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El Gobierno crea un fondo social de viviendas para desahuciados

El Gobierno y el PSOE no logran alcanzar un acuerdo sobre las medidas

El Ejecutivo paraliza los desahucios para los más vulnerables

El decreto no aborda la reforma de la Ley Hipotecaria

 Foto: CLAUDIO ÁLVAREZ

El Gobierno creará un fondo social de viviendas, un parque de viviendas destinadas al alquiler, con precios bajos, para quienes ya han perdido sus casas. Esta es una de las medidas que recoge el real decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros sobre medidas para paliar los desahucios y sus efectos. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado que la bolsa de pisos se nutrirá de los inmuebles que estén en manos de la banca como consecuencia de adjudicaciones por impagos.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el decreto incluye también la paralización, durante los próximos dos años, de los desahucios para los colectivos más vulnerables. Así, podrán acogerse a esta medida las familias con ingresos que no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que supone en la actualidad unos 1.600 euros mensuales y 19.200 euros al año, siempre que haya habido una alteración de la cuota hipotecaria. También forman parte de este colectivo las familias numerosas o aquellos que tengan algún niño menor de tres años a su cargo, o incapacitados o personas dependientes. Los deudores en paro y sin prestación por desempleo y determinados casos de violencia de género también podrán beneficiarse de las medidas.

El decreto no incluye ninguna modificación en la Ley Hipotecaria.

"El PSOE había pedido más tiempo y nosotros lo que hemos hecho es traer, al primer Consejo de Ministros, el decreto ley para que entre en vigor cuanto antes", ha indicado la vicepresidenta para justificar que las medidas no tengan carácter retroactivo, tal como pedían algunos grupos parlamentarios.

 Luis de Guindos ha descartado que las medidas para evitar el desalojo en determinados colectivos pueda provocar el alza de la mora hipotecaria en España, pues ha limitado los nuevos cambios a circunstancias de "necesidad". "Las nuevas medidas sobre desahucios no van a perjudicar que las deudas y sus intereses se devuelvan", ha enfatizado.

Antes del anuncio del decreto ley, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha explicado a los miembros de su grupo parlamentario las diferencias que les separan del Gobierno y que han impedido cerrar un acuerdo. Según ha explicado a los parlamentarios, existen tres "diferencias importantes" con el Gobierno. La primera de ellas es la moratoria, que el PSOE cree que debe beneficiar a todas las familias protegidas por el código de buenas prácticas. Además, los socialistas consideran que debe quedar clara la obligatoriedad de que las entidades financieras apliquen ese código. También hay diferencias sobre la profundidad de la reforma de la Ley Hipotecaria, porque el PSOE pretende que sea la ley y no otro tipo de medida lo que impida situaciones "de abuso" de las entidades financieras sobre los ciudadanos.

Ante la falta de un acuerdo, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto con las primeras medidas contra los desahucios después de que durante la mañana, Gobierno y el PSOE trataran de alcanzar un acuerdo "in extremis". 

El Gobierno ha hablado con el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, y con la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, para concertar un encuentro la próxima semana con el fin de negociar sobre el decreto. El Gobierno quiere que, una vez convalidado en las próximas semanas, se tramite como proyecto de ley.

La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) advirtieron de que, antes de aprobar ningún cambio legislativo para paliar los desahucios, el Gobierno debía consultar a las instituciones europeas. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha señalado que, al no reformarse la Ley Hipotecaria, no es necesaria esta consulta.

Los umbrales para quienes puedan acogerse a las nuevas medidas ha sido el punto en el que se han centrado las conversaciones entre Gobierno y PSOE. De hecho, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha explicado esta mañana en la Cadena Ser, que la fijación, por ejemplo, del límite de renta para evitar el desahucio, en 19.000 ó 22.000 euros, “es fundamental para muchas familias”.  Y es que los socialistas abogan por establecer una moratoria para los desalojos que afecte a una parte amplia del colectivo más desfavorecido, mientras el Gobierno apuestaba por limitar las ventajas de la moratoria a los casos de muy extrema necesidad, es decir, familias con ingresos muy bajos.

Antes de anunciar la aprobación del decreto, la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que se trata de un decreto con las medidas "más perentorias y más urgentes" que den solución al drama de los desahucios, mientras que el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, ha indicado que las medidas no se aplicarán con carácter retroactivo.