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La vida oculta del asesino de Yolanda

El ‘ultra' Emilio Hellín Moro fue condenado en 1982 a 43 años por asesinar a Yolanda González Trabaja para la Guardia Civil y la policía en terrorismo y crimen organizado

Emilio Hellín, de 63 años, la pasada semana.
Emilio Hellín, de 63 años, la pasada semana. Carlos Rosillo

Un excriminal de la ultraderecha condenado a 43 años por asesinato trabaja para los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en casos judicializados y forma a sus agentes en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático.

—¿Emilio Hellín Moro?

—Yo soy Luis Enrique Hellín…

—Perdone, pero ¿no es usted Emilio Hellín, el autor del asesinato de Yolanda González, la joven de 19 años que murió en 1980?

—No… Emilio Hellín murió hace tres o cuatro años… Somos familia.

—No sabía que tuviera un hermano llamado Luis Enrique.

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—Es una historia complicada porque somos hijos de la misma madre, pero de distinto padre. Luego juntamos los apellidos… ¿Sabe? Líos de familia que prefiero no comentar.

—¡Se parecen ustedes muchísimo! ¡Y los dos eran informáticos! Usted se ha cambiado el apellido y aparece su currículo en Linkedin [web de contactos profesionales] como Luis Enrique Helling. Se ha añadido una g al apellido.

—Es que nuestro abuelo era de origen inglés.

—¿Sabe de qué murió Emilio? ¿Dónde puedo localizar a su familia?

—No lo sé.

—¿De qué pueblo son ustedes? ¿Puede enseñarme su DNI para demostrar que no es usted Emilio Hellín?

—La conversación ha terminado…

Luis Enrique Hellín Moro, de 63 años, es un tipo alto y corpulento, tiene una frente despejada y pelo blanco en las sienes. No rehúye la mirada y habla con aparente calma y frialdad. Viste una camisa de lana clásica de cuadros, pantalón de pana beige y zapatos marrones. De su cuello cuelgan unas pequeñas gafas graduadas. El encuentro con el periodista tiene lugar en la oficina de su empresa, New Technology Forensics, especializada en peritaje criminal, en una tranquila calle en el barrio madrileño de San Isidro, frente a un colegio público. El local, de tres alturas, es una desordenada oficina de 30 metros cuadrados repleta de ordenadores y teléfonos móviles, la especialidad de este técnico superior de sistemas de telecomunicaciones e informáticos. Junto a la puerta blindada de hierro, siempre cerrada, un cartel exhibe su nombre y el de dos de sus colaboradores, uno de ellos apellidado Hellín Asensio. Emilio Hellín estaba casado con María del Carmen Asensio.

En el departamento de defunciones del Registro Civil de Madrid, en el número 66 de la calle de Pradillo, no consta el presunto óbito de Emilio Hellín Moro, el militante de Fuerza Nueva —partido de extrema derecha que dirigía Blas Piñar— que protagonizó en 1980 uno de los asesinatos más brutales de la Transición; tampoco la Dirección General de la Policía ha expedido en los últimos años ningún carné de identidad a su nombre. Sí lo ha hecho, en cambio, a nombre de Luis Enrique Hellín Moro, el experto informático que niega ser el excriminal pese a su extraordinario parecido físico.

Emilio Hellín Moro, condenado a 43 años de cárcel por el asesinato en Madrid de Yolanda González Martín, una joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), ha cambiado su nombre por el de Luis Enrique, según ha comprobado ELPAÍS en su acta de nacimiento, depositada en el Registro Civil de Torre de Miguel Sesmero, un pueblo de unos 1.200 habitantes en Badajoz. El cambio se oficializó hace 16 años, el 25 de enero de 1996, en virtud de un auto dictado por el Registro Civil de Madrid en el expediente 402/95. Desde entonces, este es su secreto mejor guardado.

Con este cambio de nombre que permite la ley “si se demuestra una causa justa y no perjudica a terceras personas” el ultra Hellín Moro disfrazó su pasado criminal poco después de cumplir condena —permaneció entre rejas 14 años, con el paréntesis de una espectacular fuga a Paraguay—, de los 30 de pena máxima que contemplaba el Código Penal. Y al salir de la cárcel de Jaén 2 se construyó una nueva vida centrada precisamente en el mundo de la investigación criminal y judicial, un escenario del que él mismo fue protagonista estelar después de secuestrar a Yolanda González en su casa de Madrid y descerrajarle dos tiros en la cabeza en un descampado con el argumento de que ella era miembro de ETA, una falsedad.

