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Malversar 12.000 euros públicos se paga con tres años de cárcel

Nueva condena firme para el exlíder de Unió Mallorquina, Tomeu Vicens, ya preso por corrupción

El exsecretario de Unión Mallorquina Tomeu Vicens.
El exsecretario de Unión Mallorquina Tomeu Vicens.EFE

La Audiencia de Palma marcó en sus sentencias por corrupción una especie de tasa penal, una condena mínima para políticos (considerados funcionarios) que son culpables: tres años de cárcel por malversar 12.000 euros de caudales públicos, como autores de los delitos malversación y prevaricación. El Tribunal Supremo ha ratificado otra vez el esqueleto y el tenor de esas resoluciones: el alto tribunal ha rechazado admitir a trámite el recurso de un reo contra una de esas sentencias y ha conferido firmeza a la misma.

Una antigua autoridad del Consell de Mallorca y diputado autonómico de Baleares Tomeu Vicens, exsecretario general de Unió Mallorquina (UM), está preso en la cárcel de Palma desde hace dos años por uno de estos episodios. Cumple una condena de tres años por malversar 12.000 euros públicos que entregó a su asesor contable –por un informe copiado- para compensarle después de hacerle un favor personal tras facilitarle unas facturas falsas. El político usó fondos del departamento de Urbanismo que dirigía.

Vicens deberá seguir en prisión porque carga ahora con la segunda condena firme por un episodio semejante. Obsequió, según la audiencia, “a sus amigos” 11.930 euros de fondos del Consell de manera “arbitraria” por “trabajos innecesarios” mediante “un expediente irregular”.

El político pagó a su testaferro en negocios particulares, Alfredo Conde, que era director de la radio del Consell, Ona Mallorca, Conde fue condenado a un año y seis meses de prisión, que no debe cumplir.

Vicens es abogado y persona de confianza de la expresidenta de UM, del Consell de Mallorca y del Parlamento de Baleares. Devolvió el dinero malversado en el segundo caso para mitigar la pena.

El político corrupto se enfrentará a otros juicios por otra causas abiertas: en el primero, en el caso Can Domenge, sobre un pelotazo con un solar público de Palma, la fiscalía le pide seis años de prisión por los presuntos delitos de fraude a la administración, revelación de secretos y prevaricación. Le acompañará en el banquillo Munar y su mano derecha Miquel Nadal, que cargan ya otras condenas de cárcel, sin firmeza porque las recurrieron al Supremo.

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