Política

Exteriores tutelará la actuación de las autonomías en el extranjero

Los presidentes autonómicos deberán informar de sus viajes internacionales

El presidente catalán, Artur Mas, en la plaza roja de Moscú durante un viaje a Rusia el pasado octubre para buscar inversores. / jordi bedmar

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no oculta su propósito de “internacionalizar el conflicto” catalán si el Gobierno, o los tribunales, le impiden celebrar su consulta soberanista. En plena precampaña electoral hizo dos polémicos viajes a Moscú y Bruselas y, en el nuevo Consell, ha encargado las relaciones exteriores a su hombre de confianza, Francesc Homs.

Pero esa ofensiva internacional puede quedar neutralizada por la nueva ley de Acción y Servicio Exterior, que debería llegar en las próximas semanas al Consejo de Ministros tras un intenso debate, no exento de tensiones, en el seno del Gobierno.

El anteproyecto parte de la base de que las relaciones internacionales son competencia exclusiva del Estado y de que las actividades en el exterior deben basarse en los principios de “unidad de acción” y “lealtad institucional y coordinación”.

Las comunidades autónomas pueden actuar en el extranjero en el ejercicio de sus competencias, pero deberán informar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de sus propuestas de viajes, visitas y actuaciones con proyección exterior, para que dicho departamento determine si se adecuan a los objetivos fijados por el Gobierno.

Se controlará la apertura de las ‘embajadas’ autonómicas

Según las fuentes consultadas, Exteriores no podrá prohibir a un presidente autonómico que vaya al extranjero, pero sí emitirá “recomendaciones”, avalando o desaconsejando el viaje. Si no se atendiera su recomendación, Exteriores podría negar el apoyo que habitualmente prestan las embajadas a los presidentes autonómicos en sus desplazamientos fuera. En muchas ocasiones, Exteriores se entera de dichos viajes cuando los servicios de protocolo de los presidentes autonómicos se ponen en contacto con las embajadas para pedirles su apoyo.

La tutela sobre la diplomacia autonómica no se limita a los viajes de los presidentes. El anteproyecto señala que se someterán a informe del Gobierno los acuerdos que las Administraciones autonómicas o locales celebren con organismos extranjeros o internacionales para verificar que no desbordan sus competencias constitucionales. En todo caso, la actuación de las autonomías en el extranjero deberá someterse “a las directrices, fines y objetivos de la política exterior fijados por el Gobierno” y no podrán, en ningún caso, celebrar tratados internacionales, asumir la representación del Estado o incidir en la política exterior.

También se someterá a informe previo, de los departamentos de Exteriores y Hacienda, la propuesta de creación de oficinas de las comunidades autónomas en el extranjero y este informe, añade el texto, “tendrá carácter vinculante cuando se trate de comunidades autónomas que hayan incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria”.

La política exterior de las comunidades se someterá a la que fije el Ejecutivo

Se da la circunstancia de que Cataluña es una de las pocas autonomías (con el País Vasco y Andalucía) que ha rechazado la invitación de Margallo a cerrar sus oficinas en el exterior y acomodar a su personal en las embajadas; y también la primera en anunciar que su déficit en 2012 ha sido del 2,3%, ocho décimas por encima de su objetivo.

Pero no solo se controlará la diplomacia autonómica. También los responsables de las Cortes, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo informarán previamente de viajes y contactos internacionales.

El objetivo es acabar con la dispersión y descoordinación de la acción exterior. Para ello, se contará con dos instrumentos: el Consejo de Política Exterior —cuyo Consejo Ejecutivo estará formado por subsecretarios y secretarios de Estado— y la Estrategia de Acción Exterior, que recogerá las prioridades y objetivos de la política exterior y tendrá una vigencia de cuatro años.

Embajadores con mando e instrucciones

Desde que en julio pasado empezó a circular su primer borrador, el anteproyecto de ley de Acción Exterior ha sufrido múltiples modificaciones. El difícil equilibrio entre los distintos departamentos que actúan en el extranjero —no solo Exteriores, sino también Economía, Empleo, Defensa, Educación o Interior, entre otros— ha obligado a un encaje de bolillos para vencer recelos y evitar susceptibilidades. El proyecto atribuye al embajador la “dirección y coordinación” del servicio exterior en el país donde esté acreditado, pero lo hará “asistido” por agregados, consejeros y técnicos, que dependerán “funcionalmente” de su ministerio de origen. El nombramiento de los agregados lo hará Exteriores, pero la propuesta de los ministerios será “vinculante”.

Las comunicaciones de agregadurías y oficinas técnicas con Madrid se harán a través de Exteriores, pero “por razones de urgencia y eficacia” podrán comunicarse directamente con sus ministerios, aunque deberán informar al embajador.

Las embajadas tendrán una sección de servicios comunes que agrupará a todo el personal administrativo y auxiliar, pero la integración de oficinas técnicas y agregadurías en la sede diplomática solo se hará en la medida en que lo permitan las disponibilidades presupuestarias y los propios inmuebles.

Uno de los puntos más conflictivos del texto es su propósito de homologar las retribuciones, condiciones de trabajo, permisos, vaciones y asistencia social de todos los funcionarios destinados en el exterior, independientemente de su ministerio de origen. Dadas las notables diferencias entre unos y otros, hay serias dudas de que esta fórmula se mantenga en su redacción definitiva.

El embajador recibirá, en el momento de su nombramiento, una “carta de instrucciones” con las directrices del Gobierno. Por su parte, la Comisión de Exteriores del Congreso podrá solicitar su comparecencia, “en sesión reservada”.

Una de las principales novedades del proyecto es la creación de una inspección única del servicio exterior que dependerá del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Se prevé la creación de un Grupo de Emergencia Consular en caso de guerra, crisis bélica o desastre natural; y se abre la puerta a reclamar el desembolso de las cantidades abonadas a un tercero para rescatar a españoles que se expongan voluntariamente a riesgos sobre los que hayan sido advertidos por Exteriores, como ya adelantó Europa Press. Estos reembolsos no incluirán, según las fuentes consultadas, el pago a secuestradores.

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Corresponsal diplomático y de Defensa de EL PAÍS

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