El nuevo Luis Enrique Hellín Moro es ahora uno de los principales asesores del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, participa en investigaciones judicializadas sobre terrorismo y delincuencia, imparte cursos de formación a agentes de este cuerpo, de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra, da conferencias a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado en organismos oficiales y cobra por sus servicios del Ministerio del Interior, según ha comprobado este periódico. También asiste como perito a la Audiencia Nacional y a numerosos juzgados de distintas ciudades españolas. Su especialidad es el rastreo de pruebas en teléfonos móviles, ordenadores y dispositivos digitales que han intervenido en actos terroristas, crímenes, homicidios, secuestros, delitos económicos, financieros o informáticos, según consta en su currículo y confirman varias fuentes oficiales y judiciales. Jamás confiesa que el hábil y frío experto en telecomunicaciones, teléfonos espías, localización de llamadas, intervención de comunicaciones, recuperación de SMS o móviles activadores de explosivos es, en realidad, el ultra que a los 33 años, casado y con tres hijos, dio “un paseo a Yolanda González por una España grande, libre y única”, tal y como reivindicó el asesinato el Batallón Vasco Español, antecesor de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Desde su aparición, el 24 de mayo de 1978, los comandos paralelos del Batallón Vasco Español asesinaron a 12 personas en atentados dentro y fuera de España. La diferencia entre este y otros crímenes del grupo parapolicial es que la víctima no tenía nada que ver con ETA.

El comandante Ramón García Jiménez, exdirector del departamento de ingeniería, electrónica e informática del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, explica así el trabajo de Hellín para este Cuerpo: “Nos asesoraba en cómo resolver y orientar algunos casos forenses. Nosotros no abarcamos todos los campos. Le pedíamos apoyo sobre cómo rescatar información de teléfonos móviles en casos judicializados que estaban bajo nuestra custodia y control. También colaboraba, y me imagino que sigue colaborando, en la formación de nuestros hombres. Es uno de los técnicos civiles más formados y va más adelantado en determinados campos de investigación”.

¿Sabe usted algo del pasado de este colaborador? “No conozco el pasado de este señor, solo sé que ha respondido siempre a todo lo que le hemos pedido”, responde el comandante García, destinado en el Ministerio del Interior.

El renacido Luis Enrique Hellín participó en 2008 en un seminario sobre nuevas tecnologías en la lucha contra el delito del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) que dirigía José Antonio García Sánchez-Molero, subdirector del organismo y entonces coronel jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Virginia Galero, directora del IUICP, asegura que a Hellín se le invitó por “su especialidad”, y añade que el curso perseguía mejorar los medios de la policía científica y del servicio de criminalística de la Guardia Civil. Este instituto mixto depende de la Universidad de Alcalá y de la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior.

El coordinador de este seminario y subdirector del IUICP, José Miguel Otero, comisario jefe de la Unidad central de Investigación Científica y Técnica de la Comisaría General de Policía Científica, asegura no conocer a Hellín y afirma no recordarlo. “Vendría invitado por otros miembros del instituto”, dice. Junto a Hellín participaron también en la formación de policías y guardias civiles el juez Eloy Velasco, hoy en la Audiencia Nacional, y Matías Bevilaqua, un informático detenido recientemente e imputado en la trama de compra y venta de datos confidenciales desarticulada por la policía en la que hay implicados varios detectives. El hacker asegura que aquel programa fue “del más alto nivel” y apostilla que la empresa de Hellín trabaja “muy bien”. El exconvicto ha impartido numerosos cursos y talleres de formación en la Dirección General de la Guardia Civil sobre “teléfonos espías”, obtención de evidencias en Mac, iPhone e iPod, e interpretación de datos binarios obtenidos de teléfonos móviles. Su último trabajo conocido es el rastreo de llamadas en el caso José Bretón, los dos niños supuestamente asesinados por su padre en Córdoba.

El asesinato de Yolanda González en 1980 conmocionó a todo el país. La joven nació en Deusto (Vizcaya) en el seno de una familia trabajadora. Era la mayor de tres hermanos y obtenía notas brillantes en el colegio público donde estudió el bachiller. A los 16 años se afilió a las juventudes socialistas. Comprometida con sus ideas repartía de madrugada propaganda revolucionaria a las puertas de fábricas como en las que trabajaba su padre, un emigrante burgalés y soldador metalúrgico en Nife.

