Política

Conjura policial contra el soberanismo

Un grupo de agentes elabora otros cinco informes sin firma

Están basados en sumarios abiertos mezclados con datos sin contrastar

Acusan a jueces, políticos y periodistas catalanes

Artur Mas es felicitado por Jordi Pujol tras su reelección como presidente de la Generalitat. / A. DALMAU (EFE)

Un grupo de policías emboscado en el anonimato está lanzando informes sin firma con sospechas de grave corrupción contra la clase política gobernante en Cataluña, contra algunos jueces y fiscales que investigan la corrupción de dirigentes de Convergència y contra directivos de los diarios de mayor difusión en esa comunidad autónoma.

Esta conspiración policial anónima, que el Ministerio del Interior no parece controlar, irrumpió cuando el Gobierno de Artur Mas inició su deriva soberanista para lograr la independencia de Cataluña, convocó elecciones anticipadas y anunció la fecha de una consulta sobre el derecho a decidir.

Desde entonces, los policías que elaboran esos informes contra el soberanismo catalán pretenden defender con su estrategia la unidad de España —en peligro por culpa del plan rupturista de los nacionalistas catalanes—, según interpretan fuentes policiales.

Ese grupo anónimo distribuyó un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) —falso, según declaró el jefe de esa unidad policial al juez— para desacreditar al presidente catalán en plena campaña electoral. Ahora, otros cinco informes, también sin firma, circulan por los mismos territorios con idénticos objetivos.

En estos informes, que ha analizado EL PAÍS, los policías anónimos aíslan datos reales, basados en hechos probados incluidos en sumarios, y los mezclan con otros datos procedentes de investigaciones preliminares, atribuidos a fuentes anónimas, no contrastados por nadie, en algún caso falsos y en otros muchos resultado de elucubraciones sin fundamento.

Interior dice que aún no sabe quién fabricó el informe con sello de la UDEF

Esos documentos anónimos pero elaborados supuestamente en algún departamento del Ministerio del Interior se distribuyen convenientemente y se convierten en escándalo de primeras páginas. Los periódicos que acogen esa mercancía irregular fuera del circuito legal y ajena a la instrucción judicial manipulan el titular hasta llevarlo más allá de donde llevó el policía anónimo su propio análisis.

El trabajo de esos agentes sin identificar ha sido amparado por altos dirigentes del Gobierno y del PP a través de declaraciones públicas que sirven como altavoz de las elucubraciones. Ha habido ministros, como el de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha llegado a pedir cuentas a los políticos de CiU acusados por esos informes sin firma ni destinatario.

El desconcierto en el Ministerio del Interior respecto a estas prácticas cuanto menos alegales es mayúsculo, a juzgar por las declaraciones públicas de sus responsables. Un mes y medio después de que apareciese el supuesto borrador de la UDEF que sugería, sin aportar una sola prueba, que el presidente Artur Mas había cobrado comisiones ilegales a través de cuentas en Suiza, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asegura que aún ignora quién fabricó el papel.

‘CASO PALAU’

LO INVESTIGADO. El Gobierno de Jordi Pujol (hasta 2003) adjudicó contratos de obra pública a Ferrovial a cambio de comisiones millonarias para su partido CDC, según la investigación judicial. Están imputados dos extesoreros de CDC (el partido mayoritario en la coalición que gobierna Cataluña). El máximo responsable de Palau de la Música, Félix Millet, imputado también en la causa, intermedió para hacer llegar el dinero de Ferrovial al partido de Jordi Pujol y Artur Mas. El juez impuso una fianza de 3,2 millones al partido para responder civilmente del daño ocasionado. Convergencia puso su sede principal como aval de esa fianza.

LAS ACUSACIONES SIN PRUEBAS. Posible cobro de comisiones ilegales de obras públicas por parte del presidente Artur Mas y del expresidente Jordi Pujol, que habrían ingresado parte de ese dinero en cuentas bancarias suizas.

