Política

El día en que el banco se quedó la casa de Encarnación y Manuel por seis euros

Otra entidad bancaria les reclama 65.000 euros 18 años después por un préstamo de 14.000

"¡El negocio no es un cliente que pague, es uno que no pague!”, se indigna su hijo

Encarnación Abalos y Manuel Galván en la casa de alquiler donde viven ahora en Málaga. / GARCIA SANTOS

Seis euros, el precio de un menú de hamburguesa con patatas en una cadena de comida rápida. Por esa cantidad (1.000 pesetas entonces) el banco se adjudicó en subasta la casa de Encarnación Abalos y Manuel Galván. El chalé, de 220 metros cuadrados en León, estaba valorado en 14 millones de pesetas (84.000 euros). Era 1997.

Ellos habían dejado de pagar la hipoteca, tras la quiebra de la tienda de muebles de cocina de Manuel. Después de perder la casa, aún les quedaron 23.000 euros a deber; la nómina de Encarnación estuvo parcialmente embargada durante años. El pasado octubre el matrimonio de jubilados recibió la última carta del juzgado —"Toda la vida con angustia, toda la vida", suspira ella—: 18 años después, otra entidad les reclama 65.000 euros de intereses de demora por un préstamo de 14.000 para la tienda. Casi cinco veces más. No hay segunda oportunidad para Encarnación y Manuel. Toda la vida perseguidos por la deuda.

Si pagábamos no comíamos. Teníamos tres hijos”

Encarnación Abalos, 65 años

“Si pagábamos no comíamos. Teníamos tres hijos”, recuerda Encarnación, de 65 años, desde la casa de alquiler en el Rincón de la Victoria, en Málaga, donde viven ahora. Hubo un tiempo en que los requerimientos de cobro llegaban todas las semanas, casi todos los días. “Cada dos por tres tenía que pedir un anticipo de nómina; esperábamos al último día para pagar la luz”, rememora ella.

La quiebra de la tienda arruinó a la familia. “Nos pilló la crisis del año 93 y además llegó El Corte Inglés a León y se llevó todo el negocio. Hasta la mediana, que trabajaba conmigo, se fue a trabajar allí en el departamento de muebles”, cuenta Manuel, de 63 años. El agujero en el que se convirtió el chalé de sus sueños en León, que perdieron antes de llegar a vivir en él, les terminó de hundir.

“Casi 200 propietarios se declaran atrapados en un engaño de 1.500 millones de desviación entre el coste presupuestado y la inversión necesaria para culminar las obras”, decía sobre su urbanización un artículo de la época en La Crónica de León. Las casas de la comunidad de propietarios dispararon su precio en más de cinco millones. No pudieron pagar. El banco inició entonces el proceso de ejecución: la subasta de su casa, antes del desahucio, quedó desierta, y la entidad, Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (hoy Caja Duero) se la adjudicó por 1.000 pesetas. Aquella subasta fue, sin embargo, perfectamente legal.

Hasta 2001 no se fijó un límite legal por el que los bancos pudieran quedarse una casa. Hoy, si no hay comprador, las entidades pueden adjudicársela como mínimo por un 60% del valor de tasación. “No me parece justo que el banco la vendiera dos veces: a mis padres, que siguieron debiendo la hipoteca y, después de obtenerla por seis euros, a otra familia por los millones que quisieron... ¡El negocio no es un cliente que pague, es uno que no pague!”, se indigna Raúl Galván, su hijo mayor, profesor de secundaria.

La subasta de la casa fue legal: hasta 2001 no se fijó un límite legal por el que los bancos pudieran quedarse una casa 

El sistema de desahucios se ha aplicado en toda su crudeza a Encarnación y Manuel. Que la deuda no prescriba nunca, con solo una reclamación del acreedor, ha permitido que el BBVA les reclame 18 años después 65.000 euros de intereses de demora por un préstamo de 14.000. Que no existan topes a esos intereses ha posibilitado que la entidad les haya aplicado unos del 27%. Fuentes del BBVA arguyen que eran los tipos vigentes en 1994 y que la liquidación es resultado de años de negociación, sin éxito. El sistema les ampara.

“Encarnita empezó a trabajar con 15 años de botones en Telefónica, y yo con 14 en Galerías Preciados”, apunta Manuel. Ella llegó a tener un buen puesto en Telefónica. El matrimonio no estudió. Y afrontó los problemas con una huida hacia delante. Abandonaron León, apenas alegaron en todo el proceso judicial, no intentaron negociar con las entidades. Nunca se pudieron permitir un abogado.

“Nos sentimos perseguidos y yo tengo mucha vergüenza, como si hubiera hecho algo malo”, lamenta ella. Ahora viven con su pensión, de 1.400 euros, más unos 400 euros de ayuda de él. Pagan 600 euros de alquiler, porque ya nunca pudieron comprarse una casa. Y las cartas del juzgado han vuelto a llegar. Ella suspira de nuevo y concluye: “En casa tenemos unos cuadros que pintó Manolo y una máquina de coser del año catapún. El coche tiene 15 años. Ya no tenemos nada que nos puedan quitar”.

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