Del cuello de Yolanda colgaba una cruz Lauburu regalada por el comité de empresa de una factoría vasca. A los 18 años se trasladó a Madrid para estudiar electrónica en el centro de Formación Profesional de Vallecas. Vivía en un modesto piso en la calle del Tembleque, en el barrio de Aluche, y limpiaba casas particulares para no pedir ayuda a sus padres. “Era una persona lista, con una gran fuerza vital y entusiasta de las cosas y las personas. Siempre pensando en ayudar a los demás”, recuerda ahora Alejandro Arizcun, de 61 años, su novio de entonces y hoy profesor de Historia de la Economía en una universidad pública.

La vida de Yolanda en Madrid giraba entre sus clases en Vallecas, su trabajo de limpiadora y la sede del PST, una escisión del PSOE. Durante la segunda quincena de enero de 1980 participó en una huelga general de enseñanza, según reflejan fotografías en las que aparece a la cabeza de las manifestaciones estudiantiles. El viernes 1 de febrero de 1980, los militantes de Fuerza Nueva Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez, estudiante de Químicas, se presentaron en el domicilio de Yolanda, en el número 101 de Tembleque, con la intención de secuestrarla e interrogarla. No estaba, por lo que volvieron sobre las doce de la noche. En la calle contaban con el apoyo de otros dos militantes de Fuerza Nueva, Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto, y del policía nacional Juan Carlos Rodas, que les aguardaban en un turismo. La joven intentó impedirles el paso, pero no lo logró. La redujeron con violencia, registraron el piso y la obligaron a acompañarles hasta el coche de Hellín. Se dirigieron por la carretera de Alcorcón hacia San Martín de Valdeiglesias, a las afueras de Madrid. En el trayecto, gritos, insultos y preguntas sobre un supuesto comando de ETA que no existía salvo en la imaginación de los dos matones. Acusaciones a las que Yolanda, que acababa de cumplir 19 años, no podía responder. En un descampado frío y solitario, Hellín obligó a la joven a descender de su coche y le disparó dos tiros en la cabeza a menos de un metro de distancia. Abad, de orden de Emilio, la remató en el suelo. Su disparo impactó en un brazo. “Cuando vi caer a Yolanda, quedé atontado y no me di cuenta de que disparaba”, relató el primero a preguntas del fiscal durante la celebración del juicio. La versión de Abad, en la que implicó a su compañero y dio todo lujo de detalles sobre el secuestro y asesinato, fue idéntica a la del fiscal.

Yolanda González Martín.
Yolanda González Martín.

Días después, el agente que colaboró en el crimen confesó el asesinato al comisario Francisco de Asís. Hellín descansaba en Vitoria alojado en la casa de un amigo, inspector de policía. El ultra se jactaba de sus contactos en la Brigada Operativa de la policía. Además, tenía un hermano en la Guardia Civil, y entonces los vínculos entre miembros de la ultraderecha y los sectores más reaccionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado eran frecuentes.

El 7 de febrero, Hellín y Abad fueron detenidos y confesaron el asesinato. Ambos aseguraron que lo hicieron en venganza por el asesinato de seis guardias civiles en el País Vasco y porque sospechaban que Yolanda militaba en ETA. En el registro de la escuela de electrónica de Emilio, en la que impartía clases desde hacía 11 años, en el número 1 de la calle de San Roque, se descubrió un arsenal de armas y explosivos. Con una gran antena, un Scanner VHF y un receptor captaban las emisoras de la policía y de la Guardia Civil. Era el material del denominado Grupo 41 de Fuerza Nueva, que dirigía Hellín, destinado a otros atentados.

Hellín no se resignó a cumplir los 43 años de condena (asesinato con alevosía, delito de depósito de armas y seis delitos de falsificación de documentos de identidad). Meses después de su ingreso en prisión preventiva se escapó de la cárcel de Alcalá de Henares en compañía de 10 presos comunes, aunque fue detenido horas después. Fue clasificado como interno especialmente peligroso y trasladado a Herrera de la Mancha, la cárcel más segura del país. Pero no cejó en su empeño y lo intentó de nuevo cuando le llevaron a la prisión de Cartagena, y lo logró al aprovechar un polémico permiso de seis días de libertad concedido el 20 de febrero de 1987 por el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid José Donato cuando estaba en la cárcel de Zamora. Hellín huyó a Paraguay con su mujer y sus tres hijos. Y de nuevo volvió a su pasión: la informática y la inteligencia. Creó el Centro de Estudios Profesionales de Asunción, dedicado a las clases de informática, y trabajó para los servicios secretos policiales y militares paraguayos formando a agentes en la instalación de micrófonos y rastreo de llamadas. Cambiaba de domicilio y utilizaba solo su segundo apellido hasta que fue descubierto por un reportero de la revista Interviú que denunció su paradero. En julio de 1989, la Interpol lo detuvo y el 21 de septiembre de 1990 fue entregado a España y devuelto a su celda de la prisión de Zamora. Su aventura en Paraguay bajo la protección del régimen de Alfredo Stroessner duró tres años. El dictador había invitado a su toma de posesión en Asunción a Blas Piñar, dirigente de Fuerza Nueva, y a León Cordón, entre otros ultras.

