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Cospedal rechaza “manosear” la Constitución porque “funciona bien”

González y Roca coinciden en que “España tiene un problema” territorial Herrero: “En España hay asimetría de identidad y económica” Muñoz Machado: Companys proclamó el Estado catalán dentro del español”

De izquierda a derecha: Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Miquel Roca, Manuel Campo Vidal, Felipe González, María Dolores de Cospedal y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ayer en el debate sobre la organización territorial del Estado celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
De izquierda a derecha: Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Miquel Roca, Manuel Campo Vidal, Felipe González, María Dolores de Cospedal y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ayer en el debate sobre la organización territorial del Estado celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.ULY MARTÍN

España tiene un problema, no solo lo tiene Cataluña. El Estado de las autonomías ha sido un éxito, pero ya es tiempo de remozarlo. La crisis económica ha intensificado la crisis institucional, pero no es su causa directa. Y no hay posibilidades reales de que los partidos políticos se pongan de acuerdo para cambiar la Constitución. Además, el PP no está por la labor de cambiar la Ley de leyes.

Sobre estas ideas giró esta tarde el debate sobre La organización territorial del Estado, organizado por el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a través de la Fundación que lleva su nombre, junto a la Fundación Caja Extremadura.

Ibarra logró reunir en Madrid al expresidente del Gobierno Felipe González y a la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal. Y, junto a ellos, dos padres de la Constitución: Miquel Roca (CiU) y Miguel Herrero de Miñón (de la extinta UCD y luego del PP). Hubo “consenso en que debe haber consenso”, como sintetizó el periodista Manuel Campo Vidal, moderador del debate. Pero los matices, e incluso las diferencias, fueron notables; también con respecto a la intervención de Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo, que desde diferentes perspectivas llegó a la conclusión de que la Constitución debe ser reformada “para defenderla”.

Los pactos de Ibarra

¿Solo los catalanes tienen que ser consultados en referéndum sobre su pertenencia a España?. Esta es la pregunta que Felipe González respondió sin dudar: “Yo comprendo que hay catalanes que quieren salir de España, pero como yo quiero que Cataluña siga estando en España, si se plantea, yo quiero ser consultado”. En esta idea estuvo totalmente de acuerdo Dolores de Cospedal.

Pero a propuestas novedosas nadie ganó al impulsor del acto, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El expresidente de Extremadura propuso un pacto institucional, si no puede ser constitucional, que permita vivir juntos a los españoles otros 34 años. El pacto lo impulsaría el rey Juan Carlos, que, a su vez, pondría en manos del príncipe Felipe su elaboración, porque debe encargarse ya de “asuntos fundamentales para la convivencia”. Ibarra siguó con su hoja de ruta: Don Felipe encargaría a Felipe González la tarea de mullir el pacto. En cuanto el aludido lo escuchó, agitó las manos para rechazar la encomienda entre risas generales del auditorio.

Sí le dieron la razón al experto en el estudio de la Constitución —cuya última obra se extiende sobre las deficiencias y fallos clamorosos y notorios tras 33 años de vigencia—, en que, en efecto, no hay acuerdo político para reformar la Ley de leyes como auguró. Pero si no hay posibilidad de ese acuerdo, sí debe intentarse con ahínco la elaboración acordada punto a punto por todas las fuerzas políticas pata solucionar los problemas institucionales, y dentro de ellos los territoriales, que aquejan a España. Tampoco hablaban de lo mismo Dolores de Cospedal y el resto. La dirigente del PP pidió “no manosear” la Constitución porque funciona “razonablemente bien”, y además, pidió que el hipotético acuerdo entre las fuerzas políticas debía servir “para cerrar el modelo que se puso en marcha en 1977”.

No aludió Cospedal expresamente a Cataluña como sí hicieron el resto de los intervinientes. “Yo digo ahora lo mismo que hubiera dicho el miércoles pasado”, dijo Felipe González, para dejar claro que sus puntos de vista no han variado por las elecciones catalanas celebradas el pasado domingo. “El problema es de España, y yo considero a Cataluña con identidad propia muy definida, pero como parte de España, y no de Cataluña”, dijo González. Minutos después, Miquel Roca coincidió: “España tiene un problema y, al menos, me gustaría que se reconociera que existe ese problema ya que se remonta a décadas y décadas como ha recordado el profesor Muñoz Machado”. El catedrático trajo al Círculo de Bellas Artes de Madrid el recuerdo de episodios de 1934 cuando el entonces presidente de la Generalitat, Lluis Companys proclamó el Estado catalán dentro del Estado español.

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Tampoco albergó dudas de “ese problema” Miquel Herrero y Rodríguez de Miñón, que incluyó en el Estado autonómico “una doble asimetría”, aunque no se reconozca jurídicamente. Por un lado, “la asimetría de identidad”; de otro, la de las diferencias económicas entre autonomías. Esta última se resuelve con “solidaridad”, y la primera, a su juicio, con “el reconocimiento” de que otras comunidades —y habló de Cataluña—, tienen una identidad propia. Antes Roca había expresado que aunque la racionalidad es necesaria en el terreno de los “sentimientos”, es difícil aplicarla.

Ante una sala abarrotada de diputados de todos los partidos y de exministros y altos cargos de los Gobiernos de Felipe González —al que el domingo su partido homenajea en el 30º aniversario de su triunfo electoral en 1982—, Herrero, el propio González y Cospedal sí encontraron una línea de actuación común para combatir los defectos del Estado autonómico: duplicidades y proliferación de instituciones deben suprimirse. “Si no es posible cambiar la Constitución pongámonos al menos de acuerdo en leyes fruto de haber repensado el Estado”, pidió González.

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Sobre la firma

A. DÍEZ | CORRESPONSAL POLÍTICA
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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