Política

Viajes Marsans alquilaba ya en concurso de acreedores oficinas por 100.000 euros

El testaferro de Díaz Ferrán cerró la operación con una firma de la trama Gürtel

El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. / BERNARDO PÉREZ

Ángel de Cabo, liquidador de empresas y testaferro del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, alquiló para el Grupo Marsans, por 100.000 euros al mes (1,2 millones anuales), unas oficinas pertenecientes a José Luis Martínez Parra, dueño de la extinta Teconsa e implicado en el saqueo de la trama Gürtel con motivo de la visita del Papa a Valencia.

EL PAÍS ha tenido acceso al contrato de arrendamiento de esas oficinas (de 2010), situadas en la exclusiva y céntrica calle de Serrano de Madrid, números 41-43 y 45. En él se establece el pago de un alquiler de 1,2 millones anuales durante cinco años. Lo llamativo del contrato es que quien se compromete a pagar esa suma es De Cabo, quien por entonces había fingido comprar Viajes Marsans a Díaz Ferrán estando esta firma en concurso de acreedores y con la finalidad de ocultar su patrimonio de sus miles de acreedores. Y también sorprende a los investigadores policiales que quien arrienda esas oficinas, José Luis Martínez Parra, dueño de Teconsa, lo hace a sabiendas de que tanto sus propias empresas como las de su inquilino están en concurso de acreedores. Teconsa y Marsans habían despedido por entonces a la inmensa mayoría de sus miles de trabajadores.

Las investigaciones judiciales sitúan a De Cabo, Díaz Ferrán y Parra en una suerte de triángulo de cooperación tendente a la ocultación de bienes. Los dos primeros están en la cárcel desde el pasado 6 de diciembre por evasión de capitales e insolvencia punible. Es decir, por compincharse ambos para la descapitalización del otrora inmenso Grupo Marsans en detrimento de los más de 10.000 acreedores que dejó en la estacada el expresidente de los patronos españoles Díaz Ferrán.

Martínez Parra, por su lado, está involucrado en las andanzas de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa. La televisión pública valenciana, Canal 9, que acaba de despedir mediante un ERE a 843 trabajadores, adjudicó a Teconsa las instalaciones sonoras y acústicas de la retransmisión de la visita del Papa a Valencia en 2006 durante unas jornadas mundiales de la familia. Los informes policiales revelan que la trama corrupta de Correa se repartió en comisiones tres de los casi siete millones de euros que pago Canal 9 por esas instalaciones. Un saqueo de dinero público al que le espera un juicio en Valencia, y en el que Teconsa también sacó su tajada, 200.000 euros, por ponerse de pantalla de Correa.

El citado contrato de arrendamiento conecta a un grupo de personas cuyo denominador común es el entorpecimiento de concursos de acreedores. ¿Cómo lo hacían? Escondiendo el patrimonio personal y societario para que los jueces no puedan distribuirlo entre los legítimos acreedores. La reciente operación policial contra Teconsa fue precisamente, y entre otros delitos, por esconder bienes de los concursos de acreedores y complicar la gestión de reparto del juez introduciendo en el concurso contratos en los que se finge alquilar un bien a un tercero de buena fe que no lo es. Ante la duda de si el alquiler es legal y hay o no un tercero de buena fe, el juez no tiene otra opción que apartar el inmueble del concurso.

El contrato al que ha tenido acceso este periódico muestra cómo Parra dice alquilar las citadas oficinas a Iván Losada (que también está en la cárcel, testaferro De Cabo, quien a su vez lo es de Díaz Ferrán) por 100.000 euros al mes. Los investigadores barajan como hipótesis que este alquiler no es otra cosa que un “enjuague de dinero negro” entre ellos.

Díaz Ferrán se desesperó cuando sus empresas cayeron en concurso de acreedores y acudió a De Cabo para simular que este se las compraba, por precios ridículos. Se trata de cadenas de hoteles, empresas de transportes… Operadores turísticos a los que Díaz Ferrán dejó un agujero acreedor de casi 50 millones de euros —de los 400 millones en impagos que dejaron sus empresas—, descubrieron que Díaz Ferrán y De Cabo habían acudido precipitadamente a notarios para simular compraventas y alquileres, prácticamente igual a lo que hizo Parra con el dúo Iván Losada-De Cabo —los mismos que se concertaron con la familia Ruiz Mateos para descapitalizar Nueva Rumasa—.

El alquiler por 1,2 millones al año de las oficinas de la calle Serrano a Iván Losada-De Cabo, un empresario con oficinas en Valencia, contiene pasajes llamativos. Aparte de arrendar las oficinas a un Viajes Marsans que se reconoce en concurso de acreedores, establece un plazo de alquiler de cinco años, prorrogables. Fuentes de la investigación recuerdan que Díaz Ferran, tras vender por precios simbólicos sus empresas a De Cabo, pactó con este recibir 100.000 euros al mes por casi regalarle Viajes Marsans. Díaz Ferrán viajaba todos los meses a Valencia a recoger sus 100.000 euros.

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Periodista de investigación de EL PAÍS

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