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Un auditor controlará la evolución del patrimonio de diputados y senadores

Los tesoreros de los partidos comparecerán anualmente ante el Congreso Rajoy apenas concreta medidas contra la corrupción pero fija algunas sobre los partidos

María Fabra

Endurecimiento de las penas, agilización procesal en casos de corrupción y aumento del plazo de prescripción de este tipo de delitos. Esa es la base de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, entre las que apenas hay iniciativas propias. El líder del Ejecutivo ha insistido en señalar que sus propuestas no son excluyentes de las de otros grupos parlamentarios a los que ha ofrecido “un amplio acuerdo que ayude a devolver la confianza de los ciudadanos en sus representantes”. “Me comprometo a que todas las propuestas que surjan de los grupos parlamentarios sean analizadas y debatidas con toda la profundidad”, ha dicho. Y, de hecho, entre las fórmulas planteadas se encuentran varias propuestas de los partidos de la oposición. Las medidas apenas tiene concreción y entre ellas no figura ninguna fórmula imaginativa.

-Transparencia. Rajoy ha anunciado que se aplicarán criterios de transparencia a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales. No ha dicho que se vayan a someter plenamente a ella, ni ha mencionado a la Casa del Rey aunque ha incluido a “todas aquellas entidades que se financien, fundamentalmente, a través de fondos públicos”. El presidente responde así a una petición generalizada, tanto por parte de otros partidos como de los colectivos que trabajan por la transparencia.

- Cuentas y gestión de partidos. El Gobierno presentará un proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos con “nuevas exigencias”, aunque apenas ha concretado que se creará un registro público específico para depositar las cuentas. Se regularán los procedimientos de contratación de los partidos políticos “estableciendo con claridad las normas de quienes contratan en su nombre”. Y, sin nombrar a su extesorero, Luis Bárcenas, Mariano Rajoy ha anunciado una propuesta que parece plasmada pensando en él: “Se fijarán reglas claras sobre el papel que pueden ejercer los responsables de la gestión económicas de los partidos políticos”. Y estos habrán de rendir cuentas no solo ante el Tribunal de Cuentas sino también "a través de una comparecencia anual ante el Parlamento".

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- Auditoría a los bienes de los diputados. Tal como reclamó el grupo socialista, el Gobierno aceptará establecer un procedimiento de comprobación de la situación patrimonial de los altos cargos al final de su mandato, con el fin de detectar cualquier incremento injustificado de patrimonio o rentas incompatibles con sus percepciones durante el tiempo en que han desempeñado cualquier cargo público. El control se realizará a través de una auditoría.

-Tribunal de Cuentas. El Gobierno dotará de “más instrumentos al Tribunal de Cuentas”. La necesidad de más medios humanos y materiales, la fijación de un plazo para la elaboración de sus informes y la despolitización de su composición eran medidas que se reclaman desde hace tiempo.

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- Ley Orgánica reguladora del ejercicio de las funciones políticas. Rajoy quiere “garantizar la actuación ejemplar de sus dirigentes, de los altos cargos de la Administración y de todos los que representamos a los ciudadanos” a través de esta ley que establecerá un “Estatuto del cargo público” en el que deberán quedar tasadas, entre otras, las escalas de retribución, los sistemas de protección social o los casos en los que puede haber derecho a compensación tras el cese. La nueva normativa reforzará también la Oficina de Conflicto de Intereses pero tampoco en este caso concretó más.

-Declaraciones de bienes y renta. Como también se había reclamado, los cargos públicos publicarán sus declaraciones tributarias, de bienes y de actividades “con unos estándares que todos debemos cumplir”.

- Agilizar casos judicializados. Con el fin de que el tiempo de respuesta ante el delito de corrupción no sea “una forma de impunidad para el delincuente, o una condena pública sin sentencia”, tal como ha dicho Rajoy, el Gobierno pretende adoptar alguna medida que permita la agilización de estos casos. Tampoco ha señalado cómo.

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