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Los políticos sí tienen perdón

Los delitos contra la Administración pública son los que más se perdonan en proporción: desde 2000 han sido indultados 226 reos

De derecha a izquierda, Ignasi Farreres, Josep Maria Servitje y Víctor Manuel Lorenzo Acuña en el juicio en la Audiencia de Barcelona por encargar informes plagiados.

Los hechos recogidos en la sentencia del caso de corrupción Treball prueban que durante los años 1994 y 1995, con CIU en el poder, el entonces secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat, Josep Maria Servitje desvió 46.157,73 euros encargando informes falsos al empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña. Por ese delito de prevaricación y malversación de caudales públicos ambos fueron penados con cárcel e inhabilitación. Nunca fueron a prisión. El Gobierno les indultó en marzo pasado. Mantuvo la inhabilitación pero les quitó las penas de cárcel y las conmutó por una multa. Se argumentaron “razones humanitarias”.

En el contexto de crisis y con cientos de políticos imputados en los últimos años, las medidas de gracia a los condenados por el caso Treball han sido de las más polémicas este año. A estos indultos hay que añadir los del exalcalde y tres ediles del PP del Ayuntamiento de Abdalajís (Málaga) por otro caso de prevaricación y el indulto a los Mossos d'Esquadra condenados por torturas.

La Administración de Rajoy no es la única que indulta a políticos y funcionarios. Desde 2000 hasta ahora, los Gobiernos de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han concedido 226 perdones a condenados por delitos contra la Administración pública (de un total de 4.500 concedidos). Este periódico ha revisado los indultos publicados en el BOE durante los últimos 13 años relativos a las principales infracciones de este tipo, y los resultados son los siguientes: 25 indultos por prevaricación; 107 por malversación de caudales públicos y 16 por cohecho.

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Fuente: elaboración propia.

Para saber si es mucho o poco, habría que comparar esas cifras con el número de condenas por estos delitos. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante Antonio Doval lo ha hecho en un estudio publicado junto a otros cuatro autores en enero. Su conclusión es que los delitos contra la Administración pública son los que más se indultan proporcionalmente. Comparando el número de indultos de 2000 a 2008 con el de personas penadas por cada tipo de delito en esos años, las infracciones más indultadas, son, por este orden: los delitos contra la Administración pública (1,6% de los penados), el homicidio y sus formas (1,5%), las falsedades (1,3%), los delitos contra el patrimonio (0,4%) y las lesiones (0,3%).

Por lo general el indulto es un perdón parcial para evitar que el condenado ingrese en prisión. Pero, cuando se trata de políticos y funcionarios, en muchas ocasiones va más allá y alcanza también a la pena de inhabilitación o suspensión para empleo o cargo público. El indultado puede volver así a su puesto como si nada hubiera sucedido. Dentro de los indultos analizados por prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos de los últimos 13 años, el indulto alcanzó la pena de inhabilitación o suspensión en más de la mitad de los casos.

107 malversadores y 25 prevaricadores han sido perdonados entre 2000 y 2012

Ocurrió por ejemplo con el alcalde del municipio barcelonés de Santa Susanna, Joan Campolier, de CIU. Los tribunales le condenaron en 2003 por haber prevaricado al conceder la construcción de un pabellón a un amigo suyo. La pena era de ocho años y siete meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Sin abandonar el cargo, Campolier recurrió la sentencia. Los tribunales no le hicieron caso pero sí el Gobierno de Zapatero, que en 2006 le concedió el indulto parcial dejando la pena en cuatro años. Campolier no dimitió hasta 2007. Una vez que cumplió la condena, volvió a presentarse a las elecciones. En 2011 se convirtió nuevamente en alcalde de la localidad. “Eso fue un asunto puramente administrativo. El indulto lo pidieron los vecinos del pueblo, que entendieron que no era justo, y yo acepté”, responde Campolier por teléfono.

Algo parecido sucedió con José María Peña San Martín. El exalcalde de Burgos, del PP, fue condenado en 1992 a 12 años de inhabilitación, también por prevaricación. Los tribunales demostraron la concesión irregular de licencias municipales en el llamado caso de la construcción de Burgos. El indulto le vino en 2000. El Gobierno de Aznar le quitó dos tercios de la condena y Peña San Martín pudo presentarse nuevamente a las elecciones por la formación política Solución Independiente. No ganó, pero sí volvió a la política como concejal. Este periódico no ha conseguido contactar con Peña, ya retirado de la política.

En la mitad de los casos se indultan también las penas de inhabilitación

También pudo presentarse a las elecciones municipales pasadas en Carboneras (Almería), Cristóbal Fernández, el exalcalde socialista que dio las licencias para que se construyera en primera línea de playa El Algarrobico, uno de los escasos lugares del Mediterráneo que permanecía virgen. Los jueces le inhabilitaron en 2006 por un delito electoral pero el indulto del Gobierno de Zapatero le permitió presentarse otra vez. No consiguió ser alcalde.

Expertos consultados señalan que la práctica del indulto se ha ido deformando con el paso de los años. Consideran lógico que se conceda como medida de gracia la eliminación de penas de prisión por motivos humanitarios, pero explican que debería quedar fuera la inhabilitación, pensada para que el condenado no pueda volver a presentarse.

