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El PSOE presiona al Gobierno para cambiar la legislación hipotecaria

Cuatro grandes banqueros se reúnen en secreto para aunar posiciones

Afectados por los desahucios acampan ante la sede de Bankia en la madrileña plaza de Celenque. / Álvaro García

La presión para que haya un acuerdo entre el Gobierno y el PSOE sobre los desahucios es enorme. No solo presión social. También los bancos empujan para que haya un pacto. Sin embargo, esas mismas entidades, según fuentes del Ejecutivo y socialistas, también presionan para que no se hagan reformas radicales que puedan suponer un hundimiento del sistema financiero español. El Ejecutivo tiene miedo de lanzar una imagen a los inversores internacionales e incluso a los propios ciudadanos españoles de que no va a haber ningún tipo de desahucio pase lo que pase. Y el PSOE presiona para que se aproveche el momento para hacer un cambio real de la legislación que afecta a las hipotecas y los desahucios en España, en especial la ley hipotecaria y la concursal.

El Gobierno ha dado varios pasos atrás y adelante en este asunto. Primero dijo que no habría reformas legales, que solo se cambiaría, para mejorarlo, el código de buenas prácticas, al que se adhieren los bancos. Después, con la presión social en aumento, sí se habló de reformas legales profundas. Ahora, el Ejecutivo vuelve ligeramente atrás, presionado por los bancos y también por el ambiente político en Bruselas, preocupado por la posibilidad de que una reforma profunda perjudique a los bancos, precisamente ahora que están a punto de recibir 40.000 millones de euros de dinero europeo.

Por eso el PSOE presiona para reformar la ley hipotecaria y el Gobierno insiste en que eso no es lo urgente ahora, sino paralizar durante dos años los desahucios a las familias con más problemas. “No queráis cambiar en siete días lo que no habéis cambiado en siete años”, según fuentes del Gobierno, fue su respuesta al PSOE.

El ambiente se enrareció aunque la negociación sigue avanzando y los grupos técnicos se reunieron ayer y podrían volver a hacerlo hoy. Los socialistas insisten en que quieren pactar pero no con un “parche” que sirva solo para dar una tregua pero no para arreglar el problema de fondo, que es, en su opinión, la legislación hipotecaria española, una de las más duras de Europa y de las más favorables a la banca.

El Ejecutivo teme lanzar la imagen de que no volverá a haber desahucios

El Gobierno y el PP presionan a tope al PSOE para que no se quede fuera de un acuerdo muy relevante. El Ejecutivo ya se lo ha dejado claro a los socialistas: haya o no acuerdo, el Consejo de Ministros del jueves, que podría realizarse por la tarde —el viernes arranca la cumbre Iberoamericana en Cádiz—, aprobará un decreto para frenar los desahucios, en especial con la moratoria de la que se habló desde el primer momento. Y si el PSOE decide no estar, el PP se lanzará contra él.

El pacto no es fácil. Hay acuerdo en muchas cosas, en especial en la necesidad de frenar de manera urgente los desahucios, subir el umbral por debajo del cual se impedirían —se habla del 2,5 veces el salario mínimo como ingresos de la unidad familiar— y subir el máximo de 200.000 euros de hipoteca, porque en las grandes capitales se queda corto.

Pero ni siquiera están de acuerdo los dos grandes partidos en cómo parar de forma urgente los desahucios. El Gobierno plantea una moratoria de dos años para las familias más vulnerables, como han ofrecido los bancos. Y el PSOE prefiere interrumpir todos los desahucios, pero no dos años, sino un tiempo breve, hasta que se reforme la ley, como plantearon las cajas.

Los bancos también presionan para que la reforma no sea muy radical

En este contexto de preocupación general y de presiones cruzadas, representantes de los cuatro principales bancos españoles se reunieron ayer a comer en la sede de la Asociación Española de Banca (AEB). Estuvieron Alfredo Sáenz (vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander), Ángel Cano (consejero delegado del BBVA), Ángel Ron (presidente del Banco Popular) y Josep Oliu (presidente del Banco Sabadell), además el presidente de la patronal, Miguel Martín. La reunión se centró en la cuestión de los desahucios, sobre todo para hacer un repaso a la situación y analizar la evolución de las actuaciones que ha puesto en marcha el sector, que la semana pasada envió un documento al Gobierno. Hoy se reúne el consejo de la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA), que también tratará esta cuestión de forma monográfica.

A las entidades financieras les preocupa que los créditos hipotecarios se hayan considerado como un activo de riesgo por el BCE. Para ellas suponen una alarma los datos que utiliza el CGPJ, que a su juicio están muy inflados al mezclar todo tipo de embargos. Algunos de ellos no tienen nada que ver con los desahucios ni con los créditos hipotecarios. Esto también lo admiten Gobierno y PSOE: los datos son equívocos, explican. Muchos de los 350.000 desahucios de los que se habla son de segundas o terceras viviendas, locales comerciales, garajes, propiedades rústicas y otros.

En ese sentido, las entidades financieras no quieren “que se legisle de una manera especial, sino que se arbitren medidas específicas para casos específicos”, según fuentes del sector. Es decir, que se establezcan criterios que permitan solucionar estos problemas, negociar los créditos, su prolongación y demás cosas; pero que no se cambie la ley, porque a su juicio eso generaría inseguridad y más retrasos.

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