Diez posibles medidas contra la corrupción

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expondrá hoy sus propuestas de medidas contra la corrupción y a favor de la transparencia en el debate y en un momento en el que los escándalos políticos invaden la actualidad.

Son muchos los ámbitos en los que se puede fijar: Medidas preventivas, coercitivas o sancionadoras; solo para el Gobierno, para los diputados o para todos los altos cargos; en la administración central o también en las autonómicas y locales; a los cargos institucionales o también a los partidos.

Rajoy utilizará como base el estudio encargado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, aunque en los últimos días han sido muchas las ideas expuestas por expertos y colectivos que promueven la transparencia en la administración pública para tratar de aplacar la corrupción.

1. Protección a los delatores. El año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) hizo público el informe del Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 en el que establecía, como prioridad, la necesidad de proteger a los denunciantes para evitar “acciones discriminatorias y represalias” a quienes informaran sobre actos sospechosos de corrupción.
2. Suspensión cautelar de imputados o procesados. Funcionarios y jueces pueden ser apartados temporalmente de sus cargos mientras se dirime la legalidad de sus actitudes. Con los cargos públicos electos no existe ninguna posibilidad, más allá de la voluntad de cada uno. Las actas de concejal y diputado son personales y, únicamente, se puede suspender la militancia en el partido por el que hayan sido elegidos. Los socialistas proponen que la investigación y enjuiciamiento de casos en los que estén implicados cargos públicos sean atribuidos a la Audiencia Nacional.
3. Exclusión de las listas electorales a los procesados por corrupción. Pese a los códigos éticos aprobados por las distintas formaciones, legalmente, no existe ninguna norma que impida a los partidos incluir a imputados, procesados o, incluso, condenados en las listas electorales. La excepción se da en el caso de inhabilitación por sentencia firme.
4. Declaraciones de bienes, actividades o renta. Las declaraciones de bienes son más específicas que las declaraciones de renta, en las que no se señala de dónde procede cada cantidad ingresada. Sin embargo, no existe un formato común y exhaustivo para las declaraciones de bienes patrimonio con lo que también se deja a la voluntad del afectado que incluya, por ejemplo, el valor de su patrimonio o de otros bienes muebles. En algunas autonomías como Castilla-La Mancha o Andalucía, la obligatoriedad de presentar declaraciones de bienes se extiende al cónyuge después de que así lo promovieran gobiernos socialistas. En otros países alcanza hasta el total de la familia.
5. Control y examen de las declaraciones. El PSOE reclama que cada Administración o institución señale el órgano encargado de custodiar los certificados y declaraciones presentadas que, además, verifique “la no existencia de contradicciones o diferencias entre la declaración de actividades, la de bienes patrimoniales y los contenidos en la declaración anual de IRPF”. Pero tampoco existe ningún órgano que compare las declaraciones de los diputados o de los miembros del Gobierno al iniciar y al acabar la legislatura, pese a que sí han de presentarlas si sufren modificaciones.
6. Incompatibilidades. En esta legislatura, la comisión del Estatuto del diputado solo decretó la incompatibilidad de un diputado, de Amaiur, para ejercer su labor como representante público. En este caso, pretendía compatibilizar dos sueldos públicos, el de la universidad y el del Congreso. Se aprobaron otras como “actividades económicas” que reportan a algún diputado más de 500.000 euros, según su propia declaración. En el caso del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado, el órgano encargado de vigilar las incompatibilidades es la Oficina de Conflictos. Según el catedrático de Ciencias Políticas de Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria, “la Oficina está muy politizada, a pesar de la profesionalidad de sus miembros. Su responsable depende directamente del Gobierno, que lo puede destituir a su antojo".
7. Ley de Transparencia. El Gobierno ha dado un gran paso adelante con la elaboración de un proyecto de Ley de Transparencia. Sin embargo, el rango de la ley, inferior a los estatutos autonómicos, provocará el choque con las comunidades a causa de la invasión de competencias y obstaculiza el control al que el Ejecutivo podría someter a otras administraciones. Además de este escollo, la ley debería limitar las excepciones de materias e instituciones que se someterán al acceso público de su información, incluyendo a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y a la Casa del Rey. Otra de las polémicas fue la generada con la fijación del silencio negativo como respuesta a la solicitud de información, cuando los expertos reclaman que, al menos, se marquen plazos. Con más intensidad exigen, además, que el órgano que vele por el cumplimiento de la ley sea absolutamente independiente del Gobierno de turno. Si, además, incluyera a los lobbies, tal como reclama el Foro para la Transparencia, se podría conocer, al menos en parte, la agenda de los diputados.
8. Financiación de partidos y control de sus cuentas. Pese a que la ley de financiación de partidos se modificó hace apenas dos meses, los últimos escándalos cuestionan el sistema de control de las cuentas internas de unas instituciones que se nutren principalmente de fondos públicos, Desde 2007, las donaciones no pueden ser anónimas y están limitadas, pero las fundaciones vinculadas a los partidos están legalmente autorizadas para recibirlas de contratistas de las administraciones. Sin embargo, las cuentas no son públicas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, habló ayer de “remozar y reforzar” el Tribunal de Cuentas, órgano encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos. Entre las recomendaciones que el Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) hizo a España se encontraban las de dotar de más medios y personal al tribunal y la de marcarle una fecha tope para publicar sus informes anuales. El Greco también dudó de que la información publicada por el Tribunal de Cuentas fuera “suficientemente significativa” para ayudar a “identificar vínculos económicos cuestionables y la posible corrupción en el sistema de financiación de partidos”. Además, reclamó un formato común para las cuentas y apuntó la posibilidad de contratar auditores externos. Además, el Tribunal de Cuentas se hace cargo del control de la contabilidad de los partidos en las autonomías que carecen de sindicaturas propias, pero la “la consolidación de las cuentas no incluye datos financieros de las secciones locales de los partidos políticos; depende de cada partido la organización de la contabilidad de sus respectivas secciones locales”, señalaba el informe del Greco. Los partidos tampoco dan cuenta, en ningún caso, de su patrimonio.
9. Regalos. Dinamarca es, desde 2002, el país en el que la percepción de corrupción es más baja. Solo se permiten regalos de cortesía como "una tableta de chocolate, un libro, o una botella de vino con ocasión del 25 aniversario de servicio público de un determinado empleado", según tienen descrito en un código ético. El Ayuntamiento de Londres tiene un registro de regalos que puede ser consultado. En España, el apartado de Buen Gobierno de la futura Ley de Transparencia señala que los cargos no podrán aceptar “para sí, regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones”, pero no marca límites cuantificados ni órgano que los controle.
10. Código de buen gobierno para Ayuntamientos. La Federación Española de Municipios y Provincias aprobó, en diciembre de 2009, un decálogo de principios por el compromiso “con la ética pública y la calidad democrática”. Señala, por ejemplo, la creación de comisiones de Control y Seguimiento en la contratación pública “para garantizar que tanto la contratación realizada por el Ayuntamiento como por sus organismos autónomos y empresas de capital municipal se lleve a efecto bajo los principios de transparencia, legalidad, publicidad y libre concurrencia”, pero su implantación queda para la voluntad del alcalde en cada legislatura.