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¿Pueden hacer huelga los jueces?

El Ministerio de Justicia y el Consejo General de Poder Judicial afirman que hay un “vacío legal”

Los jueces de toda España —que son funcionarios pero al mismo tiempo encarnan un poder del Estado— están convocados hoy por asociaciones profesionales y sindicatos a secundar un paro parcial de una hora —de 12.00 a 13.00—, y no descartan ir a la huelga en enero. Pero no está claro que estén autorizados a hacerla. Tampoco que no lo estén. El Ministerio de Justicia y el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) afirman que existe un “vacío legal” que hace imposible responder a esta pregunta: ¿Pueden hacer huelga los jueces?

Hay un precedente: el 18 de febrero de 2009, cientos de jueces pararon un día entero, convocados por dos asociaciones, para reclamar más medios materiales y personales al entonces ministro, el socialista Mariano Fernández Bermejo. Fue la primera huelga de jueces de la democracia. El pleno del CGPJ dictó entonces un oficio explicando que no podía decretar servicios mínimos, y ni siquiera dar por “anunciada” la convocatoria, porque “el ejercicio del hipotético derecho de huelga de jueces y magistrados carece en el momento actual de soporte normativo”. Así que fueron los propios huelguistas quienes fijaron sus servicios mínimos, tramitando solo las causas urgentes. Ese mismo día, Fernández Bermejo anunció que enviaría al Consejo de Ministros una ley para regular de una vez “el modo en que los jueces pueden reivindicar sus derechos”, subrayando que en su opinión “un poder del Estado no puede ir a la huelga”. No hubo ley.

Segundo precedente: el 14 de noviembre de este año, 109 jueces comunicaron al CGPJ que se sumaban a la huelga general; este, según explica un portavoz del órgano de gobierno de los jueces, repitió su argumentación de 2009 sobre el vacío legal y cinco días después reenvió los escritos al Ministerio de Justicia, porque “le corresponde a él decir si los magistrados están en huelga y si les detrae el sueldo de ese día”. Justicia dice que no tiene constancia de que el escrito haya llegado, y añade que, en todo caso, no tomará ninguna decisión, porque “corresponde al CGPJ decir si los jueces pueden hacer huelga o no”. El derecho a la protesta del tercer poder del Estado sigue, por tanto, en un limbo legal.

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