Montoro no aclara si el Gobierno ha dado el indulto fiscal a Bárcenas

El ministro considera “ruin” que se le pregunte por los sobres de dinero negro

Aclara que no ha mencionado ni lo hará a Bárcenas porque la ley lo impide

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su intervención ayer en el Congreso de los Diputados. FOTO: BERNARDO PÉREZ / VÍDEO: OVERON

La primera iniciativa política de Mariano Rajoy para hacer frente al escándalo por las actividades de Luis Bárcenas no despeja ninguna duda. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no aclaró este miércoles en el Congreso si el extesorero del partido se acogió a la llamada amnistía fiscal, porque desconoce si está entre las 618 personas jurídicas (sociedades) que han pagado de media un 3% por blanquear su dinero opaco.

Sí quedó clara la advertencia (titular) del ministro a Bárcenas de que la regularización no le exime del delito. Y quedó claro también hasta qué punto le irrita al ministro que le pregunten si, como dirigente del PP, cobró dinero negro en sobresueldos. El ministro fue al Congreso a explicarse y cuando le preguntaron sobre ese asunto descalificó e insultó en tono agrio a quien le interpelaba y se fue sin explicar nada.

¿Se ha acogido Bárcenas a la amnistía fiscal? ¿Ha habido pagos con dinero negro a dirigentes del PP? Uno tras otro, todos los portavoces de los grupos, salvo el PP, interpelaron a Montoro por lo que había ido a despejar y se encontraron con que el ministro consideró las preguntas “muy ruines”, “impertinentes” e “insidias”.

El PSOE replica que la ley no excluye a los procesados penalmente

A la de los sobres de dinero negro, el ministro respondió con la descalificación y la amenaza imprecisa. Especialmente, en su áspera respuesta al diputado del PSOE Pedro Saura, que le planteó la pregunta directa. “Ustedes quieren ensuciar. Enfangar, que es su estilo de hacer oposición. Le falta categoría. Mi declaración de la renta es pública y la recoge la web del Congreso. ¿Lo tiene claro? No vaya a ser que haya otros donde les falte [sic] elementos de esa declaración”, contestó el ministro, sin explicar cómo se pueden hacer constar en una declaración de la renta supuestos pagos en dinero negro que, por su propia naturaleza, no se admiten ni reflejan.

A la pregunta sobre las cuentas en Suiza de Bárcenas y su posterior regularización acogiéndose a la amnistía fiscal, el ministro respondió sin aportar dato nuevo alguno. De hecho, hasta la última réplica no mencionó expresamente el nombre de Bárcenas y fue para decir que desde 2009 no está en el PP. Aseguró que “en la lista no aparece” y se remitió a los comunicados de Hacienda en los que se negaba que el extesorero esté entre los contribuyentes que han regularizado. El abogado de Bárcenas sí admitió que su cliente se acogió a esa regularización. Según el ministro, esa declaración de los letrados permite a Hacienda liberarse de la obligación legal de reserva e informar de que su nombre no figura entre los 29.065 contribuyentes individuales que se han acogido a esta puerta abierta para legalizar dinero que escapaba al control del fisco. No obstante, se mantiene la duda de si está “escondido” en alguna de las 618 sociedades acogidas.

Los titulares de esas empresas tienen hasta finales de este año para revelar sus identidades y, por eso, Montoro no pudo dar dato alguno a ese respecto. El resultado es que su comparecencia en el Congreso solo sirvió para ratificar el citado comunicado.

En todo caso, el ministro advirtió a Bárcenas (sin mencionarle) de que acogerse, por la vía que sea, a la regularización no le servirá de nada, ni le exime de responder de presuntos delitos, ni de dar cuenta del origen de los 22 millones de euros. La advertencia es trascendente si se tiene en cuenta la impresión de dirigentes del PP de que las sospechas de reparto de sobresueldos en negro tienen origen en una especie de chantaje de Bárcenas al no habérsele ayudado en su proceso penal.

Para que quedara clara la advertencia, Montoro utilizó frases reiteradas como: “Que nadie sea impune en los delitos que pueda cometer”; “Si había una causa administrativa o judicial abierta, la amnistía fiscal sería inoperante”; “La regularización fiscal no supone legalizar conductas ilícitas”; “No tiene relevancia penal” y “Ninguna persona que tenga abierto un procedimiento de regularización en vía administrativa o en vía judicial podrá evitar la consecuencia de estos procesos con la presentación de la Declaración Tributaria Especial”. Para remachar, dijo de forma sobreactuada: “Les voy a dar el titular: ‘La regularización no encubre el delito”.

El ministro no sabe si el extesorero está entre las sociedades beneficiadas

Lo que sí hizo Montoro fue defender con vehemencia la amnistía fiscal y pedir que no se le critique ni se lancen “campañas sucias” por querer aportar más dinero a Hacienda. Sobre todo, rechazó la acusación de haber aprobado la medida para favorecer a defraudadores y, especialmente, a Bárcenas. La acusación la hizo directamente el socialista Saura, para quien el Gobierno tomó la medida “para que centenares de Bárcenas se acojan” y “favorecer el blanqueo de capitales y la corrupción”. Saura, utilizando como base la opinión de inspectores de Hacienda, replicó al ministro que el decreto de amnistía no impide acogerse a los que tengan un proceso penal abierto, solo a los que tengan una inspección administrativa. Es decir, que Bárcenas sí podría haberse acogido, y por eso pidió la dimisión de Montoro si se confirmara. El ministro no le contestó expresamente y se mantuvo en la idea de que con un proceso penal es imposible regularizar.

Todos los demás portavoces, salvo el del PP, rechazaron la amnistía fiscal e intentaron también infructuosamente conocer detalles sobre el caso Bárcenas, que se supone que era el objeto de la comparecencia. Josep Sánchez Llibre (CiU), José Luis Centella (IU), Laia Ortiz (ICV), Álvaro Anchuelo (UPyD), Pedro Aspiazu (PNV), Rafael Larreina (Amaiur), Alfred Bosch (ERC) y Olaia Fernández (BNG) lo intentaron sin éxito. La portavoz del PP, Ana María Madrazo, respondió a los demás sacándole al PSOE el caso Filesa, sobre financiación ilegal de ese partido en los ochenta.

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