Política

Madrid mantuvo eventos pese a saber los fallos de seguridad en sus recintos

La alcaldesa se niega a facilitar, como prometió, el informe del Madrid Arena

El Ayuntamiento de Madrid, regido por Ana Botella (PP), conocía las deficiencias de seguridad del pabellón Madrid Arena desde 2010, pero no las subsanó. Además, en mayo de este año encargó un informe sobre este y otros edificios municipales, lo que revela su desconfianza. Cuando estuvo listo, el 19 de octubre, arregló —según Botella— lo referido al Madrid Arena, pero sin subsanar los fallos de seguridad detectados por la concejalía de Urbanismo en 2010. Mantuvo en cambio abiertos el resto de recintos, pese a hallar deficiencias, y solo decidió cerrar dos de ellos una semana después de la tragedia.

Respecto a lo que sucedió el 31 de octubre —cuatro jóvenes murieron en una avalancha durante un concierto—, el Ayuntamiento no aclara quién vigilaba el control de acceso. Y, pese a que la alcaldesa se comprometió el pasado jueves a facilitar los informes de seguridad, ahora se niega en redondo a dar esa o cualquier otra información sobre la tragedia.

¿Son seguros los edificios municipales? El Ayuntamiento conocía desde marzo de 2010 que el Madrid Arena adolecía de graves fallos de seguridad, según un informe oficial al que ha tenido acceso EL PAÍS. Tanto es así que, cuando pidió licencia de funcionamiento para poder privatizarlo, sus propios técnicos se la denegaron. Siguió operando sin licencia, lo que según el Ayuntamiento es legal. Y siguió operando sin subsanar las deficiencias: entre otras, que los recorridos de evacuación de la pista eran insuficientes.

En mayo de 2012, el concejal de Economía, Pedro Calvo, responsable de Madrid Espacios y Congresos, encargó un informe para evaluar las medidas de seguridad de las instalaciones de esta empresa municipal, entre ellas el pabellón. El Ayuntamiento dice que lo recibió el 19 de octubre, y que antes de la noche del 31 ya había subsanado las referidas al Madrid Arena. Sin embargo, solo realizó, según fuentes municipales, modificaciones leves, y en ningún momento arregló las deficiencias detectadas en 2010. No informa si antes de las reparaciones tuvo lugar algún evento.

En otras dos instalaciones, el Palacio Municipal de Congresos y el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, no subsanó los fallos detectados. Sin embargo, siguieron abiertos hasta que el pasado jueves, una semana después de la tragedia, la alcaldesa, Ana Botella (PP), decidió clausurarlos temporalmente. En el Palacio de Congresos, por ejemplo, Les Luthiers actuó hasta el día 21 de octubre.

¿De quién dependía la seguridad? La empresa organizadora de la fiesta, Diviertt, contó con 75 porteros de discoteca de la empresa Kontrol 34, a los que, según afirma ésta, Diviertt contrató directamente. Ellos eran los responsables de distribuir, a ojo, el número de personas por planta, para que no superara el aforo marcado por el Ayuntamiento: 3.680 asistentes en pista, 3.920 en el nivel intermedio y 3.000 en el superior. Para esa labor debía haber, dentro del pabellón, al menos 63 porteros, según el plan de seguridad del Ayuntamiento. Otros seis debían estar en el control de acceso (para pedir la entrada y comprobar la edad), y seis más en el segundo control, justo a continuación, para evitar que se colaran navajas, etcétera.

Diviertt contrató además a 38 guardas de Seguriber, la empresa que vigila habitualmente el recinto, la que elaboró el plan de seguridad esa noche y con la que el Ayuntamiento le obligó a contratar. En el interior del pabellón solo había uno, en la sala de cámaras. El resto patrullaba las puertas y el área que rodea el pabellón, una vez cruzado el control de acceso. Debían evitar altercados y participar en el segundo control, requisando navajas u objetos que consideraran peligrosos. Según el contrato, el Ayuntamiento debía ser informado de cualquier empresa no homologada que trabajara esa noche en el recinto.

¿Quién controlaba el acceso? El Ayuntamiento explica que los organizadores le dijeron que habían contratado a la empresa Dato, pero, al contrario de lo que ocurre con controladores y vigilantes, no es capaz de decir cuánto personal hubo en los tornos de entrada durante la noche y, sobre todo, en el momento de la avalancha. El atestado policial dice que el aforo estaba “sobradamente sobrepasado”, aunque sin concretar, y que “un número indeterminado pero muy importante de personas” se saltaron los controles de madrugada.

¿Y la Policía Municipal? Desplegó a 14 agentes y dos mandos para establecer un cordón de seguridad de 50 metros alrededor de los tornos. Su función era distribuir el tráfico y evitar altercados. Según el Ayuntamiento, no debía intervenir en el control de accesos si no mediaba denuncia de la organización (por ejemplo, por avalancha). Fuentes municipales añaden que no la hubo. Los agentes no evitaron, como era su responsabilidad, que cientos de jóvenes hicieran botellón en la zona porque “no era prioritario”; se creyó suficiente con su mera presencia disuasoria.

¿Sabía el Ayuntamiento que se iba a superar el aforo? El contrato firmado el 24 de octubre contemplaba que el evento tuviera menos o más de 5.000 asistentes. En el primer caso, los organizadores pagarían por el alquiler 12.000 euros; en el segundo, 20.000. A fecha de contrato, Diviertt abonó el 50% de la cantidad más conservadora, es decir, 6.000 euros. Dos días después, el día 26, dijo al Ayuntamiento que esperaba de 4.000 a 6.000 personas. El Ayuntamiento elevó esa cifra a 7.000 (por precaución, dice) y se la trasladó a la Delegación del Gobierno.

En los siguientes días se vendieron presumiblemente más entradas, hasta llegar al menos a las 9.650 comunicadas el día después de la tragedia por la organización. El aforo máximo del recinto era de 10.700 personas.

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