El PP se jacta de la subida de pensiones en 2013 para tapar la merma de este año
Cospedal tacha de “caradura” al PSOE por congelarlas en 2011 y protestar ahora
El PP pasó ayer al ataque para intentar defender lo que en el partido insisten en llamar “revalorización de las pensiones” pese a la pérdida efectiva de poder adquisitivo que supone la decisión del Gobierno de no compensar a los 8,3 millones de pensionistas la desviación de la inflación en 2012. La número dos de los populares, Dolores de Cospedal, compareció para subrayar que las pensiones subirán un 1% en 2013 (un 2% las de menos de 1.000 euros, que son la mayoría) y ocultó sin embargo que los pensionistas van a perder dinero en 2012 porque el Ejecutivo no va a abonar la paga con la que, cada noviembre, se les compensa por el aumento real de los precios frente al previsto a principios de año, cuando se fija su pensión; este año, por ejemplo, la inflación alcanzó en noviembre el 2,9%, en lugar del 1% previsto, y ese desfase del 1,9% no se va a pagar.
La secretaria general del PP tachó de “caradura” al PSOE, sin personalizar, por acusar ahora al Gobierno de Mariano Rajoy de desatender a los jubilados cuando los socialistas fueron los primeros en congelar las pensiones (en 2011). “El Gobierno ha tocado lo menos posible las pensiones. Si bien hay una parte que no ha sido posible del todo”, afirmó la secretaria general tras la reunión del comité de dirección del partido.
“El Gobierno de España no ha decidido no revalorizar las pensiones, sino lo contrario. No lo ha hecho en el IPC de noviembre, eso es cierto”, concedió Cospedal, antes de acusar a los socialistas de haber sido “el único partido que no las ha revalorizado” —cuando las congeló—, por lo que exigió que sean “consecuentes”.
El Ejecutivo del PP, que en efecto no congeló las pensiones como hizo José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, las subirá un 1% en enero de 2013, lo que supone el mismo incremento que se adoptó en 2012 y que ya estaba previsto en los Presupuestos de 2013. La novedad es que las pensiones que no superen los 1.000 euros, cerca de 6,6 millones de prestaciones (74% del total), subirán un 2%.
Ese dato es el que pregonan desde el Gobierno y el PP, que difundieron ayer argumentarios en los que se vincula la decisión de no actualizar las pensiones al “cumplimiento de España con sus compromisos de estabilidad presupuestaria”. Y, pese a que la no actualización supone el incumplimiento de otra promesa de Rajoy, ayer Cospedal incidió en que el presidente señaló en su momento que haría lo posible por no tocar las prestaciones, y destacó que esos datos “ponen de manifiesto que, a pesar de la dificultad, el Gobierno ha tocado lo menos posible las pensiones”. Admitió, eso sí, que “a todo Gobierno le hubiera gustado hacer un incremento mayor”. La merma de poder adquisitivo de los pensionistas en este primer año de gobierno de Mariano Rajoy será de 1,9 puntos, más que todo lo perdido (1,2 puntos) durante los ocho años de Gobierno de Rodríguez Zapatero.
El PSOE tiene prácticamente decidido recurrir ante el Constitucional la no actualización de las pensiones, según sugirió ayer el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba —“es una medida inconstitucional”, dijo—, y confirmó un portavoz del partido. “Estamos a la espera de un dictamen, pero la decisión de recurrir está tomada”, afirmó este portavoz.
Su argumento es que anunciar en noviembre que no se actualizan las pensiones —en contra de lo que dicta la Ley General de la Seguridad Social— supone aplicar retroactivamente una “disposición sancionadora no favorable”, y eso vulnera el artículo 9.3 de la Constitución. Porque la actualización, sostienen los socialistas, es un derecho que los pensionistas acumulan desde enero.
“No se puede al final del año decirle a los pensionistas: ahora no te actualizo”, protestó Rubalcaba. Desde el PSOE subrayan que, aunque Zapatero anunció la congelación de las pensiones de 2011 en mayo de 2010, sí abonó la paga de actualización de noviembre de ese año 2010, “precisamente porque había serias dudas de que no pagarla fuera constitucional”.
Los sindicatos también tachan de inconstitucional la medida. UGT va a “promover y canalizar” la interposición de reclamaciones individuales de los pensionistas ante la Seguridad Social, solicitando el abono de la paga.
