El juez acusa a Urdangarin de actuar ilegalmente para enriquecerse

El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su socio, Diego Torres,“se desentienden de las reglas que rigen la contratación pública con tal de conseguir su objetivo, que no es otro que el de desviar fondos públicos en beneficio propio o ajeno”. Así se pronuncia el juez José Castro, que investiga la supuesta apropiación indebida de fondos públicos de Urdangarin y Torres a través del Instituto Nóos, en un auto de 542 páginas en el que explica el porqué de la fianza civil de 8,1 millones de euros que ha impuesto a los dos imputados, solidariamente. En él desgrana también la nulidad de los acuerdos millonarios obtenidos con la Generalitat Valenciana y el Gobierno de Baleares.

En el auto el juez constata que existió “utilización fraudulenta y deliberadamente de la figura del convenio para eludir la aplicación de la Ley de contratos del sector público” y que ambos se beneficiaron de decisiones arbitrarias, adoptadas mediante "un ejercicio abusivo de poder, cuya finalidad era únicamente beneficiar a una determinada entidad, al margen de cualquier consideración de utilidad o necesidad pública”.

Al dibujar el cuerpo de los supuestos delitos cometidos, el juez Castro asegura que el Instituto Nóos “dista abismalmente de poder ser considerada como una entidad carente de lucro” y rechaza el “desprendimiento económico del que dicen haber hecho gala [Urdangarin y Torres] y del que se prevalecieron para obtener contrataciones públicas”.

El juez puntualiza además que Iñaki Urdangarin permaneció ligado a Nóos más allá de su cese como presidente de la institución en marzo de 2006 y pese a que la Casa del Rey le había exigido que abandonara sus negocios. “De hecho lo siguió siendo [presidente] con posterioridad”, según consta en “innumerables datos”, explica en el auto. “Siempre estuvo participando activamente en su administración” y por ello “siguió negociando” con la entidad, asegura el juez, sobre la base de la argumentación presentada por la Fiscalía Anticorrupción

El juez señala la supuesta autoría de Urdangarin y Torres que, han tenido "intervención activa, en unión de otras personas", en los hechos investigados. Por eso, justifica la imposición de una fianza millonaria en que ambos aparecen en el auto como autores centrales porque son los que perpetran los delitos, "derivando los fondos ilícitamente obtenidos hacia las sociedades de su entorno".

El auto admite que no es el momento procesal para calificar la autoría de los hechos, pero atribuye igualmente a Urdangarin y Torres la posibilidad de ser autores de los delitos instrumentales continuados de falsedad en documento oficial y en documento mercantil, de prevaricación, de malversación de fondos públicos y de fraude a la Administración.

Por otra parte, al duque de Palma se le atribuye, por hechos sucedidos tras la apertura de la pieza de la fianza, tres posibles delitos contra la hacienda pública, mientras que a Torres se le achaca uno.