Anticorrupción destapa la supuesta financiación ilegal del PP de Baleares

La trama afecta a tres exconsejeros del Gobierno que presidió Jaume Matas

Las consejerías adjudicaron a dedo contratos a una firma de publicidad

La empresa desviaba parte del dinero público a financiar la campaña electoral

Ampliar foto
Jaume Matas, en enero pasado en los juzgados de Palma.

El fiscal de Baleares Pedro Horrach y el juez José Castro, que investigan el caso Urdangarín, han descubierto indicios de delito en la actuación del Gobierno de Jaume Matas (2003-2007) en relación a la adjudicación irregular de contratos públicos a una empresa. Con parte del dinero adjudicado a esa firma, el Partido Popular de Baleares pudo financiarse para la campaña electoral.

Los hechos descubiertos por la investigación judicial pueden dar lugar a la imputación de una decena de ex altos cargos del Gobierno de Matas —entre ellos tres de sus consejeros—, así como de varios empresarios. El juez y el fiscal se han desplazado a Madrid para tomar declaración a implicados que residen en la capital.

Por sus características, se considera un asunto gemelo del caso Gürtel. Una primera estimación fija en tres millones de euros el dinero manejado en contratos públicos bajo sospecha.

La investigación comenzó en 2010, tras unos registros a sedes de organismos del Gobierno de Baleares y de distintas oficinas y almacenes de compañías de publicidad.

El núcleo del escándalo radica en las adjudicaciones a la firma Over Marketing y Comunicación (Over Mc), controlada por el publicista Daniel Mercado, que ideó las campañas de imagen y estrategia de Matas para las elecciones de 2007 y antes en 2003. Mercado es uno de los implicados que residen en Madrid, su sociedad figura en liquidación en el Registro Mercantil. En el apogeo del PP de Matas abrió una oficina en Palma de Mallorca.

Cuando Matas retornó al poder en 2003, tras ser ministro de Medio Ambiente con José María Aznar, la mayoría de las 13 consejerías del Gobierno balear y muchos Ayuntamientos del PP pasaron a contratar trabajos con Over MC. La acusación acumula pruebas de que mediante este mecanismo se financió indirectamente con fondos públicos una parte de las campañas electorales del PP.

La firma de Mercado fue beneficiada con adjudicación de contratos para promocionar nuevas infraestructuras de las islas. Para trabajos similares con el macrohospital de Son Espases, Over Mc cobró 1,3 millones y la mayoría de contratos eran de hasta 12.000 euros, directos sin concurso. El lanzamiento del parque de Sa Riera de Palma costó 120.000 euros. Los contratistas públicos destinaban una partida a publicidad que el Gobierno controlaba y Over MC era la privilegiada.

Un equipo de investigadores de la Guardia Civil ha rastreado en la maraña de expedientes, facturas, la vida económica de empresas y los pagos desde las instituciones vinculadas. Antiguos gestores que trabajaron en el aparato del PP y empleados de Over MC han detallado aspectos sospechosos.

La investigación judicial se ha cobrado ya una primera víctima política. En julio de 2012 fue forzado a dimitir el que era delegado del Gobierno en Baleares, José María Rodríguez, consejero de Interior con Jaume Matas y secretario general del PP balear, en cuyo departamento se efectuaron contrataciones oficiales con OverMC.

Cuando trascendió la supuesta irregularidad, Rodríguez ordenó que se averiguase en la Guardia Civil las filtraciones sobre las investigaciones que le implicaban en un caso de corrupción. En el Ministerio del Interior se le invitó a dejar su cargo.

En las carpetas halladas durante el registro en la empresa de publicidad se encuentran apuntes que no distinguen entre el cliente PP y las instituciones: “Campaña 2007 Baleares, Ibsalut, Manacor, noticias varias, PP, Menorca”.

Otra de las semejanzas con el operativo del caso Gürtel, centrado en el método de contrataciones institucionales paralelas a trabajos partidistas, son los obsequios documentados para altos cargos y sus esposas. En la causa existen listados de regalos de gran lujo, su precio y el nombre de los beneficiarios.

Tres autonomías bajo sospecha

Con la causa abierta por supuesta financiación ilegal del PP balear ya son tres las autonomías donde gobierna el partido conservador sospechosas de una grave práctica de corrupción consistente en adjudicar contratos con dinero público a empresas que acaban financiando actos electorales de esta formación política.

El caso Gürtel, cuyo epicentro es la Comunidad de Madrid, destapó varios casos de supuesta financiación ilegal del PP a través de las empresas con las que intermediaba Francisco Correa, jefe de la trama. El mecanismo era parecido al descubierto ahora en Baleares. Correa influía sobre alcaldes del PP para que adjudicaran contratos a unas empresas determinadas. Estas pagaban comisiones por esas adjudicaciones a la trama Gürtel quien, a su vez, acababa desviando una parte de esos fondos a actos electorales del PP.

En la Comunidad Valenciana, la investigación del caso Gürtel descubrió cómo el Partido Popular financiaba muchos actos electorales con dinero de empresas privadas que, a su vez, eran contratistas de la Administración.

Estas empresas contratistas aparentaban contratar servicios con las firmas de la trama Gürtel y les pagaban unas cantidades de dinero que, en realidad, servían para financiar actos de distintas campañas electorales del PP en esa comunidad autónoma.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana abrió hace meses una causa a la financiación ilegal del PP y mantiene imputados a los empresarios que supuestamente financiaron ilegalmente a esta formación política y a varios miembros del Gobierno autónomo que presidía Francisco Camps.

En la Comunidad de Madrid, el caso Gürtel sigue instruyéndose en la Audiencia Nacional con una causa única en la que se acumulan distintas irregularidades, entre ellas los contratos adjudicados por determinados Ayuntamientos, gobernados por el PP, que dieron lugar a comisiones ilegales que recaudó la trama Gürtel y que, supuestamente, acabaron financiando actos del PP.