Política
las consecuencias de la crisis

Los funcionarios reclamarán en los tribunales la paga extra eliminada

La Plataforma de sindicatos del sector público considera que se vulneran derechos constitucionales

Rechazan "subterfugios" como la argucia de Extremadura o Navarra de adelantarles una paga

Creen que el decreto es anticonstitucional porque no cumple la urgencia y la necesidad requeridas

El Gobierno vasco anunció ayer que sí abona la extra

Protesta de funcionarios de justicia el pasado día 23. / JUAN CARLOS CARDENAS (EFE)

Los empleados públicos presentarán el próximo mes de enero, cuando se haya consumado que no se les ha abonado la paga de Navidad, una demanda ante los tribunales para que se les devuelva la extra que el Gobierno decidió suprimir por decreto el pasado mes de julio. Los trabajadores públicos, representados en la Plataforma sindical y de asociaciones de empleados públicos (que integra a 33 organizaciones, entre ellas CSIF, CC OO y UGT) consideran que la eliminación de la paga vulnera sus derechos constitucionales. Así que no aceptan "subterfugios", en sus propias palabras, como la argucia de Extremadura o Navarra de adelantarles la paga de junio de 2013 a enero para mitigar la medida. "Tenemos un derecho, no es una limosna. Lo tenemos reconocido y está vigente. Apelamos a la recuperación de ese derecho y al abono íntegro de la paga extra, más allá de eso no aceptamos nada", ha reclamado en una comparecencia conjunta la representante de la federación de servicios públicos de UGT, María del Carmen Barrera.

Los trabajadores públicos recurrirán por una doble vía la supresión de la extra: ante la Audiencia Nacional, de manera colectiva para el personal laboral, y por la vía de lo contencioso administrativo, para los funcionarios. Cuando agoten esas dos vías presentarán recursos individuales por cada sector de afectados.

La demanda que presentarán en enero —porque tienen que esperar a que se haga efectiva la medida para impugnarla, esto es, que no se les pague la extra navideña— argumenta que el decreto aprobado en julio sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, en el que se incluyó la eliminación de la paga, incumple su derecho constitucional de negociación colectiva, porque "altera unilateralmente lo pactado entre las partes en un pacto o convenio colectivo". La norma "vacía de contenido el derecho", dice, y "selecciona un colectivo concreto de trabajadores para privarles de los medios constitucionales de fijación libre de las condiciones de trabajo, a través de la eliminación de los derechos pactados colectivamente y vulnerando la libertad negocial del sindicato".

Los trabajadores públicos también creen que el decreto es anticonstitucional porque no cumple con los requisitos de urgencia y necesidad que exige la Constitución para esta norma. El decreto, que entró en vigor el pasado 15 de julio, modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 29 de junio que incluía la paga extra de los empleados públicos. Es decir, quince días después, por lo que entienden que no podían existir razones de urgencia para adoptarlo porque la situación económica era la misma solo quince días antes.

El Gobierno vasco en funciones anunció ayer que los 70.000 funcionarios y empleados dependientes de la Administración autonómica sí van a cobrar la paga extra de Navidad. El Ejecutivo del socialista Patxi López ha dado orden de hacer efectivo el pago, que supone un gasto de 208 millones de euros. El Gabinete dice tener una serie de informes jurídicos que le amparan para tomar esa decisión. Pero el Gobierno de Mariano Rajoy ya advirtió a José Antonio Monago, presidente extremeño (y del PP), que también anunció que recuperaría la extra, de que presentaría un recurso de inconstitucionalidad si Extremadura incumplía "la legislación básica”. Esta tarde, Hacienda ha ido un paso más allá y ha avisado a Euskadi de que pagar la extra puede ser incluso prevaricación.

El caso extremeño —y el de Navarra, que en septiembre adoptó una medida similar— es sin embargo sensiblemente distinto al del País Vasco. Lo que han hecho las dos comunidades es una argucia por la que adelantan la paga de junio de 2013 a enero de ese mismo año, de forma que es casi como si los funcionarios percibieran la extra de Navidad. Aunque no lo hacen. Las dos pagas extra anuales (junio y diciembre) pasarán a cobrarlas en enero y julio. En diciembre de 2013 no percibirán nada pero sí en enero de 2014 (la adelantada de junio de 2014), y así sucesivamente hasta 2015. Ese año, el Estado compensará la paga que les falta "con la correspondiente aportación en forma de fondo de pensiones”. Así que en realidad no la recuperan.

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