El PSOE de Castilla-La Mancha crea una red de oficinas para asesorar a desalojados

El PSOE de Castilla-La Mancha ha decidido dar un paso adelante a favor de las familias que están inmersas en procesos de desahucio. Equipos de voluntarios del ámbito jurídico, bancario y psico-social asesorarán gratuitamente a través de una red que se extenderá por todas las provincias de la comunidad autónoma.

Así lo ha anunciado hoy la vicesecretaria regional y portavoz de los socialistas castellano-manchegos, Cristina Maestre, que ha explicado que se trata de montar “equipos interdisciplinares, que asesorará y mediará en nombre de estas familias ante los bancos y las administraciones, dando por hecho que la confidencialidad y la gratuidad del servicio están garantizadas”. La Junta de Andalucía ya ha puesto en marcha una red similar.

Se trata de “asesorar, ayudar, acompañar a las familias a negociar con las entidades financieras y buscar con ellas las posibles ayudas sociales que a las que puedan tener derecho dada su indudable y precaria situación económica”.

La portavoz socialista ha informado además de que, hoy mismo, se ha puesto en marcha la primera de estas oficinas, “en Ciudad Real capital, donde ya hay tres familias que han pedido cita para ser atendidas”. En esta primera oficina se dispone de un equipo de 20 voluntarios. Y en las próximas semanas se irán abriendo en localidades como Puertollano, Alcázar de San Juan, Valdepeñas y Tomelloso, y se pondrá en marcha una campaña de comunicación para que todos los profesionales que se quieran sumar a esta iniciativa con carácter voluntario lo puedan hacer.

Ante el insuficiente decreto sobre medidas contra los desahucios aprobado ayer por el Gobierno, el grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha registrará además una iniciativa para que el Parlamento regional para instar al Gobierno de España “a modificar la Ley Hipotecaria en el sentido de dar cabida a la dación en pago con alquiler social y aprobar una moratoria no solo a los casos más extremos”. En esa iniciativa se pide también al Gobierno de Dolores de Cospedal “que ponga a disposición de las familias que están en proceso de desahucio las 800 viviendas públicas de la Junta que están vacías en este momento”.