Política

Los detectives pisaron la mina de los partidos

Los casos Pitiusa y Método 3 llegan a los juzgados cuando se toca a políticos

Método 3 sufría exceso de marketing.Tal era la obsesión de su director, Francisco Marco, por publicitar los presuntos éxitos de su agencia, que a alguien se le escapó el pinchazo a un responsable político, en este caso a Alicia Sánchez Camacho en medio de los escándalos de corrupción en Cataluña. Lo que hacía o dejaba de hacer Método 3 era sobradamente conocido en el sector, así como sus colaboraciones con algunos medios de comunicación. Su problema fue no cuidar las formas con la política.Su forma de operar estaba extendida. Desde 1995 ha sido sancionada en cuatro ocasiones por Interior, que tiene la potestad de inspeccionar las agencias (habrá unas 2.700 licencias de detectives en España, unas 1.800 operativas). Algo tan sencillo como echarle un vistazo al registro de clientes está al alcance de la comisaría de seguridad privada, por lo que no haría falta haber hecho tanto ruido para saber quien encargaba trabajos a Método 3.

Los gestores de la agencia han estado imputados por escuchas telefónicas ilegales, empezando por la fundadora, Marita Fernández Lado, a la sazón madre de Francisco Marco. De Marita hablan bien muchos profesionales, no así de su hijo, que alcanzó el cénit de la celebridad en 2007 cuando manifestó haber sido contratado por el matrimonio McCann para buscar a los raptores de su hija Madeleine. Unos meses antes, Método 3 se atribuyó el éxito de haber localizado vivo y coleando al espía Francisco Paesa en París, dado por muerto tiempo atrás. Entonces, afirmaba tener 40 empleados y facturar unos cuatro millones.

¿Investigaba Método 3 o espiaba? Esa parece ser la frontera en la que se mueven estos profesionales. “Parece que una investigación se convierte en espionaje cuando se toca a los políticos”, explica el detective Agustín Ruiz, “cuando es lícito que se investigue a un político, por ejemplo cuando un empresario piensa que puede estar en connivencia con un competidor”. Detectives consultados ponen el ejemplo del seguimiento hecho a Ignacio González cuando era vicepresidente de la Comunidad de Madrid y encargado por empresarios. Todos dudan de las versiones que están circulando sobre el caso: “Una conversación no se pincha sin una connivencia con alguno de los actores de la entrevista o con personal del restaurante”. También sorprende que un responsable político encargue una investigación sin utilizar una persona o una empresa interpuesta.

Todo puede valer si se respeta la deontología. Pero no todo vale, parece ser, si el afectado es un político. Después de Pitiusa y Método 3, el temor de las agencias es que la nueva ley de seguridad privada en estudio termine por blindar a los partidos.

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