La víctima principal de estas prácticas anónimas e ilegales es la clase política que gobierna en Cataluña, que, sin embargo, sí está inmersa en varios procedimientos judiciales, como el caso Palau y el caso ITV, donde se acumulan decenas de pruebas sólidas de su presunta corrupción. Esos casos judicializados, que se investigan desde hace mucho tiempo, tienen ya imputados a relevantes dirigentes de Convergència, el partido mayoritario en la coalición CiU.

En los informes policiales anónimos —además del fabricado con el membrete de la UDEF hay otros cinco que circulan sin sello ni firma con el título “Sumario Palau. Análisis de situación”, fechados entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre de este año— se citan como fuentes de la información “sectores judiciales no nacionalistas, empresariado catalán, servicios policiales extranjeros, imputados que quieren negociar y sindicalistas de los Mossos”. Entre los imputados que quieren declarar, según uno de los informes anónimos, figura el ingeniero informático Hervé Falciani, que trabajó en el HSBC Private Bank de Ginebra y copió los datos de 130.000 cuentas, entre ellas 3.000 de españoles que supuestamente defraudaron al fisco. Los informes anónimos apuntan que Falciani, ya en libertad, podría facilitar datos referidos a autoridades catalanas que blanquearon dinero a través de Suiza.

Los policías descalifican en sus “análisis de situación” a los jueces y fiscales que investigan los casos de corrupción que afectan al Gobierno catalán de CiU, sugiriendo que quieren tapar el escándalo porque trabajan a sueldo de los políticos independentistas catalanes.

Estos jueces y fiscales a los que descalifican los policías anónimos en sus informes son los mismos jueces y fiscales que han imputado al extesorero de Convergència y los mismos que han impuesto a este partido una fianza de responsabilidad civil de 3,2 millones, además de destapar una red de financiación ilegal a través del Palau que se nutría con las comisiones que pagaban determinadas constructoras, entre ellas Ferrovial, por la adjudicación de obras públicas por parte del Gobierno catalán de Jordi Pujol hasta 2003.

Para descalificar al juez del ‘caso Palau’ se usó una ayuda a una fundación

Todo lo que los policías anónimos escriben en sus informes sin firma ni destinatario acaba publicado en determinados periódicos de tendencia conservadora. Así ocurrió con la denuncia policial anónima contra el juez del caso Palau, que decía así: “Su señoría Josep María Pijuan surgiendo como forma de sentirse realizado que le gustaría una Fundación para reinsertar los desclasados socialmente (IRES). A partir de ese momento, al parecer se le ha inyectado a esta Fundación fondos de la Generalitat, en una ingente cantidad de euros por importe de varios millones”. Con esta información bastante incomprensible, los policías querían sugerir que el juez protegía los intereses del Gobierno catalán como pago a la subvención recibida para esa fundación.

Los mossos anónimos que supuestamente nutren de información a los policías anónimos que hacen informes anónimos cuentan que vieron billetes de 500 euros en el maletero del coche del consejero catalán de Interior, Felip Puig; y que Félix Millet, expresidente del Palau de la Música y principal acusado de robar 30 millones de euros en esa institución, habló con Artur Mas el día que registraban su casa, y que si el caso “termina en un juzgado fuera de Cataluña” aportarán documentación que compromete a miembros del Gobierno catalán.

Imágenes captadas por la policía a principios de 2011 —e incorporadas al sumario— en las que se ve al secretario general de CiU, Oriol Pujol, en un restaurante de Barcelona en compañía de empresarios.

Con esos supuestos chivatazos futuros de los Mossos se fabricó parte del famoso informe de la UDEF que acusaba a Mas de tener cuentas en Suiza con dinero procedente de comisiones ilegales.

