PSOE e IU quieren forzar en enero el debate de la nueva ley de desahucios

Será una de las reformas legales más trabajadas en lo que va de legislatura. Se trata de la tramitación en proyecto de ley del decreto sobre desahucios por impago de las hipotecas. Todos los grupos parlamentarios han pedido prorrogar hasta final de año el plazo de presentación de enmiendas al proyecto del Gobierno, que consideran claramente insuficiente. Y el Grupo Socialista e Izquierda Plural, de momento, quieren forzar que se debata en enero, aunque no sea un mes hábil en el Parlamento, para que entre en vigor lo antes posible.

El decreto ley de medidas para paliar los desahucios, aprobado por el Gobierno el 15 de noviembre, fue convalidado por el Congreso el 29 de ese mes, solo con los votos de UPyD; todos los demás grupos anunciaron la presentación de enmiendas a la totalidad. Menos es nada, reconocen los portavoces de la oposición, pero la situación social que se ha creado por los desahucios obliga, sostienen, a que los poderes públicos den pasos más largos y decididos. Todos están de acuerdo en que la moratoria de dos años durante la que no se ejecutarán desahucios supone un parche muy débil, ya que no corta la escalada de los intereses por demora (los que se abonan por dejar de pagar la hipoteca, y que no tienen tope). Pasados esos dos años de moratoria, el ciudadano afectado se encontrará con que su deuda se ha incrementado de manera descomunal. Es uno de los puntos que pretende cambiar la oposición.

En las enmiendas que preparan el Grupo Socialista e Izquierda Plural, por separado, se pide también el aumento del umbral máximo de rentas para poder entrar en el cupo de las medidas paliativas por el impago de la hipoteca. En el proyecto del Gobierno el tope se sitúa en 19.200 euros anuales entre todos los miembros de la familia. El PSOE pide que se eleve, al menos, hasta 22.000. Si no, dicen, habrá que rozar la indigencia para entrar en el cupo.

Los partidos admiten que la iniciativa la han llevado los grupos ciudadanos

La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, reclama una mayor flexibilidad y que se tenga en cuenta la realidad que ha provocado que familias de clase media desciendan muchos escalones sociales. La pérdida de trabajo ha producido “situaciones sobrevenidas” de dificultad extrema en ciudadanos que “no pagan porque no pueden”.

Para cerrar sus enmiendas, los grupos de la oposición cuentan ya con un caudal de propuestas muy notable que les llega de los Ayuntamientos, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de la oficina del Defensor del Pueblo. Los partidos admiten que son grupos y plataformas ciudadanas las que han llevado la delantera en este asunto y han logrado con su presión detener algunos desahucios. El PSOE ha pedido incluso disculpas por haber votado en contra del cambio de la Ley Hipotecaria cuando estaba en el Gobierno.

Las enmiendas al proyecto del Ejecutivo del PP plantean asimismo crear programas de mediación con los bancos para renegociar las hipotecas y que, antes de aplicar la dación en pago (la entrega del piso para saldar la deuda), se apliquen medidas alternativas como el “alquiler social”, de modo que los afectados puedan quedarse en su vivienda y pagar un alquiler acorde con sus posibilidades hasta que su situación mejore. En todas las enmiendas figurará la petición de que los bancos que reciban ayudas del Estado faciliten a los ciudadanos pisos de alquiler. Los grupos confían en que, en el caso de esta ley, el Gobierno sí está dispuesto a introducir cambios.