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Los funcionarios llevan a La Moncloa la batalla por la paga extra de Navidad

Muchos empleados públicos pedirán “un anticipo reintegrable” para que les adelanten la extra del verano

ANABEL DÍEZ | CORRESPONSAL POLÍTICA

Si ha habido una rectificación puede haber más si la presión continúa. Esta es la máxima con la que se conducen los sindicatos de funcionarios, tanto la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) como CC OO y UGT. Los primeros irán este jueves a Moncloa para entrevistarse con los subsecretarios de Presidencia y Hacienda, y dejar claro que no se resignan a que empiece el año sin que hayan cobrado la parte de la paga de Navidad que les corresponde, porque cuando se dictó el decreto de supresión en la mitad de julio de 2012, los funcionarios ya habían trabajado y adquirido el derecho durante mes y medio. Estos supondría que les corresponde entre un 15% y un 20% de las paga.

El Gobierno se ha avenido a restituir a los empleados públicos la retención de la paga de Navidad que no han cobrado, aunque mantiene la prohibición a las comunidades autónomas de que adelanten a sus funcionarios la paga de Navidad a cargo de la de junio de 2013. Estas y los ayuntamientos buscan fórmulas para soslayar la acusación de prevaricación con la que amenaza el Gobierno central para quien pague a sus funcionarios.

Varios frentes reivindicativos mantienen los funcionarios a través de sus sindicatos, con la supresión de la paga de Navidad como elemento más llamativo, aunque está en estudio todo el replanteamiento de la carrera funcionarial. Pero nunca como ahora, y después de sucesivas bajadas de salarios, los empleados públicos habían presionado tanto para que paren las restricciones que les atenazan. Con este planteamiento transcurrirá la reunión de los dirigentes del sindicato de funcionarios independiente, CSI-F, en Moncloa. De entrada pedirán la parte de la paga que les corresponde, basándose en argumentos legales y en los elaborados por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que también ha formulado la misma recomendación a la administración.

Todo es posible una vez que Hacienda ha transigido con devolver a los funcionarios las cotizaciones correspondientes a la paga extra de Navidad no cobrada; es decir, una cotización “fantasma”, como señalan los sindicatos de funcionarios ya que se les retiene una cantidad en virtud de una paga que no habían cobrado. Es decir, se les había quitado entre 120 y 160 euros, en una decisión que soliviantó al máximo a este colectivo, que ha visto descender su poder adquisitivo en torno a un 30% en los dos últimos años tras sucesivos recortes y congelaciones.

Los funcionarios quieren escuchar de los altos cargos su planteamiento sobre la reforma de la Administración pero también quieren aportar su opinión sobre el establecimiento de criterios de eficacia y eficiencia, la productividad y, sobre todo, “la dignificación de su papel ante la sociedad”, señalan fuentes sindicales. Ahora bien, junto a la reforma no pueden soslayar el asunto retributivo que ya les resulta angustioso.

En algunas comunidades autónomas están resignados a no recibir la paga correspondiente a diciembre de 2012 pero los funcionarios vascos, extremeños y navarros, dan por seguro que la recibirán aunque a sus gobernantes les cause un problema con el gobierno central. Los informes jurídicos sobre qué argucia utilizar para adelantar la paga de verano de 2013 a los primeros días de enero florecen en numerosas administraciones locales y autonómicas. La opción del “anticipo reintegrable” toma cuerpo en estos días y parece que será muy seguido. Se trata de que los funcionarios soliciten un anticipo, equivalente a la paga, que se reintegrará con la paga de junio, según revelan fuentes sindicales. Esta figura es perfectamente legal por lo que evitarían que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, cumpliera su amenaza de acusar de prevaricación a la administración que de la paga que el gobierno suprimió. No es la paga, es un anticipo.

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Sobre la firma

ANABEL DÍEZ | CORRESPONSAL POLÍTICA
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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