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El PP veta todas las iniciativas en el Congreso sobre corrupción

Los populares han hecho valer su mayoría absoluta para impedir que Rajoy acuda al Pleno

Rajoy, con el presidente de Kazajistán. El presidente del Gobierno ha retomado hoy en Madrid su agenda oficial y ha recibido en La Moncloa al presidente de Kazajistán, Nursultán Nazerbáyev. / FOTO: DOMINIQUE FAGET (AFP) / VÍDEO: ATLAS

El Gobierno ha cambiado de estrategia política frente al caso Bárcenas y todos los flecos que le acompañan. Los primeros días reaccionó ofreciendo comparecencias en el Congreso para dar explicaciones y se movió para dar imagen de esfuerzo para buscar pactos con todos los partidos para hacer frente a la corrupción.

Pero este martes el PP impuso su mayoría absoluta para vetar todas las iniciativas parlamentarias de todos los demás grupos y, además, dio a entender a través de su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, que el supuesto pacto quedará más bien en propuestas que presentará Mariano Rajoy como propias en el debate sobre el estado de la nación del día 20 de febrero.

El Ejecutivo mantendrá, obviamente, las comparecencias de sus ministros estrictamente obligadas por la ley, es decir, las que se producen en el Congreso y el Senado de forma limitada en las sesiones de control. Pero ni un paso más, ni una explicación más como la comparecencia que se produjo hace dos semanas en la Comisión de Hacienda del ministro Cristóbal Montoro.

La próxima semana Rajoy responderá a las tres preguntas reglamentarias de la oposición, con posibilidad de eludir el tema como hizo hace diez días en su primera sesión de control del año. Luego, el día 20, el debate sobre el estado de la nación, que el Gobierno planteaba como el de la incitativa política y los atisbos de recuperación y la oposición como el de la exigencia de cuentas por las elevadas cifras de paro, terminará por ser el debate sobre la corrupción. O, como dijo el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, “el debate sobre el estado de la nación será el debate sobre el estado del PP”.

Este martes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se enfrentó en sentido literal al PSOE en el pleno del Senado al ser preguntado sobre la amnistía fiscal y la posibilidad de que el ex tesorero del PP se hubiera acogido. El senador socialista José Miguel Camacho le pidió la dimisión como titular de Hacienda y eso a Montoro le pareció “patético”, como hace días le pareció “ruin” que le preguntaran por ese asunto.

Montoro volvió a crear polémica con su tono. Por la Cámara por la que va siembra el lío por arremeter contra quien le interpela. El ministro explicó que “no está acreditado que Bárcenas pueda acogerse a la regularización fiscal”. En el Congreso dijo que el extesorero no figuraba entre los que solicitaron acogerse a la amnistía y en el Senado aseguró que, según la Agencia Tributaria, no está claro que pueda acogerse, porque intenta hacerlo a través de una sociedad en la que que no aparece como propietario.

“No está acreditado que el señor Bárcenas pueda beneficiarse de la regularización fiscal; por tanto, ni el señor Bárcenas ni nadie puede regularizarse a través de terceros, ni de sociedades pantallas. Más claro no puedo decirlo”, dijo retador.

“El señor Bárcenas no se ha acogido como persona física a la regularización. No aparece como miembro de esa sociedad, ni como propietario de ninguna sociedad. No es el socio de esa sociedad”. Según explicó, el extesorero “dice que lo ha hecho a través de persona interpuesta y la Agencia Tributaria contesta que no está en la sociedad y que no es posible regularizar así. ¿Tan difícil es entender esto?”, aseguró Montoro, lanzado al ataque.

Horas antes, el PP había frenado en la Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso la petición del PSOE para crear una comisión de investigación sobre la amnistía fiscal y la del resto de grupos para que Rajoy acuda al Pleno del Congreso a dar explicaciones sobre el asunto. El PSOE seguirá con el asunto presentando mociones para reprobar a los ministros de Hacienda y de Sanidad, Ana Mato.

Alfonso Alonso explicó que se oponen porque debe ser la Justicia la que averigüe los hechos: “Nos da más garantías que investiguen los jueces y fiscales a que lo haga Rubalcaba”.

La posición crítica de la oposición le sirvió al portavoz del PP para sugerir una rectificación sobre la propuesta de acuerdo contra la corrupción. En este ambiente en el que, según dijo, “hay una campaña de linchamiento al presidente y un intento de desestabilización del Gobierno usando insidias y mentiras”, es difícil llegar a acuerdos. De hecho, anunció medidas contra la corrupción en el próximo debate de la nación. Hace unos días, esas supuestas medidas iban a formar parte de un pacto de Estado que el Gobierno impulsaba de forma urgente, para el que llegó a contactar con todos los portavoces.

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Periodista de EL PAÍS

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