Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete

Una noche de imprudencias temerarias

La investigación destapa un exceso de aforo por la venta de 16.791 entradas, el descontrol en los accesos y la falta de vigilancia en el interior del pabellón

Ampliar foto
Fotografía publicada en Twitter del momento de la avalancha

La macrofiesta de Halloween con actuación del pinchadiscos Steve Aoki organizada por la empresa Diviertt en el pabellón municipal Madrid Arena entre las 11 de la noche del 31 de octubre y las seis de la mañana del 1 de noviembre pasará a la historia como ejemplo de imprudencia temeraria con causa de muerte.

Cinco chicas fallecieron tras ser aplastadas entre la multitud al tratar de salir de la pista por un pasillo de tres metros de ancho por el que también intentaba entrar gente. Un mes después, la investigación policial, judicial y política; las declaraciones en el juzgado de Plaza Castilla que instruye la causa de implicados y técnicos municipales; los testimonios de asistentes; y las imágenes de las 124 cámaras de seguridad permiten aclarar las claves de una noche de imprudencias temerarias.

» Dato falso de asistentes. Diviertt alquiló el pabellón para celebrar una fiesta de menos de 5.000 personas, y pagó la tarifa correspondiente: 18.000 euros, 6.000 euros por adelantado. Días después de firmar el contrato, indicó que irían entre 4.000 y 6.000 jóvenes. El coordinador de Actos Públicos del Ayuntamiento, Francisco de Paula Sacaluga, en su comunicación a otras áreas municipales y a la Delegación del Gobierno, señaló que el número de asistentes al acto, en base a la información de Diviertt, sería de 7.000; elevó la cifra para contar con cierto margen de seguridad.

Horas después de la tragedia, el Ayuntamiento preguntó al responsable de Diviertt, Miguel Ángel Flores, cuánta gente había ido. Respondió por SMS: “Metimos 9.650 personas pero el aforo máximo que nos dais es 12.000”. El Ayuntamiento le había indicado un límite de 10.620 personas. Flores repitió al juez que habían entrado 9.600. Pero las ocho cajas en las que se guardaban las entradas, contadas ante el juez, arrojaban otra cifra: 16.791.

» El mal reparto por plantas. La autorización municipal para la fiesta establecía que las 10.600 personas que podían asistir deberían repartirse, prácticamente a partes iguales, por las tres plantas. Pero las entradas no señalaban lugar determinado ni prohibían deambular por todo el pabellón. La mayoría se concentró en la pista. En uno de los vomitorios se produjeron continuas avalanchas. A las 3.33, se colapsó.

» Inseguridad y descontrol. En la comunicación del coordinador de Actos Públicos se establece que la seguridad “en el interior” del pabellón “está a cargo de Kontrol 34 S. L. con 75 operativos”, mientras que de la seguridad exterior se ocuparía Seguriber —grupo contratado por el Ayuntamiento para vigilar a diario el recinto—. En su declaración ante el juez, el responsable de Kontrol 34 dijo que sus trabajadores no tenían competencia para controlar el flujo de asistentes. Miguel Ángel Flores, que contrató a Kontrol 34, también los exculpó, señalando que la encargada de la seguridad en el interior era Seguriber, y que esta firma había sido impuesta por el Ayuntamiento. Un decreto regional de 2008 establece que la función de los controladores (en realidad, porteros de discoteca) es comprobar que los asistentes tengan entrada y no haya menores, dirigir el flujo de personas dentro del recinto y evitar que se supere el aforo. “En ningún caso pueden asumir o ejercer funciones de servicio de seguridad”.

Fue Seguriber quien diseñó el plan de seguridad para esa noche. Además, se encargó de hacer la requisa en el exterior (evitar que se introdujeran drogas, armas, alcohol, etcétera) y controlar tres portones de evacuación o emergencia del pabellón, y de vigilar en la sala donde llegaba la señal de las cámaras de seguridad. Las imágenes de estas muestran que el personal que controlaba el interior del edificio eran empleados de Kontrol 34, con petos amarillos. En un momento de la noche, estos trabajadores vallaron una escalera para evitar que los jóvenes siguieran bajando a la pista.

» Accesos ilegales. A las 2.27, se cierra la entrada principal, que da acceso a la segunda planta. La gente es desviada por un camino cuesta abajo que conduce directamente a la pista, abarrotada, por una salida de emergencia. Entran “2.000 personas en 23 minutos”, según asegura el Ayuntamiento.

» Avalanchas incontroladas. Pese a que dos cámaras situadas a ambos lados del vomitorio donde ocurrió la tragedia grabaron imágenes de alto riesgo desde las 2.00, con avalanchas de jóvenes que pugnaban por entrar o salir de la pista, ni el empleado de Seguriber que vigilaba la sala (con dos monitores por donde pasan las imágenes de las 124 cámaras) ni los trabajadores de Kontrol 34 alertaron de lo que sucedía o pusieron remedio para evitarlo.

