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Columna
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Endogamia

Enrique Gil Calvo

El escándalo Bárcenas ha descubierto la cara oculta del partido en el poder, revelando la endogamia de su doble moral. Mucho acusar de corruptos a sus competidores mientras ellos mantenían en la sombra una trama de comisiones controlada desde su tesorería, en una larga trayectoria que se inició con el caso Naseiro hasta llegar hoy al caso Bárcenas. Menos mal que, dada la magnitud del escándalo, esta vez la justicia tendrá difícil mirar para otro lado como sucedió con el caso Naseiro, cuya impunidad animó a proseguir tan opaco negocio hasta degenerar en la trama Gürtel. Y menos mal que, al parecer, el presidente Rajoy no resultó personalmente beneficiado, pues eso habría supuesto un estigma letal para el prestigio de la Presidencia del Gobierno español. Pero aunque no cobrase comisiones, Rajoy sí toleró y amparó por endogamia las maniobras de Bárcenas, al que ascendió a la tesorería del partido, legitimando su espuria forma de proceder.

Así culmina una escalada de recientes escándalos de corrupción que amenaza con quebrar la moral pública de los ciudadanos, previamente castigados por la inmerecida política de ajuste fiscal que la clase dirigente ha descargado sobre sus espaldas desde mayo de 2010. Esto explica la actual deriva de las encuestas que arrojan un creciente desafecto de los españoles por su clase política, a la que tienden a contemplar como una “élite extractiva” (por usar el concepto que Molinas tomó prestado de Acemoglu). Y si este clima de fobia antipolítica se asentase, sus consecuencias podrían llegar a ser muy graves en términos de crisis social, conflictividad antisistema y vuelco en el actual sistema de partidos, según el presente ejemplo de Grecia.

¿Qué puede hacerse para contrarrestar esta perversa degeneración política? Es evidente que hace falta un consenso interpartidario para proceder a reformas legislativas capaces de poner freno a semejante patología. Pero lo que no parece claro es el contenido de las medidas regenerativas. Algunos sostienen que hace falta provocar un cambio de valores éticos y culturales, socorrido eufemismo que suele traducirse por pactar códigos deontológicos de autorregulación y buenas prácticas. O sea, papel mojado y palabrería que pronto es barrida por el viento del cinismo: como tantos otros partidos, el PP tiene vigente un código de buenas prácticas que no sirvió de nada. Más pragmática, Esperanza Aguirre ha propuesto que en cada partido se abra una Oficina de Asuntos Internos, dedicada a perseguir los abusos de militantes y dirigentes. Pero de poco serviría, pues dada la endogamia de los partidos, seguiría imponiéndose la omertà o ley del silencio.

Introduzcamos inspectores externos empotrados en la tesorería de cada partido

No, lo que hay que hacer con el sistema de partidos es algo parecido a lo que ya se ha hecho con el sistema financiero, la auténtica “élite extractiva” de nuestro país, cuyas redes de agencias territoriales canalizaron la corrupción política, económica y urbanística, según el ejemplo de las cajas de ahorros. Como se ha demostrado, los inspectores del Banco de España no supieron impedir la corrupción financiera, y por eso la Comisión Europea exigió la reforma de su sistema de supervisión como condición sine qua non para acudir a su rescate, según el célebre MoU dictado el 20 de julio pasado. Pues bien, así se hizo, y ahora nuestro sistema financiero va a contar con un doble sistema de supervisión aprobado esta misma semana por Bruselas. A nivel micro, el Banco de España introducirá inspectores externos empotrados (embeded) en el interior de cada entidad financiera. Y a nivel macro, el propio Banco de España será directamente supervisado por los inspectores empotrados que enviará la troika (BCE, CE y FMI).

¿Por qué no hacer lo mismo con nuestro sistema de partidos? En lugar de inspectores internos y por tanto endogámicos, como propone Esperanza Aguirre, introduzcamos inspectores externos empotrados en la tesorería de cada partido. Pero agentes empotrados que no puedan ser clientes del partido, como sucede con las agencias auditoras o de rating que asesoran a las empresas a la vez que las supervisan, cayendo así en la colusión del llamado conflicto de intereses. No, para que resulte incorruptible, el inspector empotrado debe ser absolutamente ajeno e independiente. Igual que debería suceder con los interventores municipales que yo reclamé en mi última columna, como inspectores empotrados en cada ayuntamiento para impedir la corrupción local. Por desgracia, tanto la FEMP (en manos del PP) como el PSOE se han opuesto a los interventores empotrados en nombre de la sagrada autonomía local. Y es de temer que lo mismo alegarían también nuestros partidos políticos, en defensa de

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