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Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Cierre definitivo con un largo recorrido

Urkullu quiere atraer a la izquierda ‘abertzale’ para que el Parlamento vasco consolide el final de ETA

Luis R. Aizpeolea

Hace quince meses, pocos días después de la declaración del cese definitivo de ETA, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, se entrevistó con el aún presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y le reclamó la flexibilización de la política penitenciaria con los presos de la banda, empezando por un acercamiento a las cárceles vascas, con el argumento de que la nueva etapa que se abría con el cese de la violencia requería el final de las medidas excepcionales. A Zapatero, aunque compartía esta opinión, no le pareció conveniente mover pieza ante la inminencia de las elecciones generales del 20-N.

En enero de 2012, Urkullu se lo volvió a plantear a Mariano Rajoy, ya instalado en La Moncloa, y se lo repitió en julio, en un segundo encuentro. Pero Rajoy apenas ha atendido la reclamación. El único movimiento de entidad que ha realizado su Gobierno ha sido la excarcelación, en agosto, del preso terminal de ETA, Josu Uribetxeberria Bolinaga.

Urkullu vuelve por tercera vez a La Moncloa el 30 de enero, ahora como lehendakari —el día 21 se entrevistó con el Rey— y volverá a poner sobre la mesa, junto con el reto de la crisis, la flexibilización de la política penitenciaria, un asunto que lleva personalmente.

La última encuesta del Euskobarómetro, el prestigioso sondeo de la Universidad del País Vasco, señala que solo el 23% de los vascos defiende el cumplimiento íntegro de penas de los etarras, aunque otro 29% se opone a la reinserción de los reclusos con delitos de sangre. Y otra amplia mayoría apoya medidas como la excarcelación de etarras gravemente enfermos.

En Euskadi, tras 15 meses sin terrorismo, ha calado mayoritariamente la idea de que ETA ha cesado definitivamente y ya se la da por amortizada. Pero también existe una opinión mayoritaria de que para consolidar el fin de ETA deben desaparecer las medidas excepcionales introducidas por los Gobiernos cuando la banda actuaba y reactivarse las políticas de reinserción.

Rajoy es receptivo a estos argumentos de Urkullu, al que valora como interlocutor preferente en la política vasca. Ha tomado nota de su desmarque de la estrategia de la izquierda abertzale, como reveló la inasistencia del PNV a la manifestación multitudinaria del 12 de enero en Bilbao, favorable a los presos. Y también tiene en cuenta su toma de distancia del reto soberanista de Artur Mas al Estado.

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Pero Rajoy se encuentra paralizado, atrapado entre la espada y la pared. La presión procedente de una mayoría de vascos favorable a la flexibilización penitenciaria y a la reinserción de los presos etarras tiene enfrente a la proveniente de una amalgama, partidaria de mantener las medidas excepcionales, en la que se unen el sector del PP que rodea a Jaime Mayor con parte de la élite de las asociaciones de víctimas del terrorismo, además de algunos medios de comunicación de la derecha y UPyD.

Rajoy, que no quiere añadir más problemas a los que ya tiene, se mueve en ese difícil equilibrio y la actitud de ETA facilita su parálisis. El colectivo de presos de ETA sigue en la consigna de amnistía para todos, lo que imposibilita una solución para los 600 etarras encarcelados en España, pese a las peticiones de algunos relevantes dirigentes de la izquierda abertzale de que asuman la legalidad penitenciaria del mismo modo que ellos asumieron la Ley de Partidos para lograr que Sortu fuera legal.

Este es el momento en que la izquierda abertzale ha tirado la toalla en ese intento ante la actitud de algunos presos etarras, que consideran “humillante” reconocer el fracaso de su pasada actividad terrorista para obtener beneficios penitenciarios y que condicionan al colectivo.

El Ministerio del Interior sólo ofrece dos salidas a los presos de ETA: asumir la reinserción individual con todas sus consecuencias (reconocer la responsabilidad por el daño causado, la reparación y el rechazo a la violencia) o lograr la disolución de la banda, lo que automáticamente implicaría la flexibilización de la política penitenciaria.

El anterior Gobierno vasco, de Patxi López, trató de romper esta parálisis con la propuesta de un acercamiento selectivo de presos de ETA a las cárceles vascas para facilitar su reinserción y que sirviera de acicate para el resto del colectivo. El consejero socialista de Interior, Rodolfo Ares, se lo sugirió al ministro Jorge Fernández, en mayo. Pero Fernández no osó dar ese paso. Lo que hizo fue excarcelar, en agosto, al preso de ETA, Uribetxeberria. La dura reacción que encontró en el sector radical del PP, UPyD, la élite de asociaciones de víctimas del terrorismo y algunos medios de comunicación de la derecha le ha disuadido de dar más pasos en esa dirección.

Urkullu aprovechará su buena sintonía con Rajoy para pedirle el miércoles una política penitenciaria inteligente, que desactive el victimismo en el entorno de los presos de ETA, que puede ser muy contraproducente a largo plazo para la convivencia en Euskadi. Pero, en aras de la eficacia y para evitar que la izquierda abertzale capitalice su posición, tampoco hará bandera política de la cuestión de los presos de ETA ante Rajoy. Tampoco ha querido dar protagonismo a los facilitadores internacionales para huir de la estrategia de la izquierda abertzale.

Por el contrario, lo que pretende es atraer a ese grupo su estrategia, el Parlamento vasco como motor para consolidar el fin de ETA, con la política penitenciaria como una de las piezas básicas.

Pese a los problemas para su configuración —también los plantean el PP y UPyD—, todo apunta a que la izquierda abertzale acabará integrándose en la ponencia parlamentaria, creada al final de la anterior legislatura vasca y que pretende relanzarse en la actual. La izquierda abertzale ha comprobado que su movilización callejera ha tocado techo y, además de confiar en que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo anule la doctrina Parot hacia el verano, necesita ampliar sus límites de influencia. Será, pues, el Parlamento vasco el marco en el que se aborde la consolidación del final de ETA por ser el único capaz de romper las inercias a través de amplios consensos que sólo se logran en un proceso al que se le prevé un recorrido muy largo.

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