El debate está abierto. Partidos como Izquierda Unida y Compromís han presentado propuestas en el Congreso para que no se indulten los delitos de corrupción. También lo ha hecho el PSOE, a pesar de haber gobernado en los últimos ocho años sin haber introducido límite alguno al derecho de gracia. “El indulto se está usando para enmendar la plana a los jueces cuando debe ser un recurso muy excepcional”, explica Mónica Oltra, diputada autonómica de Compromís. “No puede permitirse que el poder lo utilice para perdonar a políticos o a las Fuerzas de Seguridad del Estado. El Gobierno no puede ser juez y parte”.

PP y PSOE indultan a un número similar de funcionarios y cargos públicos

El Ejecutivo de José María Aznar disparó los indultos para estos delitos en 2000 (fueron 85). El número total de perdones fue mayor que cualquier otro año: 1.732. Era año jubilar y había muchas peticiones pendientes, según explicó el entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes.

Ese año, el entonces secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió explicaciones por un perdón en concreto: el concedido a Javier Gómez de Liaño, juez condenado por prevaricación —en este caso era un delito contra la Administración de justicia—. Se indignó porque Acebes argumentara que nadie podía inmiscuirse en el derecho de gracia. “Todos los actos del poder ejecutivo se controlan por los tribunales”, respondió Zapatero. “Esa es la esencia de la democracia y del Estado de derecho. Resulta insólito que haya que repetir estas cosas”. Cuando llegó al poder, en 2004, sin embargo, siguió ejerciendo la facultad de indultar de la misma forma que lo había hecho su predecesor: sin dar explicaciones y sin someterse a ningún control. Durante sus dos legislaturas fueron indultados más de 100 delitos contra la Administración Pública. Su Gobierno indultó el año pasado al político Juan Hormaechea, condenado a tres años de prisión y 14 de inhabilitación por prevaricación y malversación cuando era presidente de Cantabria. Salvo la excepción de 2000, las cifras de Gobiernos populares y socialistas son similares.

Varios partidos han pedido que no se perdonen los delitos de corrupción

El de Mariano Rajoy ha indultado en nueve ocasiones a condenados por delitos contra la Administración pública (cuatro por prevaricación, uno por malversación, dos por ambos delitos, otro por omisión del deber de perseguir delitos y un último por fraude).

Sobre los cuatro indultos al exalcalde Tomás Gómez Arrabal y los tres concejales de Abdalajís, condenados por prevaricación —por haber concedido licencias de obra sin seguir el procedimiento legalmente establecido—, un portavoz del Ministerio de Justicia dice que se concedieron porque ninguno de ellos se había lucrado —y que así constaba en la sentencia—, y porque el perdón tenía el respaldo de todos los grupos políticos del municipio (PP, PSOE e IU). Del perdón a Josep Maria Servitje y Victor Manuel Lorenzo Acuña se dan menos explicaciones. “Ese caso lo heredamos del Gobierno anterior”, señala el portavoz. Pero no ofrecen ninguna razón de por qué decidieron indultarlos.

Justicia asegura que este Gobierno, como regla general, no indulta la inhabilitación o suspensión para empleo o cargo público en este tipo de delitos. En los casos de este año, efectivamente, no lo ha hecho. Aunque sí se quitó esta sanción, junto a la de prisión, a los Mossos d'esquadra condenados por torturas.

Unas llamadas que engrasan un caso

El Ministerio de Justicia recibe cada año unas 6.000 peticiones de indulto de media y concede unas 400. Las solicitudes las pueden hacer los propios afectados, sus abogados o bien terceros, y se dirigen a la Subsecretaría de Justicia, que tiene una división de derecho de gracia. Sus funcionarios tienen muchos años de experiencia en la tramitación de indultos y saben qué peticiones no tienen posibilidades de prosperar. Según Justicia, el procedimiento está “muy engrasado”.

Es el ministerio el que eleva las propuestas al Consejo de Ministros. La mayoría de ellas, relacionadas con delitos menores de tráfico de drogas, ni siquiera se debaten, sino que pasan a ser aprobadas según el criterio del Ministerio de Justicia y son finalmente concedidas por el Rey. En estos casos, y si no se conoce a nadie influyente, es fundamental la pericia y el interés del abogado, que debe recabar todos los avales que pueda para apoyar su petición. Eso va desde movilizar a unos vecinos hasta tratar de conseguir el respaldo de la víctima o el interés de los medios de comunicación.

Hay otras propuestas más delicadas. Son las que generalmente son cuestionadas por los ciudadanos por el evidente vínculo entre el indultado y el poder político. Esos casos suelen arreglarse con una llamada, a veces con muchas más. “Yo estuve llamando y enviando cartas al ministro [del PP José María] Michavila, pero no me hizo caso”, dice por teléfono el socialista Bartolomé Soler Cano, exalcalde de Antas (Almería), que durante la conversación telefónica defendió varias veces su inocencia. “Lo que habían hecho conmigo fue una calumnia enorme”.

Soler Cano fue condenado en 2000 por un delito de prevaricación a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público. Según la sentencia, se negó a dar documentación a la oposición. “Eso era falso. Yo me sentí muy dolido con aquello. Había estado de alcalde 14 años y siempre fui honrado. “Cuando llegó [a Justicia Juan Fernando] López Aguilar llamé muchas veces pidiéndoles el indulto porque yo quería seguir en política. Llorándoles mucho me lo dieron en 2005”. Soler Cano volvió a presentarse en 2007 pero no consiguió la concejalía. “Me puse a trabajar en una inmobiliaria con un sueldo de 1.200 euros. Podría haber cobrado comisiones por la venta de pisos pero siempre fui honrado”, dice por teléfono el exalcalde, ya jubilado.