Jueces, fiscales y abogados echan un pulso a la reforma de Gallardón

“Lo damos por muerto como interlocutor, no nos vale para hablar”. Después de varios meses de tensión creciente, el juez decano de Madrid y portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, enterró definitivamente el pasado 28 de noviembre al ministro de Justicia. Él lo dijo con palabras más duras, pero eso mismo, ese día, lo pusieron por escrito todas las asociaciones de jueces y fiscales, reunidas en una “comisión interasociativa de conflicto”: “Al no considerar como interlocutor válido al ministro D. Alberto Ruiz-Gallardón, las asociaciones de jueces y fiscales pedimos una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy”.

La Moncloa no ha respondido. Es más que improbable que Rajoy desautorice a Gallardón y lo aparte como interlocutor. Pero el sector judicial está ya incendiado. Mañana martes, jueces, fiscales, abogados y una parte de los secretarios judiciales —es decir, prácticamente todos los cuerpos profesionales que entran en juego en la Administración de justicia—, además de sindicatos y organizaciones de consumidores, participarán en un acto público conjunto, y para el día siguiente, 12 de diciembre, han convocado un paro de una hora en los juzgados de toda España. Amenazan con huelga, en enero —sería la segunda de la democracia, tras la que los jueces hicieron contra el Gobierno del PSOE en 2009—, si el ministerio no accede a sus reclamaciones.

Leyes ya presentadas

• Menos días libres y más trabajo para los jueces. La Ley de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de justicia —aprobada en octubre por el Consejo de Ministros y ahora en trámite parlamentario— reduce de 18 a 12 los días de permiso por asuntos propios al año (además, nueve de esos 12 días deben ser utilizados para estudiar expedientes de especial complejidad, aunque se abre la puerta a justificarlos por "otras circunstancias" sin especificar). Por otra parte, serán los jueces de carrera y no los interinos quienes asuman principalmente las sustituciones, cobrando un plus del 80% del complemento de destino.
• Ley de tasas. Está en vigor desde el 22 de noviembre, aunque aún no se aplica por un error administrativo. Con el objetivo de "reducir el exceso de litigiosidad", el Gobierno aumentó las tasas judiciales por poner una demanda en primera instancia o un recurso en segunda, y las extendió a todos los ciudadanos. Presentar un recurso de apelación pasa de 300 euros a 800; uno de casación ante el Supremo, de 600 euros a 1.200.
• Código Penal más duro. Aprobado por el Gobierno en octubre, aún debe pasar por el Parlamento. Entre otras cosas, crea la prisión permanente revisable, establece penas accesorias de prisión a los reos más peligrosos tras haber cumplido condena y castiga la difusión de vídeos íntimos ajenos.

¿Qué reclamaciones son esas? ¿Se han convertido las asociaciones de jueces, fiscales y abogados en activistas defensores de la ciudadanía frente a leyes impopulares como la de las tasas o frente al drama de los desahucios, o en el fondo de su pelea se agazapa un interés corporativo y el intento de hacerse más fuertes de cara a la negociación para preservar sus condiciones laborales, como ha sugerido Gallardón? “Con respeto a los colectivos afectados, quiero recordar que el Gobierno trabaja para el interés de todos los españoles”, dijo el ministro en plena tormenta por las tasas, dejando claro que no pensaba rectificar aunque la crítica fuera unánime. Y añadió señalando, sin citar, a todos esos cuerpos profesionales: “Quieren mantener el antiguo régimen”.

Todas las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales con las que ha hablado este periódico admiten que, en el origen, el conflicto era puramente laboral: el proyecto de ley de “medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia” —aprobado por el Gobierno en octubre y actualmente en tramitación en el Senado— había hecho saltar las alertas desde antes del verano. Una ley que introducía en el ámbito judicial los recortes generalizados en la función pública —incluida una reducción de días libres— y eliminaba prácticamente la figura del juez interino sustituto, traspasando esa carga extra de trabajo a los titulares (a cambio de un plus en el sueldo). Los jueces lo consideraron una declaración de guerra.

“Es cierto que esto empezó en verano como una protesta por la reforma de nuestras condiciones laborales. Por eso creamos la Comisión Interasociativa. Nuestro único objetivo entonces era evitar los cambios previstos en esa ley, que aún estamos intentando negociar”, explica María Teresa Sáez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los 5.200 jueces que hay en España (el 18%, interinos). “Luego, sobre la marcha, surgió el tema de las tasas, se agravó el de los desahucios... Y dijimos: no podemos hablar solo de lo nuestro. Ampliamos nuestras reivindicaciones”, afirma.

