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Archivada la investigación contra el juez Andreu por su error con la trama china

La decisión de Fernando Andreu de prorrogar las detenciones de los cabecillas llevó a la puesta en libertad del jefe de la trama

Gao PIng, a su salida de la Audiencia Nacional el 7 de diciembre.
Gao PIng, a su salida de la Audiencia Nacional el 7 de diciembre. DOMINIQUE FAGET (AFP)

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido archivar la investigación que había abierto contra el instructor de la Operación Emperador contra el blanqueo de dinero, el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, por la decisión de prorrogar las detenciones de los presuntos cabecillas de la red de Gao Ping, una equivocación que provocó la puesta en libertad del propio Ping y de los demás supuestos líderes de la trama.

El CGPJ ha archivado la investigación al concluir que no puede "entrar a valorar el acierto o desacierto de una decisión jurisdiccional desde una perspectiva disciplinaria", según informó hoy el Consejo.

Los vocales de la Comisión Disciplinaria entienden que sancionar a Andreu disciplinariamente sería "entrar corregir por una vía indebida decisiones judiciales, para cuya corrección, en su caso, se encuentra arbitrada la vía de los recursos legalmente establecidos". Los miembros de la Comisión Disciplinaria han decidido decretar el archivo en la reunión mantenida esta mañana.

La investigación fue abierta por el CGPJ el pasado 29 de noviembre. Andreu tuvo que ordenar la puesta libertad sin fianza del magnate chino Gao Ping, el presunto líder de la trama de desvío de capitales y evasión fiscal desarticulada en la Operación Emperador, así como de otros 19 supuestos cabecillas de la red mafiosa.

La puesta en libertad de Ping, al igual que la del resto de supuestos cabecillas de la trama de blanqueo, se basó en la decisión del juez Andreu a la hora de prorrogar sus detenciones. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó las excarcelaciones al considerar que las prórrogas de las detenciones de los presuntos líderes de la red de Ping, decretadas por el juez Andreu con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción y que superaron el límite de 72 horas, no tenían "cobertura legal" y se basaron en una "interpretación errónea" de la legislación y de la doctrina del Tribunal Constitucional.

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