La visita de los verificadores

Quince meses después del anuncio de cese definitivo de la violencia de ETA, las encuestas señalan que una mayoría de españoles da por amortizado el final del terrorismo etarra y que la preocupación por esa amenaza es prácticamente inexistente. Sin embargo, ese final está aún por consolidar y en los foros políticos del País Vasco se debate sobre la necesidad de que esa consolidación sea ordenada o quede al albur de los acontecimientos, con el riesgo que ello conlleva. De esta preocupación se han hecho eco el nuevo Gobierno vasco, del PNV, y la mayoría del arco parlamentario de esa comunidad.

Con esta pretensión, la de facilitar un “final ordenado” de ETA, la Comisión de Verificación Internacional del cese definitivo del terrorismo, que mantiene contacto con la cúpula de la banda, protegida internacionalmente tras finalizar el terrorismo, se está reuniendo estos días en Euskadi con el lehendakari, Iñigo Urkullu, los líderes de los partidos parlamentarios —con la autoexclusión del PP— y los movimientos sociales vascos. Con ello, trata de abrir una nueva etapa, la del paso de la verificación del cese definitivo de ETA a la del desarme.

La Comisión Internacional, que reafirma el cese definitivo del terrorismo —en mayo ya lo certificó en un encuentro con el Gobierno y la mayoría de los partidos vascos—, extendido a la extorsión y a la kale borroka, está tratando de convencer a ETA de que asuma el desmantelamiento de sus estructuras, el reconocimiento del daño causado por su acción terrorista y la asunción de la reinserción individual de sus presos. Pretende, además, que lo haga de modo unilateral, sin subordinarlo a una negociación previa con el Gobierno central, como quiere ETA.

La Comisión Internacional busca el desmantelamiento unilateral de ETA

Esta pretensión de la Comisión Internacional y su visita al País Vasco esta semana, en coincidencia con el Congreso constitutivo de Sortu, que se celebra el día 23, ha levantado muchas expectativas y se ha llegado a especular con un anuncio espectacular de ETA —desarme o disolución— que la comisión trata de rebajar. “La etapa de la verificación está dando paso a la del desarme. Pero estos procesos son complejos y necesitan tiempo para madurar”, señalan fuentes próximas a la comisión.

Y no resulta posible aún un anuncio espectacular porque ETA sigue aferrándose al punto dos de la Declaración de Aiete, del 16 de octubre de 2011 —que fue la cobertura en la que envolvió su cese definitivo—, que reclama el diálogo con el Gobierno central para abordar las “consecuencias del conflicto”, esto es, la situación de sus presos. A ETA no le parece suficiente la legalización de la izquierda abertzale y no está dispuesta a disolverse mientras no tenga garantías del Gobierno de Mariano Rajoy de que va a solucionar la situación de sus presos.

A su vez, el Gobierno de Rajoy, que tiene las llaves de las cárceles, se mantiene en su tesis de rechazar el contacto con ETA y no abordar la cuestión de los presos mientras la banda no se disuelva. Si el PNV y el PSE no se sienten obligados por la Declaración de Aiete, al ser unilateral, el Gobierno central aún menos.

Así es que la Comisión Internacional, además de reafirmar el compromiso de ETA con su cese definitivo, lo que está ofreciendo en su encuentro con las fuerzas políticas y sociales vascas, en este momento, es su pretensión de trabajar por un “final ordenado” de ETA y prevenir del riesgo de un “final incontrolado”. Otra cosa sería una sorpresa.

La Comisión Internacional suscribe la tesis extendida en Euskadi de que el compromiso de ETA con el fin del terrorismo es firme y que una marcha atrás le supondría un enfrentamiento con la izquierda abertzale, en proceso de institucionalización con un Congreso en puertas. Pero la parálisis en la consolidación del final de ETA puede debilitar a la dirección de la banda y dar paso a un equipo más radical o a situaciones imprevisibles. Esta preocupación no solo existe en la Comisión Internacional, en contacto con la dirección de ETA. También está instalada en el Gobierno vasco, el PNV, el PSE y la izquierda abertzale.

También se la trasladó el lehendakari Urkullu a Rajoy en su encuentro en La Moncloa del pasado 31 de enero. Urkullu, que se entrevistó ese mismo día con una representación del Comité Internacional de Verificación, y que va a hacer de la consolidación del final de ETA uno de los ejes de su mandato y va a seguirla personalmente, está haciendo, en la práctica, de puente.

A la vez, ya ha puesto en marcha, con el respaldo del PSE, la ponencia de paz y convivencia en el Parlamento vasco.

Paralelamente, el movimiento pacifista vasco Lokarri va a promover para mediados de marzo un encuentro en Euskadi con expertos internacionales en materia de desarme, convivencia y paz, al que invitará a partidos y movimientos sociales vascos, para crear un clima favorable al proceso de consolidación del final de ETA.

La Comisión de Verificación Internacional, creada en septiembre de 2011, un mes antes de la declaración de cese definitivo de ETA, la preside Ram Manikkalingam, director del Dialogue Advisory Group, acompañado de expertos internacionales en la resolución de conflictos. Esta comisión es independiente del grupo que lidera el abogado sudafricano Brian Currin.