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Bauzá impedirá por ley las protestas con símbolos en fachadas públicas

El presidente balear pretende combatir la exhibición de la bandera del archipiélago Este acto crítico se ha convertido en símbolo de la oposición a la política lingüística regional

José Ramón Bauzá, presidente de Baleares, el pasado abril.
José Ramón Bauzá, presidente de Baleares, el pasado abril. Uly Martín

“No se podrá hacer política ni adoctrinamiento en las escuelas”, recalca el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, del PP, para justificar las dos nuevas leyes autonómicas que tramita, una sobre “la convivencia en las aulas” y otra sobre “símbolos”. El PP considera que desde el sector de la enseñanza, bajo influencia nacionalista y catalanista, se alienta una oposición pública frontal a su política. Así quiere vetar ese rechazo.

La gran mayoría de las fachadas de los colegios públicos exhiben desde el pasado curso un gran lazo con la bandera de las cuatro barras catalanas. El símbolo es una manera de expresar la negativa de los profesores a la política del Gobierno de Baleares en la normalización lingüística y en el uso y exigencia del idioma en la Administración. Contra esta acción crítica, dilatada en el tiempo y dispersa en las islas, el PP actúa con nuevas leyes, pese al rechazo de la izquierda, los nacionalistas y los colectivos de enseñanza.

Durante meses, la autoridad autonómica no ha logrado imponer la retirada de los lazos que reivindican la lengua propia y recalcan la unidad de la catalanidad cultural y lingüística. Los movimientos por la escuela pública, que han utilizado camisetas y lazos verdes como símbolos, también se han extendido como una marea.

El Gobierno de Bauzá, que dispone de mayoría absoluta, quiere impedir la exhibición de pancartas o banderas de protesta o afirmación en los inmuebles de propiedad oficial y, además, la posible implicación de educadores en campañas durante sus clases.

"Lo que siempre se ha pretendido es que en las fachadas de los edificios públicos no haya ningún tipo de manifestación de determinada opinión", destaca el portavoz gubernamental, Rafael Bosch. La oposición cree que se trata de "una actitud represora" de la libertad de expresión y de la pluralidad, “un recorte de los derechos”.

El consejero Rafael Bosch afirma que el propósito de la denominada Ley de Símbolos es garantizar "la neutralidad y objetividad de las fachadas públicas", pero en ningún caso coartar la libertad de expresión individual.

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Un sindicato corporativo de profesores afín al PP, ANPE, ha criticado que ante un “panorama escalofriante económico y social", el Gobierno no centre sus esfuerzos en salir de la crisis. "Nos queremos expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio".

Para Comisiones Obreras, la ley de símbolos va "totalmente en contra" de la libertad de expresión de alumnos, funcionarios y, en especial, de los docentes."Limita el uso de todos aquellos símbolos que no figuran en la ley. La interpretación de lo que es o no es un símbolo es "totalmente subjetiva y ambigua". El consejero Bosch replica que el derecho de expresión "de todos está garantizado en la Constitución".

El diputado del PSOE, Lluís Maicas, ve un proyecto "represivo que solo intenta silenciar la disidencia". Será “una ley que, en lugar de construir, destruye y ataca a la libertad". El socialista supone que se intenta "castigar a los que quieran utilizar las fachadas para colgar símbolos".

En el otro proyecto, el de la “ley de convivencia en las aulas”, el Gobierno de Bauzá busca garantizar la autoridad del profesorado. Será falta muy grave “la violación de la imparcialidad, la objetividad y la neutralidad en el ejercicio de sus funciones”. Los profesores no podrán manifestar posiciones “personales, familiares, corporativas, políticas y clientelares”. Las acciones de castigo contemplan el despido, la suspensión entre uno o seis años y el traslado.

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