Las asociaciones han convocado un paro esta semana y estudian la huelga

Antonio Romá, de la Asociación de Fiscales (con cerca de 450 afiliados de los 2.400 fiscales españoles), coincide: “Claro que la base de esta protesta es corporativa, laboral, lo cual es muy legítimo, por cierto. Lo que pasa es que luego los periodistas nos preguntan por las tasas, los desahucios, el Registro Civil, los indultos... y respondemos. Quizá esa ley de tasas debería ser distinta, quizá otras deberían serlo... pero nuestra protesta principal es porque el ministerio quiere cambiar el régimen estatutario del sector. Nos hacen pasar por privilegiados, pero nosotros nos sentimos maltratados”, dice. Y pone ejemplos de por qué: “Tenemos todos los inconvenientes del funcionario y los del autónomo: nos jubilamos a los 70 años, con un régimen de incompatibilidades muy severo, no tenemos horario... Yo, si debo resolver un informe de un caso, no sé lo que es un fin de semana libre”.

“Lo de obligarnos a hacernos cargo de las sustituciones, es decir, de nuestro juzgado y del de al lado cuando haya una baja, es inasumible”, abunda el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, que ataca frontalmente al ministro: “Gallardón no está jugando limpio. Intenta desprestigiarnos. En las primeras negociaciones nos decía que tenía que recortar presupuesto por el tema del déficit, que si el Banco Central Europeo, que si Montoro... Pero es que el ministerio va a cambiar por completo las condiciones de trabajo. Y hay una conexión directa entre nuestras condiciones de trabajo y la calidad del servicio al ciudadano”, subraya.

La ley que obliga a los titulares a hacer sustituciones prendió la mecha

Cuando aprobó el nuevo régimen de sustituciones —que además de dar más trabajo a los jueces de carrera dejará sin empleo a un millar de jueces interinos—, el ministerio señaló que eso iría en beneficio de la “profesionalización” de la justicia, una antigua reivindicación de las asociaciones. “Es verdad, pedíamos que se redujera la presencia de los interinos, pero no a costa de traspasarnos el trabajo a nosotros sino creando nuevas plazas por oposición”, replica Sáez, de la APM. Las oposiciones, sin embargo, están prácticamente congeladas, por la crisis, en toda la función pública.

En medio de esa disputa laboral en el sector, el Gobierno aprobó la impopular Ley de Tasas Judiciales. Y los jueces y fiscales la incorporaron a su protesta.

No hay una oposición frontal y general a las tasas, sino a estas tasas. Jueces para la Democracia rechaza la imposición de cualquier tarifa; pero la APM, por ejemplo, sí es partidaria de cobrar al ciudadano para “disuadir de pleitear” (en 2011 entraron en los juzgados nueve millones de asuntos): lo que rechaza es las “cuantías desorbitadas” que ha establecido el ministerio. González Armengol, de la asociación Francisco de Vitoria, afirma: “Estas tasas, exclusivamente por razón de la cuantía, son inconstitucionales”. Entre los secretarios judiciales (4.200) hay división: el mayoritario Colegio Nacional de Secretarios Judiciales aprueba las tasas y se ha apartado de las protestas porque ve un “diálogo sincero” con el ministro, mientras que el Sindicato de Secretarios Judiciales va a proponer a sus afiliados que, cada vez que un ciudadano se niegue a pagar la tasa y haya que archivar el pleito, pidan al juez que eleve una consulta al Constitucional.

Pero si hay una organización que se ha movilizado contra las tasas es el Consejo General de la Abogacía, con su presidente Carlos Carnicer a la cabeza, que la semana pasada constituyó con sindicatos y asociaciones de consumidores la Plataforma Justicia para Todos. Carnicer responde con irritación a la pregunta de si los abogados (125.000 ejercientes en España, muy por encima de la media europea) están en esta pelea solo porque temen que las tasas les quiten clientes al reducir el número de pleitos. “No habría nada ilegítimo en pensar en el trabajo de cada uno. Pero le recuerdo al señor Gallardón que quienes más rechazan las tasas son los ciudadanos en las encuestas”, desliza. Insiste en que el copago recorta derechos —“Ya no va a haber nadie que recurra una multa de tráfico”, pone como ejemplo— y advierte de una consecuencia que podría ir más allá de lo económico: “Quien no logre acopiar al principio del proceso el dinero de todas las tasas [la inicial y la de recursos posteriores] se arriesga a que le venzan los plazos para recurrir y decaiga el procedimiento”.

“La imagen pública” de los profesionales de la justicia “ha mejorado mucho en estas semanas”, se felicita el portavoz de la Asociación de Fiscales. Si eso aumentará su fuerza en el pulso frente al ministerio, se verá en las movilizaciones de los próximos días.