Urbanismo no intentó ocultar que el Madrid Arena carece de licencia
En contra de lo publicado en la edición de papel, no manipuló el expediente después de la tragedia El Ayuntamiento evitó arreglar sin embargo los fallos de seguridad detectados en 2010
En contra de lo publicado ayer por este periódico, el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por la concejal Paz González (PP) no modificó el expediente de petición de licencia del pabellón Madrid Arena un día después de la tragedia en la que perdieron la vida cuatro adolescentes.
El cambio en el modo de tramitación del expediente, de “petición de licencia” a “consulta urbanística especial”, se realizó el 16 de noviembre de 2009. Sin embargo, al revisar el expediente, el sistema informático indicó como fecha de ese cambio el 2 de noviembre de 2012, el día de la consulta, en vez del 16 de noviembre de 2009, cuando realmente se realizó, lo que condujo a esa interpretación errónea.
Ese expediente refleja que el Ayuntamiento tramitó a partir del 4 de noviembre de 2009 una petición de licencia de funcionamiento para el pabellón, de propiedad municipal. Según ha explicado Pedro Calvo, concejal de Economía y actual presidente de la empresa Madrid Espacios y Congresos, de la que depende el recinto, los edificios municipales no requieren de licencia urbanística. ¿Por qué se pidió entonces en 2009? Porque el entonces gerente de la empresa, Luis Blázquez, planeaba privatizarlo, y para ello el operador interesado se la requería.
Sin embargo, cuando Madrid Espacios y Congresos intentó tramitarla ante el área de Urbanismo, que entonces dirigía Pilar Martínez (ahora directora general de Arquitectura del ministerio de Fomento), recibió un informe fechado el 10 de marzo de 2010 en el que se reseñaba que el pabellón incumplía la normativa de seguridad y, por tanto, de haber sido de propiedad privada no hubiera tenido nunca licencia de funcionamiento porque era peligroso.
Lissavetzky, acusación particular
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pidió una investigación "muy rigurosa" y "lo más rápido posible" para establecer responsabilidades sobre la tragedia, recordando que la ley "es igual para todos". En 2010 era alcalde el ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Prácticamente toda su plana mayor estaba en el Consejo de Administración de Madrid Espacios y Congresos, que presidía el exdiputado regional Luis Blázquez. Sin embargo, varios exmiembros del consejo, alguno incluso de la oposición, han negado que el informe fuera discutido en ese órgano.
Este lunes, Botella respaldó e hizo suya la gestión de la crisis por parte del vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, que actúa como su "portavoz y coordinador". El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, exigió por su parte que el Ayuntamiento convoque un pleno extraordinario de inmediato para aprobar la comisión de investigación que él pidió y Botella admitió el viernes. Añadió que el Grupo Municipal Socialista se personará como acusación particular para "llegar hasta el fondo".
Urbanismo señalaba una larga lista de “deficiencias concretas”.
El pabellón era, en tres cuartas partes de su fachada, inaccesible para los camiones de bomberos. Los recorridos de evacuación de la pista y la grada media eran insuficientes y había que habilitar “al menos otro acceso más opuesto y alejado del principal y único en cada uno de estos niveles”. Los detectores de incendios estaban a demasiada altura y eran insuficientes. Las barras y asientos eran de madera contrachapada, lo que alimentaría un posible incendio. Las gradas bloquean “casi todas” las salidas de emergencia si se despliegan a nivel de pista.
Recibido ese informe, Madrid Espacios y Congresos desistió en mayo, tras aportar nueva documentación y recibir de nuevo la negativa de Urbanismo. Sin embargo, el pabellón siguió funcionando, operado por el Ayuntamiento. El Gobierno municipal arguye que el recinto cumplía la normativa en 2001, cuando fue construido, pero no en 2009, cuando se pidió la licencia. “Si tuviéramos que hacer adaptaciones permanentes, estaríamos de obras permanentemente en todos los edificios púbicos y privados, y habría que demoler la mitad de ellos”, dice la concejal de Urbanismo.