Los informes incluyen en algunos casos errores de bulto para magnificar el escándalo. Como cuando señalan que un juzgado de instrucción investiga un pelotazo inmobiliario de 800 millones de euros por la venta de unos terrenos a Eroski que valían “538 millones de euros” y se vendieron por “1.337 millones”. “Se investigan los 800 que faltan, con cuentas en Liechtenstein a nombre de varios dirigentes políticos, entre ellos AM (Artur Mas) y su padre”, señala el anónimo.

El pelotazo inmobiliario se investiga desde hace 15 años, pero fue de 800 millones de pesetas, no de 800 millones de euros, y no aparece Artur Mas por ningún lado.

Otro informe anónimo intenta rebuscar en la vida de los directivos de los principales periódicos que se editan en Barcelona vínculos con el blanqueo de capitales o con el delito fiscal o simplemente con su apoyo al Gobierno catalán de CiU por motivos inconfesables.

Los agentes anónimos deslizan acusaciones graves contra periodistas

En el encabezamiento de los informes anónimos se señala que las denuncias de corruptelas proceden de “fuentes judiciales y de fiscalía que con ocasiones de reuniones cordiales han mostrado preocupación”.

La Fiscalía ha mostrado preocupación, pero no ante la deficiente investigación de los casos de corrupción en Cataluña, sino ante la filtración interesada en las últimas semanas de informes anónimos con datos falsos o sin contrastar que ponen en cuestión el Estado de derecho, según fuentes judiciales.

La única reunión que se conoce entre agentes y fiscales —porque la dio a conocer con otro escrito, también anónimo, el Sindicato Unificado de la Policía— se celebró el 28 de octubre pasado, en plena precampaña electoral catalana, y no resultó muy cordial. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, llegó a considerar la reunión una maniobra irregular “desde el punto de vista de la relación procesal entre las fuerzas del orden y la fiscalía”, dado que “la sugerencia de actividad de los policías a los fiscales estaba fuera de situación porque no era el cauce regular” para plantearla.

Aquella cita en la fiscalía se produjo en las fechas previas al comienzo de la campaña electoral catalana, donde se dirimía el futuro de esa comunidad y el desafío soberanista del candidato Artur Mas. El exjefe de la UDEF José Luis Oliveras, nombrado jefe del Centro de Inteligencia del Crimen Organizado (CICO), pidió una reunión con el fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, encargado de la investigación, entre otros, del caso Palau, en el que están imputados los extesoreros de Convergència y que ha puesto al Gobierno catalán bajo la sospecha de grave corrupción.

‘CASO ITV’

LO INVESTIGADO. El reparto de nuevas estaciones para la inspección técnica de vehículos en Cataluña derivó en un escándalo de supuesto tráfico de influencias por parte del Gobierno de Artur Mas. El principal sospechoso de ese tráfico de influencias es el número dos de Convergencia y secretario general de este partido, Oriol Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat. La juez está pendiente de un informe para decidir si hay indicios suficientes para la imputación de Oriol Pujol. Un informe de la Agencia Tributaria señala que Oriol Pujol forma parte de una iniciativa empresarial que pretendía lograr, de forma fraudulenta, la adjudicación de estaciones de ITV y hacer negocios en el sector de la eficiencia energética gracias a sus contactos en la esfera política. Pujol “proporciona el impulso y el apoyo necesario” para que el proyecto “llegue a buen fin” y, presuntamente, “tendría indirectamente participación accionarial en Upprime Energy a través de Sergi Alsina”, su amigo empresario, señala el informe.

La excusa de la reunión solicitada por Oliveras era presentar a Marcelino Martín Blas, jefe policial de Asuntos Internos, competente en la investigación de casos de corrupción policial. Tras diez minutos de conversación protocolaria, donde hablaron de temas relacionados con la corrupción policial y un nuevo grupo que se iba a crear para combatirla, Oliveras fue al grano con una cuestión que excedía sus competencias actuales y las de su compañero de Asuntos Internos. “Si encomienda el asunto del Palau a este nuevo grupo, podemos obtener resultados”, le soltó al fiscal, según fuentes conocedoras de la reunión.

