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el caso de los espías de madrid

“Nos ordenaron seguir a Ruiz-Gallardón”

El agente que confesó a la juez el espionaje político en Madrid revela que hubo más “objetivos”

Los alcaldes de Getafe y Fuenlabrada, y la delegada del Gobierno, entre las supuestas víctimas

Ignacio González, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón y Manuel Cobo, en abril de 2004.

El guardia civil José Oreja, fichado como asesor de Seguridad en la Comunidad de Madrid e imputado en el caso del espionaje político ordenado por el Gobierno de Esperanza Aguirre, ha remitido una declaración a la juez reconociendo los seguimientos al exvicealcalde madrileño Manuel Cobo y al exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia Alfredo Prada, y ampliando la nómina de los ilegalmente investigados en 2008 al exalcalde de Madrid y hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; a la actual delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; al presidente de Arpegio (empresa pública de venta de suelo), a dos subalternos de Prada, Fernández y Cabezas, y a los entonces alcaldes de Getafe y Fuenlabrada (los socialistas Pedro Castro y Manuel Robles), junto con el jefe de policía municipal de Fuenlabrada.

“Gamón y Castaño [director y subdirector general de Seguridad] nos trasladan a principios de 2008 de forma verbal tanto a los tres policías [fichados también como asesores de seguridad] como a los tres guardias civiles una relación de personas a las que denominan objetivos, de los cuales el vicepresidente D. Ignacio González [hoy presidente autonómico] tiene especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos”, señala el guardia civil en el escrito firmado que su abogado, Ramón González Bosch, remitió al juzgado este pasado 8 de enero.

Los partes del espionaje que reveló EL PAÍS a principios de 2009 detallaban los movimientos de Prada y Cobo, incluso a medianoche, en actos privados y fuera del alcance de ninguna agenda. Por ejemplo, se describía la célula de seguridad del vicealcalde o cenas particulares del consejero. La causa del espionaje político se abrió tras las denuncias de Prada y Cobo. La juez imputo al ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, y a tres guardias civiles, además de un funcionario de la Comunidad de Madrid por la supuesta malversación de fondos públicos. Desde 2009 la juez ha archivado la causa en dos ocasiones pero la Audiencia provincial obligó a reabrirla por dos veces al ver suficientes indicios de delito en lo investigado.

Las “notas” se hacían en Gobelas y también se vigiló a Cristina Cifuentes


Tanto el guardia civil José Oreja como José Manuel Pinto, empleado de la Comunidad identificado pericialmente por el juzgado como autor de notas manuscritas en los partes del espionaje, extremo que ambos niegan, han solicitado al unísono a la juez que eleve la causa al Supremo, dado que consideran que Francisco Granados, consejero de Interior cuando ocurrieron los hechos, pudo cometer el delito de “omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución”, e Ignacio González, como posible responsable de malversación de fondos públicos al ordenar a los agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid una actividad ilegal.

En su exposición, el guardia civil cita las declaraciones de la exmujer de Gamón, Yolanda Laviana, en las que denunciaba que su exmarido solo reportaba a Ignacio González sobre los seguimientos ilegales.

El agente explica a la juez que cuando les ordenaron los seguimientos a los políticos por el interés que supuestamente tenía el vicepresidente Ignacio González les pareció “una locura”. “Por dos razones: la primera, por las personalidades de que se trata, autoridades legalmente constituidas o designadas. Y la segunda porque, para conseguir cualquier información relevante, habría que obtenerla de forma irregular, es decir, mediante actuaciones delictivas”.

El agente señala que los tres guardias civiles se dirigieron al entonces consejero de Interior, Francisco Granados, que les había fichado, para expresarle su “repulsa” a realizar los seguimientos. Y que este les dijo que no hicieran “ni caso”.

Para conseguir la información había que realizar actos ilegales”

“Respondemos: si quieres, no le hacemos caso, pero es el que manda en la dirección (...) Las quejas ante el consejero se vuelven a repetir hasta en tres ocasiones, sin que se tomen medidas al respecto”, señala. Y saca su conclusión: “La actitud del consejero nos demuestra, lo que ya empezábamos a tener claro, que no era capaz de imponerse al director, quien a su vez recibía y ejecutaba órdenes directas del vicepresidente”. Ante su intento de resistirse a las órdenes ilegales, Oreja asegura que se vieron obligados a escribir notas sobre sus actuaciones, en alusión a los partes del espionaje. Aclara que algunas veces los rellenaban con datos de agenda, pero otras veces se veían obligados a estar físicamente donde estaba el objeto del espionaje.

“Las notas se elaboraban en la dirección general de Seguridad, en la calle de Gobelas 33, en los ordenadores que teníamos asignados. Se entregaban en mano al director o al subdirector en sus respectivos despachos. Sobre una de esas notas vimos escribir a Castaño”.

¿Qué ocurrió con esas notas de seguimientos ilegales cuando Gamón fue sustituido en la dirección de la seguridad madrileña por el hoy comisario general de Información, Enrique Barón? “Cuando se cesa a Gamón, las notas quedan en su despacho a disposición y custodia del nuevo director general de seguridad, Enrique Barón, teniendo constancia de que era conocedor de su existencia”.

El guardia civil José Oreja ya testificó ante la juez en diciembre pasado confirmando la existencia de los seguimientos ilegales. Hasta ahora, según su confesión, había ocultado lo ocurrido en el departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid por miedo a represalias físicas a él o a su familia.

El año en que se inicia este espionaje a rivales de Esperanza Aguirre dentro y fuera del PP es 2008, cuando desde el equipo de confianza de la presidenta autonómica se cuestionaba el liderazgo de Mariano Rajoy al frente del PP, tras su segunda derrota electoral de marzo. En junio de dicho año se celebró un congreso del PP en Valencia, donde Rajoy revalidó su poder. Pero hasta ese momento, Aguirre había amagado con intentar arrebatarle el puesto e Ignacio González era ya su mano derecha. Y en ese plan se hacía imprescindible conocer los pasos de quienes dentro del partido en Madrid eran claramente afectos a Rajoy, como Ruiz-Gallardón, Cobo o Prada.

La juez que investiga el espionaje político ha archivado dos veces la causa, pero la Audiencia Provincial la ha reabierto y ordenado que se siga investigando para determinar la cantidad malversada por ordenar actividades ilegales a personal autonómico. En el sumario se incluyen informes periciales que acreditan, por la localización de sus teléfonos móviles, que tres guardias civiles y un policía nacional siguieron a los políticos Cobo y Prada. Hay partes mecanografiados de los seguimientos durante abril y mayo de 2008 con notas manuscritas con datos de las personas que se relacionaban con los espiados. De momento, la investigación no ha encontrado partes relacionados con los seguimientos a Gallardón y los demás supuestos “objetivos”.

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