Exteriores reclamará el dinero gastado en rescatar a españoles
Una ley exigirá el “reembolso” a quien se ponga en peligro. No son los pagos por rescates de secuestrados sino gastos para auxiliar o sacar de un país a un español en riesgo Hacienda podrá impedir abrir 'embajadas' a las autonomías que incumplan el déficit
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación quiere dotarse de una ley para “exigir el reembolso” del dinero público desembolsado para pagar el rescate o asistencia a ciudadanos españoles en el exterior cuando estos se hayan expuesto “voluntariamente” a una situación de riesgo. Así consta en el borrador del anteproyecto de la Ley de Acción Exterior elaborado por el departamento que dirige José Manuel García-Margallo. Ni este Gobierno ni los anteriores han admitido nunca el pago de rescates para liberar a españoles secuestrados.
“Cuando el Gobierno, en una situación de emergencia consular, decida intervenir en operaciones de asistencia o rescate en el extranjero que comporten pagos a terceros con cargo a los recursos presupuestarios del Estado, podrá exigir el reembolso de la totalidad o parte de los mismos a quienes se hayan expuesto voluntariamente a riesgos sobre los que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informa [...] o de los que hubiera podido tener conocimiento por cualquier otro medio”, reza el artículo 24 del borrador, al que ha tenido acceso Europa Press.
Fuentes diplomáticas sostienen que no debe entenderse que se reclamará el pago del “rescate pagados a los secuestradores” —entre otras cosas porque ni este Gobierno ni los anteriores han admitido nunca esos pagos—, sino los gastos en los que el Estado incurra cuando deba auxiliar o sacar de un país a un español que esté en riesgo.
En la actualidad, dos cooperantes españolas de Médicos sin Fronteras permanecen secuestradas en Somalia. Otros dos cooperantes raptados en los campamentos saharauis en Tinduf (Argelia) fueron liberados en julio. Pocos días después, el Ejecutivo repatrió al resto de cooperantes en Tinduf tras recibir una alerta de los servicios secretos. El único que decidió quedarse tuvo que eximir por escrito al Gobierno español de toda responsabilidad.
El anteproyecto aborda también el funcionamiento de las oficinas que abren en el extranjero las comunidades autónomas para promocionarse, a veces llamadas embajadas. Deberán recibir un informe favorable de Hacienda, que “tendrá carácter vinculante cuando se trate de comunidades que hayan incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria”. Es decir, que las que superen el tope de déficit (como Cataluña este año) podrían tener que cerrar sus oficinas fuera de España.
