Rapapolvo parlamentario a Báñez por vetar la revalorización de las pensiones

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, está “convencida” de que los pensionistas “van a valorar de forma positiva el esfuerzo y el ejercicio de responsabilidad que este Gobierno está realizando” al no actualizar las pensiones en función del IPC y, por tanto, hacer que pierdan valor adquisitivo. Así lo dijo este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso, en la que escuchó un auténtico rapapolvo de todos los grupos parlamentarios, salvo del PP, con la reiteración unánime de la palabra mentira y peticiones de dimisión.

Todos los portavoces acusaron al Gobierno de incumplir la promesa electoral de no tocar las pensiones, las reiteradas declaraciones de Mariano Rajoy, Báñez y otros ministros, y la resolución que hace un mes el PP votó en el Congreso comprometiéndose a actualizarlas. Pocas veces un ministro se ha ido de la Cámara escuchando tantas veces la palabra mentira.

Uno a uno, los portavoces fueron desmontando los argumentos de Báñez para justificar lo que calificó como decisión “sensata y responsable”. Empezaron, precisamente, por poner de manifiesto que, según ese razonamiento, era insensato el Gobierno cuando hace apenas unas semanas mostraba su decisión firme de proceder a esa actualización que exige la ley. “¿No lo hicieron por las campañas electorales y porque tenían que seguir mintiendo a la ciudadanía?”, le espetó Olaia Fernández (BNG).

Tanto la ministra como la portavoz del PP, Carolina España, invocaron reiteradamente la herencia recibida hace un año de José Luis Rodríguez Zapatero. Y todos los demás portavoces les replicaron que esa herencia era la misma cuando Rajoy y ella se comprometieron reiteradamente a la actualización y la votaban así en la Cámara.

“Se han burlado de los pensionistas y de este Congreso. ¿Cuánto puede aguantar un país que un Gobierno mienta de esta forma? Usted no puede mantener su palabra. La mayoría absoluta no le da licencia para hacer lo que está haciendo. Si no puede mantener su palabra, no puede seguir como ministra”, le respondió con dureza Joan Coscubiela (ICV).

La ministra argumentó que “pueden especular todo lo que quieran, pero yo les aseguro que el Gobierno ha tomado la decisión una vez conocida la evolución del déficit público, una vez se conoció el IPC de noviembre, como señala la ley. No podíamos hacerlo antes ni hemos querido hacerlo después; en cuanto hemos tenido toda la información, hemos tomado la decisión, ni un minuto antes ni un minuto después”. El portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, le contestó y rebatió que el IPC final ha sido mejor de lo esperado y que lo único que ha cambiado es que han pasado las elecciones autonómicas en Galicia, País Vasco y Cataluña. Entretanto, el Gobierno ocultó sus intenciones, según el diputado.

Para justificar su decisión y la legalidad de la medida, Báñez echó mano a la congelación de pensiones decidida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011. Pero los portavoces de los grupos, incluso los que no compartieron aquella decisión, le rebatieron el argumento y desmontaron la comparación. Como le dijo Emilio Olabarría (PNV), aquella decisión fue tomada sobre el futuro, mientras que ahora se trata de no ejecutar el compromiso legal de actualizar con una paga las pensiones según el IPC final, que fue asumida a principio de este año.

“Ustedes expropian y expolian de forma ilegítima e ilegal a los pensionistas y sus explicaciones son obscenas”, le dijo Olabarría, quien sostuvo que la medida es claramente inconstitucional, porque se aplica de forma retroactiva. También Coscubiela le recordó que, incluso en caso de fallecimiento, el pensionista debe recibir la actualización correspondiente a lo que haya transcurrido de año hasta la fecha de su muerte. Es decir, que ahora el Gobierno elimina con carácter retroactivo un derecho adquirido desde el 1 de enero de 2012.

Otro argumento reiterado por Báñez es que sí hay subida de pensiones porque se ha decidido “mantener para el año 2012 su revalorización en el 1%, y subir un 2% en 2013 casi 6,7 millones de pensiones de menos de 1.000 euros al mes”. Todos los portavoces le explicaron con detalle que la no actualización según el IPC final supone de hecho una bajada en las prestaciones durante este año y que, además, queda consolidada para futuros ejercicios.

“Estamos al borde del estallido social”, ha anunciado el portavoz de CiU, Carles Campuzano, resumiendo el rechazo social a la medida del Gobierno y la soledad del Ejecutivo cuando el próximo jueves convalide solo con su mayoría absoluta el decreto en el pleno del Congreso.