Política

Procure no caer en este juzgado

El tribunal de Primera Instancia 32 de Madrid ha tramitado 1.200 desahucios este año

Los desalojos lo han inundado desde 2009

"La mayoría somos interinos, nadie quiere este puesto", dice una funcionaria

Los expedientes de ejecución hipotecaria se amontonan en el Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid. / LUIS SEVILLANO

Examina la demanda con ojos de forense. Sus manos pasan ágiles las páginas de delante atrás, y de atrás adelante; de la escritura de la hipoteca al acta notarial o a la nota del Registro de la Propiedad. En cinco minutos el juez ya conoce la historia completa de una familia deudora. Por qué cantidad compraron el piso, por cuánto se tasó, el tiempo que llevan sin pagar… En la demanda que disecciona a primera hora del lunes la entidad reclama 166.000 euros; la hipoteca, firmada en 2005, fue de 168.000 euros. Da la impresión de que solo pagaron 2.000 euros. Pero no. Vuelve atrás: “Mira, dejaron de pagar en noviembre de 2010”. Durante cinco años abonaron mes a mes sus cuotas de la hipoteca. Todo ese dinero es como si se hubiera esfumado: los primeros años de préstamo casi todo lo que se amortiza son intereses. Dos años después, los implacables intereses de demora han ido elevando sin descanso la cantidad de la deuda. Cuanto más se alarga el proceso, más debe la familia. Y lo normal es que se extienda un año y medio por el atasco judicial.

Las carpetas blancas son las peores: son los casos en los que el banco reclama después de quedarse con la casa

A esta familia la van a echar de su casa. El juez lo sabe. No puede hacer nada, defiende. Su bolígrafo dibuja una letra uve de visto en la portada de la carpeta. Ya ha comprobado que la demanda cumple todos los requisitos formales para ser admitida. Poco más. Lista para ejecutar. Se levanta y la deja en la mesita de una salita de estar que hay en su despacho. “No me gusta tener papeles en mi mesa”, dice. Fuera de su despacho todo son papeles. Carpetas y carpetas desbordando estanterías, pilas de ellas sobre el suelo, encima de las mesas. Son los expedientes de miles de familias que van a perder su casa.

Agustín Gómez Salcedo es el titular del Juzgado de Primera Instancia número 32 de Asuntos Hipotecarios de Madrid desde hace 20 años. De nueve de la mañana a dos y media de la tarde, de lunes a viernes, su señoría se enfrenta a un incómodo trabajo. Sobre todo desde que a partir de 2009 una avalancha de ejecuciones hipotecarias inundó su juzgado, en la sexta planta de un tosco edificio en la calle de Capitán Haya de la capital.

Esta mañana hay solo cinco carpetas en su escritorio. Hay días que son 11. En lo que va de año su juzgado, en el que trabajan 17 personas, ha tramitado unos 1.200 desahucios. Al lado de las demandas descansa también un ejemplar manoseado de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esa que apenas le deja margen para actuar. El magistrado se cuida mucho de hacer valoraciones —“No puedo como juez”, se justifica—, pero sí es consciente de los problemas de la ley que aplica todos los días.

Por ejemplo, que la deuda no prescribe nunca (se puede reclamar toda la vida del deudor). “Encuentro casos en los que al cabo de los años, cuando la gente ya ha rehecho su vida, el banco vuelve a reclamar el crédito después de adjudicarse la casa”, explica. “Eso en Francia o Alemania no es así, al cabo de cinco o siete años hacen borrón y cuenta nueva”. Y agrega: “En ese sentido el deudor puede llegar a tener peor trato que el asesino. El asesinato prescribe a los 20 años y, sin embargo, puedes irte a la tumba con una deuda”.

Las cosas han cambiado mucho desde que se hizo cargo del juzgado, en los noventa. Ha visto cómo la tortilla daba la vuelta: “Hubo un tiempo en el que los que no pagaban incluso ganaban dinero. La casa se vendía por un precio más elevado que la hipoteca y después de pagar al banco les sobraba dinero. Aquí tuvimos hasta 100.000 euros que nadie reclamaba”.

Pero eso fue otro tiempo; en los últimos tres años la entrada de ejecuciones hipotecarias en los juzgados casi se ha cuadruplicado, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. En el primer semestre de 2012 los desahucios se han incrementado un 14% respecto al mismo periodo de 2011. “Detrás de esto hay vidas”, dice levantando la demanda. “Pero si la ley es así no te la puedes saltar. Yo aquí soy como el árbitro, los que ganan o pierden son los equipos, yo estoy sujeto al reglamento”.

El asesinato prescribe a los 20 años; una deuda no lo hace nunca

La carpeta con el visto bueno del juez y un drama entre las páginas llega a manos de María. Esta funcionaria interina de 45 años, que no quiere revelar su apellido, está sentada en la sala contigua, delante de una estantería rebosante de expedientes. Los colores marcan el año en el que comenzó el proceso: rosa para el 2009, azul para el 2010, naranja para 2011. Las carpetas blancas son las peores: son los casos en los que el banco reclama la deuda que persiste después de adjudicarse la casa. Hay unas cuantas.

María cuenta que el médico le ha dicho que no tiene piel, que tiene que hacerse piel. “Es que a mí me duele todo, me pongo en su situación. Este trabajo te afecta mucho…” Se le humedecen los ojos: “Es muy triste”. Ella lleva en el puesto desde enero. “La mayoría somos interinos. Entre el volumen de trabajo y lo duro que es, los que tienen plaza no quieren esto”. En la habitación se observan signos de que no están de acuerdo con lo que hacen: carteles que aluden a la estafa de los bancos comparten espacio con los que denuncian recortes en Justicia. Como los que podrían verse en cualquier protesta del 15-M.

“Esto no tiene arreglo, hija”, apunta Loli, una funcionaria de 54 años que tampoco quiere revelar su apellido y que lleva casi tanto tiempo como el juez en el juzgado. Se mueve con viveza, los papeles aparecen y desaparecen entre sus manos. “Lo de los bancos no tiene nombre, ¡Es una desproporción tan grande! Si algo les molesta a los señores banqueros, eso sí que se cambia rápido”. Ella atiende a los deudores. “Todo el que aparece por esa puerta algún problema tiene, aunque los hay que no dicen toda la verdad, ¿eh?”. Poco pueden hacer por ellos, explica, el único margen es prorrogar un mes el desahucio. El juez sale del despacho y los dos se indignan porque los servicios sociales les remitan escritos pidiendo paralizar desalojos, cuando la ley no se lo permite. La pareja se lamenta: “Los bancos aprietan para que las causas vayan para adelante. Es un procedimiento hecho a su medida”, concluyen. Son las tres menos cuarto. Recogen para marcharse. Desde la ventana del juzgado se ve, imponente, la sede de Bankia en una de las torres Kio que definen el skyline de la ciudad. Con el mismo logo que se repite en el tablón de edictos: la mayoría son ejecuciones instadas por la entidad rescatada con dinero público.

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