En la instrucción de la trama corrupta que salpicaba de lleno al partido en el Gobierno de Cataluña, el fiscal Sánchez Ulled había aconsejado al juez que para rastrear el destino de decenas de millones presuntamente robados por los directivos de la institución cultural sería bueno acudir a una unidad policial de ámbito nacional, dado que el tráfico de dinero podía afectar a bancos y sucursales de toda España. Y por eso encomendaron a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía rastrear el destino de lo robado. Esa unidad policial nacional contó con el apoyo del fiscal y del juez para su investigación y entregó su trabajo hace meses, cuando Oliveras era jefe de la UDEF.

Ahora, en otro puesto distinto de la policía, Oliveras intermediaba a favor del jefe policial de Asuntos Internos para investigar más el caso, al margen de su sustituto en la UDEF. Tras la irregular petición, llegó otra sorprendente. Oliveras y Martín Blas pidieron al fiscal su apoyo para conseguir una orden judicial de registro de la sede de Convergència y la casa del extesorero. El fiscal les explicó que llevaban tres años de investigación del caso y que tanto Convergència como el extesorero hacía muchos meses que conocían toda la investigación abierta contra ellos. En esas condiciones, no habría nada que encontrar en esa sede.

Los policías intentaron argumentar que todo el mundo guarda papeles y sugirieron que los confidentes tenían información. Cuando el fiscal les preguntó si tenían confidentes que les habían contado algo relevante, los agentes contestaron que no, pero que los confidentes se podían buscar.

Los policías mostraron un supuesto informe del caso Palau al fiscal, que comprobó que se trataba de una simple cronología de la instrucción del caso y algunos párrafos copiados y pegados de partes del sumario que él mismo había escrito.

El fiscal consideró muy poco seria la extraña oferta de aquella pareja de policías y les pidió que fueran al juez a pedirle autorización para lo que querían hacer, porque estaba convencido de que obtendrían la misma negativa que él les había dado.

Los dos agentes no fueron a ver a nadie, pero el fiscal, sorprendido y preocupado, advirtió por teléfono a sus superiores y al juez del caso de todo lo ocurrido en ese extraño encuentro.

Un informe anti-Mas confunde millones de pesetas con millones de euros

Sólo unos días después de aquella cita entre los dos jefes policiales y el fiscal del caso Palau, varios periódicos próximos al PP lanzaban informaciones que culpaban a los dirigentes de CiU de todo tipo de delitos, la inmensa mayoría sin que hubiera todavía pruebas solventes para sustentar las acusaciones.

Cuando Manuel Vázquez, jefe actual de la UDEF, acudió al juez del caso Palau a declarar por el informe fabricado con el membrete de su departamento, declaró que era falso, que ningún agente de su unidad lo había elaborado, y se sorprendió al conocer que dos compañeros suyos de otros departamentos —Oliveras y Martín Blas— habían visitado al fiscal para pedirles que les encomendara la investigación.

El jefe directo de esos tres policías, Ignacio Cosidó, director general de la Policía, no ha tomado ninguna medida ante el sorprendente desliz en un momento político tan delicado en Cataluña y el resto de España.

“Si el trabajo de este grupo de policías anónimos es inducido por un cargo político del Ministerio del Interior o del partido en el Gobierno, es muy grave. Pero si no ha sido inducido también es muy grave, porque significa que nadie controla a ese grupo policial autónomo que ha cobrado vida propia y que se dedica a lanzar acusaciones de corrupción con escaso fundamento”, señalan fuentes fiscales.

“Llegará un día”, dice un profesional judicial muy avezado en la investigación de casos de corrupción al que ha consultado este periódico, “en que haya una investigación seria firmada por la UDEF y se la habrán cargado por todo lo que está pasando ahora. Nadie se fiará del trabajo de esa unidad policial, donde están pasando estas cosas. La onda expansiva de todo esto es terrible”.

El Ministerio del Interior no ha sido capaz aún de frenar estas prácticas presuntamente ilegales.

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