorell, secretario de Servicios Penitenciarios de la Generalitat y presidente de CDC en Sant Cugat (Barcelona) está dispuesto a dimitir de sus cargos en el partido, pero quiere administrar sus propios tiempos. En este sentido, él mismo se encargó de aplazar hasta la próxima semana la reunión de la dirección local del partido en la que debía debatirse su renuncia. Martorell, hombre de confianza del Consejero de Justicia Germà Gordó, se siente cabeza de turco por todos los casos de corrupción que salpican a Convergència, comenzando por el de las ITV que afecta directamente a Oriol Pujol, número dos del partido.

El aplazamiento de la dimisión de Martorell se vive dentro del partido como un nuevo episodio de la batalla intestina que mantienen desde hace tiempo Germà Gordó y el consejero de Presidencia, Francesc Homs. Los dos son muy cercanos al presidente catalán pero su rivalidad ha ido en aumento los últimos meses. Fuentes de la dirección de CiU mantienen que Martorell está siendo víctima de una “caza de brujas interna” por parte de los que quieren desviar la atención de la posible imputación de Oriol Pujol por el caso de las ITV, el caso de corrupción más grave de los que afecta a Convergència en estos momentos. Martorell intentará mantenerse como secretario de Servicios Penitenciarios. Esto motivó ayer numerosas críticas por parte de todos los partidos, que no entienden por qué se plantea dimitir de los cargos de partido y no de los de Gobierno.

Salvo los socialistas, la mayoría de partidos exigieron a Martorell que renuncie de forma inmediata a su cargo público. Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP, fue la más vehemente y calificó de “paripé” que Martorell solo planee dejar su puesto en Convergència. “Recuerdo que este señor fue durante siete años máximo responsable de los Mossos d'Esquadra”, subrayó, muy dolida por estar en el centro del huracán de las escuchas desde que trascendió que fue registrada su conversación con Victoria Álvarez, la examante de Jordi Pujol Ferrusola, en una comida el 9 de julio de 2010. Sánchez-Camacho ha confirmado ante la Policía que es su voz la que aparece en la grabación y ha dado un paso más en su batalla judicial para desenmascarar la trama: ayer se personó como acusación particular en la denuncia que presentó el PP en la Jefatura de Policía el 13 de febrero.