Política, espías y cintas de audio
El caso de Método 3 revela encargos cruzados de casi todos los partidos Solicitaban espiar a sus adversarios e incluso a dirigentes de su misma formación
Todo el material que los investigadores se llevaron de la sede de Método 3 permanece dentro de una caja bajo la custodia del Juzgado de Instrucción 14 de Barcelona, pero su contenido ha convulsionado la política catalana y ha despertado nuevos recelos entre el Gobierno y la Generalitat. ¿Fue la agencia dirigida por Francisco Marco el epicentro de una trama de espionaje entre cargos públicos, e incluso entre dirigentes del mismo partido?
Las preguntas, por ahora, superan por goleada a las respuestas, mientras van goteando nuevas filtraciones. La última que se conoció ayer es el supuesto encargo que hizo a la agencia en 2010 un diputado autonómico del PSC para conocer si el entonces consejero de Interior, Felip Puig, era socio empresarial con el diputado de CiU en el Congreso Pere Macías. El líder del PSC, Pere Navarro, lo negó y dijo que esa información la puede obtener cualquier persona en el registro mercantil.
Es un nuevo capítulo de un escándalo surgido 11 de febrero, cuando El Mundo y El Periódico publicaron que la líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, había sido espiada cuando almorzó en el restaurante barcelonés La Camarga con Victoria Álvarez. Esta mujer, examante de Jordi Pujol Ferrusola, le habría explicado el presunto blanqueo de capitales cometido por el primogénito del expresidente catalán.
La empresa trabajó para casi todas las formaciones desde sus inicios en 1985
La grabación quedó olvidada hasta que el pasado diciembre, el Cuerpo Nacional de Policía fue a buscar a Álvarez para que relatara los detalles del supuesto trasiego de billetes de 500 euros entre Andorra y España. Pero ¿cómo llegó esa información la policía?
Algunas fuentes apuntan a la propia Sánchez-Camacho como una reacción a la masiva manifestación independentista del 11 de septiembre y al plan soberanista que trazó Artur Mas. El Gobierno de Mariano Rajoy y el Ministerio del Interior precisaban de munición contra el independentismo y Sánchez Camacho puso de su parte. Ella no solo lo niega, sino que interpuso una demanda por vulneración de su derecho a la intimidad y denunció los hechos a la policía.
Se había abierto la caja de los truenos y después se supo que Método 3 había trabajado para casi todos partidos y que la lista de espiados era variopinta: desde la vicepresidenta de la Generalitat, la democristiana Joana Ortega; el expresidente catalán José Montilla (PSC); Josep Lluís Carod Rovira (ERC), o Vicente González (PP), presidente de la Comunidad de Madrid, entre otros. La diferencia es que estos casos fueron indagaciones patrimoniales de escaso interés, mientras que el almuerzo de Sánchez-Camacho fue grabado, supuestamente, de forma ilegal. Las conclusiones que arrojan es que los informes de Método 3 se “cocinaban a gusto del consumidor”, según fuentes de la investigación. Las consecuencias penales son radicalmente distintas: un detective puede investigar (ésa es su tarea), pero no acometer escuchas ilegales. Otra cosa son las consecuencias políticas y no falta quien ve en ello un intento de convertir Cataluña en un lodazal en aras a frenar el independentista.
Generalitat
La desconfianza aumenta si se tiene en cuenta que, supuestamente, algunos partidos han ordenado investigar a dirigentes de su propia formación, como pudo haber ocurrido con el convergente Felip Puig. Artur Mas negó el viernes que su CDC hubiera pagado a Método 3, pero los correos intervenidos por la policía demuestran lo contrario con unos trabajos que hicieron para la agrupación de Sabadell.
El estallido del escándalo encendió las alarmas en el Ministerio del Interior, pues algunos exempleados de Método 3 afectados por un ERE disponían de información para utilizarla. La policía actuó de forma expedita y, el día 18 detuvo a cuatro detectives en Barcelona: Marco; su antigua mano derecha, Elisenda Villena; el investigador Julián Peribáñez y el becario de la agencia, Álex Borreguero.
Hay otra pregunta en el aire: ¿quién encargó grabar la reunión de La Camarga? El Mundo ha apuntado al exsecretario de Organización del PSC, José Zaragoza. Este lo niega y algunas fuentes señalan al propio Francisco Marco, muy bien relacionado con algunos periodistas. El director de Método 3 también lo niega y culpa a Villena, para hacerle “un favor” a alguien “del entorno del Alicia”.
Para remate, la bomba de relojería en la que se ha convertido el caso ha desatado una pugna entre Interior y la Generalitat por el control de la información: todos quieren saber qué secretos guarda Método 3. El martes, durante el registro a la sede de la empresa, la policía pretendía hacerse con todo el material. Al final se impuso la razón, pues la mayoría de los 20.000 expedientes que ha elaborado la agencia desde su nacimiento, en 1985, versan sobre infidelidades y fraudes a la Seguridad Social.
Los detectives que pisaron la mina de los partidos
Método 3 sufría exceso de marketing.Tal era la obsesión de su director, Francisco Marco, por publicitar los presuntos éxitos de su agencia, que a alguien se le escapó el pinchazo a un responsable político, en este caso a Alicia Sánchez Camacho en medio de los escándalos de corrupción en Cataluña. Lo que hacía o dejaba de hacer Método 3 era sobradamente conocido en el sector, así como sus colaboraciones con algunos medios de comunicación. Su problema fue no cuidar las formas con la política.Su forma de operar estaba extendida. Desde 1995 ha sido sancionada en cuatro ocasiones por Interior, que tiene la potestad de inspeccionar las agencias (habrá unas 2.700 licencias de detectives en España, unas 1.800 operativas). Algo tan sencillo como echarle un vistazo al registro de clientes está al alcance de la comisaría de seguridad privada, por lo que no haría falta haber hecho tanto ruido para saber quien encargaba trabajos a Método 3.
Los gestores de la agencia han estado imputados por escuchas telefónicas ilegales, empezando por la fundadora, Marita Fernández Lado, a la sazón madre de Francisco Marco. De Marita hablan bien muchos profesionales, no así de su hijo, que alcanzó el cénit de la celebridad en 2007 cuando manifestó haber sido contratado por el matrimonio McCann para buscar a los raptores de su hija Madeleine. Unos meses antes, Método 3 se atribuyó el éxito de haber localizado vivo y coleando al espía Francisco Paesa en París, dado por muerto tiempo atrás. Entonces, afirmaba tener 40 empleados y facturar unos cuatro millones.
¿Investigaba Método 3 o espiaba? Esa parece ser la frontera en la que se mueven estos profesionales. “Parece que una investigación se convierte en espionaje cuando se toca a los políticos”, explica el detective Agustín Ruiz, “cuando es lícito que se investigue a un político, por ejemplo cuando un empresario piensa que puede estar en connivencia con un competidor”. Detectives consultados ponen el ejemplo del seguimiento hecho a Ignacio González cuando era vicepresidente de la Comunidad de Madrid y encargado por empresarios. Todos dudan de las versiones que están circulando sobre el caso: “Una conversación no se pincha sin una connivencia con alguno de los actores de la entrevista o con personal del restaurante”. También sorprende que un responsable político encargue una investigación sin utilizar una persona o una empresa interpuesta.
Todo puede valer si se respeta la deontología. Pero no todo vale, parece ser, si el afectado es un político. Después de Pitiusa y Método 3, el temor de las agencias es que la nueva ley de seguridad privada en estudio termine por blindar a los partidos.