» Servicio médico inadecuado. Diviertt apalabró los servicios de Simón Viñals, que se llevó a su hijo, también médico, a dos auxiliares, y dos ambulancias con técnicos. Sin embargo, el testimonio de un técnico del Samur que acudió al aviso de emergencia indica que, al llegar a la enfermería, encontró solo a una de las víctimas recibiendo asistencia básica. Viñals dice que dio a las tres jóvenes que llegaron a la enfermería asistencia avanzada, pero el parte oficial del Samur le contradice.

» Improvisación del Samur. El Samur no tenía previsto un servicio preventivo en los alrededores del pabellón, pese a que se iban a concentrar miles de jóvenes en una fiesta en la que se podía consumir alcohol. El director municipal de Emergencias, Alfonso del Álamo, asegura que no fue avisado a tiempo; el coordinador de Actos Públicos dice que sí fue informado cinco días antes. Las numerosas llamadas al 112 desde las 00.09 por intoxicaciones etílicas forzaron al Samur a enviar dos unidades a los alrededores del pabellón, donde miles de jóvenes hacía botellón. Fueron las que luego atendieron a las víctimas.

» Botellón descontrolado. El dueño de Diviertt intentó endosar la culpa de la tragedia al Ayuntamiento por no controlar el botellón multitudinario en los alrededores del pabellón. La Policía Municipal admite que no era su prioridad esa noche. Flores dijo al juez que 4.000 de esos jóvenes se colaron al recinto, provocando las avalanchas, afirmación que no está acreditada por las cámaras de seguridad o los atestados policiales.

» Fallos del Madrid Arena. El pabellón presenta deficiencias de seguridad, según un informe de los técnicos de Urbanismo, elaborado en 2010 con vistas a su posible venta. Esas irregularidades en materia de protección contra incendios y evacuación no han sido subsanadas, aunque no está probado que, de haberse hecho, hubieran evitado la tragedia. Dado que la posible responsabilidad del organizador por vender demasiadas entradas; de los controladores por distribuir de forma deficiente a los asistentes; y de los vigilantes de seguridad por supuesta negligencia está siendo investigada por el juez, la comisión creada en el Ayuntamiento para dirimir culpas políticas se ha centrado en esta supuesta irregularidad.

» Un contrato bajo sospecha. También se ha analizado el trato preferente otorgado a Diviertt por los gestores del pabellón, José Rivero y Jorge Rodrigo, que han sido destituidos por la alcaldesa, Ana Botella (PP). Su responsable político, el concejal Pedro Calvo, ha sido imputado por el juez. Está en cuestión además que firmaran el contrato pese a que la empresa tenía deudas con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento.

» Responsabilidades y penas. La Ley regional de Espectáculos considera infracción muy grave “la superación del aforo máximo cuando comporte un grave riesgo para personas y bienes” y la castiga con multas de 30.000 a 300.000 euros. Ese tope coincide con la cantidad aproximada que pudo facturar el promotor con la venta de 16.791 entradas.

El Código Penal establece: “El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años”.

La tormenta política golpea a Botella

Más allá de las posibles responsabilidades penales que investiga el juez, la tormenta política por la tragedia del Madrid Arena ha zarandeado, con mayor o menor motivo, a los principales responsables del Gobierno municipal (PP). La alcaldesa, Ana Botella, ha sido censurada por viajar a un balneario de Portugal el fin de semana posterior.

“Allá la conciencia de cada uno, pero yo no me hubiera ido”, señaló el líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, que junto al portavoz de UPyD, David Ortega, ha llevado el peso de la comisión para depurar responsabilidades políticas. De hecho, fue Lissavetzky quien la convocó. IU se retiró, denunciando el veto del PP a comparecencias clave. “Usted es un problema para Madrid”, espetó Lissavetzky a Botella, a tenor de lo que va desvelando la comisión.

Del vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, se critica su primera rueda de prensa, en la que comunicó la cifra de asistentes aportada por el organizador sin ponerla en cuestión. Además, se ha publicado una imagen en una fiesta en la que posaba con este junto a otras personas, aunque no existe prueba o indicio alguno de trato de favor.

El edil Pedro Calvo dimitió tras ser imputado como responsable político desde hace ocho meses de la empresa que gestiona el pabellón. “Las responsabilidades no pueden acabar en Calvo”, señaló Lissavetzky.

El juez también ha imputado al organizador, Miguel Ángel Flores, y al responsable de la empresa que vigilaba el aforo, Kontrol 34. El fiscal ha pedido además la imputación del socio y hermano de Flores; de tres altos cargos de la empresa municipal que gestiona el pabellón; y de tres responsables de la firma de seguridad Seguriber.

Las familias de las víctimas han pedido la imputación del delegado municipal de Seguridad, Antonio de Guindos, que el fiscal considera “prematura”.

Más información