La policía se incauta de todos los archivos informáticos de Método 3
El juez y los fiscales buscan pruebas del espionaje a la líder del PP catalán
La investigación del presunto caso de espionaje político en Cataluña toma rumbo. Después de que la policía detuviera a cuatro detectives por grabar ilegalmente una reunión en 2010 entre la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, el juez y dos fiscales anticorrupción han tomado las riendas del asunto y se han centrado en averiguar las escuchas ilegales de Método 3. Bajo tutela judicial, los agentes se incautaron de todo el material informático —discos duros, pendrives, CD— hallado en la sede de esta agencia.
La sección de delitos tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía analizará los próximos días, en el juzgado, los archivos de audio y vídeo. Se ignora por ahora el alcance de esas grabaciones. El juez ha decretado el secreto del sumario. La ingente documentación hallada desmonta la tesis del propietario de Método 3, Francisco Marco, que antes de ser detenido afirmó que había destruido de forma segura los cerca de 20.000 expedientes que elaboró su agencia. Durante el registro, supervisado por los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo, los agentes se incautaron también de algunos documentos en papel.
La investigación arrancó a raíz de la denuncia de Sánchez Camacho, que fue grabada con un micrófono oculto durante una comida con Victoria Álvarez en el restaurante barcelonés La Camarga. Esa clase de grabaciones solo son lícitas si cuentan con el consentimiento de alguno de los participantes en la conversación. En el caso de la líder del PP catalán, dos de los detectives detenidos sostienen que estaba al corriente; pero ella lo niega.
El temor a que ciertos informes comprometedores sobre cargos políticos y personalidades públicas saliera a la luz precipitó la detención de Marco; de quien fue su mano derecha, la detective Elisenda Villena, del investigador Julián Peribáñez y de Àlex Borreguero, que trabajaba como becario en la agencia. Este último admitió haber colocado el micrófono, aunque actuó con el convencimiento de que la dirigente popular estaba al corriente de todo, según su declaración. Los cuatro detectives pasarán hoy a disposición judicial por revelación de secretos, un delito castigado con penas de uno a cuatro años de cárcel.
Los investigadores se centran en las escuchas ilegales de la agencia
El registro en la sede barcelonesa de Método 3, en la oficina de Madrid, ubicada en el número 10 de la calle de Concepción Bahamonde, y en los domicilios de los detectives se centró en hallar pruebas —documentales y audiovisuales— sobre el presunto espionaje a Sánchez Camacho. Todo lo que no tenga que ver con el caso o que no suponga la comisión de algún delito va a quedar al margen, según fuentes judiciales. “Hay que salvaguardar la intimidad de los clientes y la confidencialidad de los datos”, precisaron.Eso deja fuera a la gran mayoría de los 20.000 expedientes, que versan sobre irregularidades con la Seguridad Social, fraudes o infidelidades matrimoniales.
Los investigadores analizarán, por un lado, las investigaciones que Método 3 podría haber hecho de manera ilícita. Por otro, estudiarán aquellos informes que apunten a que la persona investigada —sea o no cargo político— puede haber cometido un delito. Fuentes judiciales confirmaron que, al margen de su relevancia penal, muchos expedientes afectan a personalidades públicas. “Hay muchísimos políticos”, dijo una fuente del caso. El juez también pretende dar con el libro-registro de Método 3, donde figuran todos sus clientes.
Un gran número de expedientes versa sobre partidos y políticos
La investigación la lleva el Cuerpo Nacional de Policía, pero la Generalitat mantiene su pugna por hacerse con el caso. El consejero de Interior catalán, Ramon Espadaler, pidió ayer de nuevo que el juez delegue la investigación en los mossos. “Tenemos la competencia y somos competentes”, dijo Espadaler, que el lunes se reunirá con el ministro del Interior, Jorge Fernández.
La vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, presentó el martes una denuncia ante la policía autonómica como presunta víctima del espionaje.