Los padres y hermanos de Yolanda González ignoraban la nueva vida del asesino de su hija. Eugenio tiene 79 años y Lidia, 72. Siguen viviendo en Deusto y no han conseguido olvidar. Asier, de 39 años, el hermano pequeño, no oculta su malestar. “Estoy perplejo. Es indignante que este hombre realice esa actividad. No sé si se habrá arrepentido; todo el mundo tiene derecho a una nueva oportunidad, pero, si lo hace con una nueva identidad, solo ratifica el tipo de personaje que es. Está claro que en este país las personas vinculadas a la extrema derecha gozan de privilegios”. Alejandro Arizcun, el novio de Yolanda, responde atónito con una palabra: “Tremendo”. Y añade: “Lo que usted me cuenta demuestra los lazos que Hellín tenía entonces con los cuerpos policiales y que todavía mantiene vivos. Nunca se investigó a fondo la implicación de algunos policías en el asesinato”.

Tras la visita del periodista a su oficina en Madrid, Luis Enrique Hellín ha suprimido de su biografía en Linkedin la g de su “abuelo inglés”. En su currículo de perito todavía queda una huella muy profunda de su oscuro pasado: asesor en telecomunicaciones e informática (1988-1989) del comandante en jefe de Estado Mayor del Ejército y del director general de la Policía Nacional de Paraguay. ¿Nadie en la Guardia Civil y la policía sabe quién es este experto forense informático que colabora en investigaciones criminales y forma a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado?

La sombra de Fuerza Nueva

J.M.I.

David Martínez Loza, guardia civil en excedencia y jefe de seguridad de Fuerza Nueva, fue la persona que ordenó el arresto, interrogatorio y ejecución de la joven Yolanda González, de 19 años, según aseguró al tribunal Emilio Hellín Moro, el autor material del asesinato, durante el juicio en la Audiencia Nacional. Hellín señaló que nada más ser detenido se había confesado autor porque le habían pedido que cargara con toda la culpa y que le ayudarían. "La propia policía me dijo que no merecía la pena implicar a más personas". Hellín aseguró que la ayuda de su partido, del que fue expulsado tras el asesinato, nunca llegó. Cuando el fiscal le preguntó quién dio la orden de secuestrar a Yolanda, el ultra respondió: David Martínez Loza. Hellín implicó a dirigentes de Fuerza Nueva, así como a funcionarios de policía, pero Ignacio Abad, el otro autor material, descargó sobre él toda la responsabilidad. Martínez Loza fue condenado solo por inducción a secuestro. "No se quiso tirar del hilo y buscar la implicación de policías en el secuestro de mi hermana. Las conexiones de Hellín y de Fuerza Nueva con la policía eran escandalosas", recuerda ahora Asier, de 39 años, hermano de la víctima. "No se investigó la implicación de Fuerza Nueva", se lamenta también Alejandro Arizcun, de 61 años, el novio de Yolanda.

Alfonso Guerra, entonces diputado socialista, afirmó que los minicomputadores PET 201 que utilizaba Hellín eran usados como terminales de conexión telefónica con un ordenador que la Guardia Civil tenía en un chalet camuflado en la colonia de El Viso, en el centro de Madrid, donde operaba un capitán adscrito al servicio de información del citado cuerpo.

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Sobre la firma

José María Irujo
Es jefe de Investigación. Especialista en terrorismo de ETA y yihadista, trabajó en El Globo, Cambio 16 y Diario 16. Por sus investigaciones, especialmente el caso Roldán, ha recibido numerosos premios, entre ellos el Ortega y Gasset y el Premio Internacional Rey de España. Ha publicado cinco libros, el último "El Agujero", sobre el 11-M.

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