Un perito halla datos del ‘Prestige’ que el Gobierno no envió al juzgado

Nueve años de instrucción judicial, 230.315 folios, 25 cajas con piezas documentales y 1.500 perjudicados agrupados en 55 acusaciones. Con estas cifras parece imposible que falte algún detalle relevante en el mastodóntico sumario del Prestige sobre el que versará el juicio que comienza mañana en el recinto ferial de A Coruña. Pero falta. Así lo asegura un informe pericial encargado por la defensa del capitán Apostolos Mangouras y firmado por el ingeniero naval Carlos Delgado Macías, que, junto a otros colaboradores, analizó decenas de miles de fotografías y cientos de horas de grabación de audio y vídeo sobre las complejas y costosas inspecciones que la Administración española realizó al pecio del petrolero, hundido a más de 3.500 metros de profundidad.

El perito descubrió que en aquellas primeras inmersiones —la que se desarrolló entre diciembre de 2002 y mayo de 2003 y la que arrancó en agosto de 2003 hasta octubre de 2003— se realizaron mediciones que no han sido incluidas en el sumario. Unos datos que, según Delgado Macías, son vitales para aclarar si el viejo buque botado en 1976 era una bomba tóxica a punto de estallar cuando inició su última singladura —tal y como sostiene la fiscalía y el abogado del Estado que defiende los intereses de la Administración española en este juicio— o fue un lance de fortuna el que le llevó a provocar una de las mayores mareas negras que ha sufrido Europa.

El informe pericial, enviado el pasado mes de julio a la Audiencia Provincial de A Coruña, pero que de momento no ha sido admitido por la sala, sostiene que los técnicos españoles que revisaron los restos del Prestige por encargo del Gobierno de Aznar midieron el tamaño y el espesor de piezas estructurales del petrolero. Los resultados aclararían, subraya el autor del estudio, si las últimas reparaciones a las que se sometió al Prestige en un astillero chino fueron correctas o no y si la corrosión del casco era tan intensa como sostiene la acusación contra el capitán, Apostolos Mangouras, el marino griego sobre el que se cargan las culpas de la catástrofe y para el que la fiscalía pide 12 años de cárcel.

“Estos documentos, imágenes y vídeos”, señala el informe de Delgado Macías sobre las grabaciones de los trabajos submarinos incluidas en el sumario judicial del caso, “ponen de manifiesto con toda rotundidad que dichos técnicos llevaron a cabo mediciones tanto de las dimensiones como de los espesores de los diversos elementos estructurales del buque, cuyos resultados no han sido, sin embargo, aportados al proceso penal en curso”.

Para hallar los rastros gráficos y sonoros de estas mediciones, el ingeniero revisó los vídeos, audios y fotografías de estas inspecciones, una labor que no pudo iniciar, alega, hasta 2010, cuando el pequeño juzgado de Corcubión (A Coruña) que ha asumido la instrucción concluyó la informatización de las grabaciones y se las envió. Para Delgado Macías resulta “incomprensible” que los técnicos de la Administración española “no hayan hecho referencia alguna” a los resultados de estas inspecciones de 2003, “dado que se trata de evidencias o pruebas físicas definitivas e incontrovertibles sobre el estado real” de la estructura del petrolero.

Según su informe pericial, los técnicos del Gobierno de Aznar recogieron en el pecio datos claves para aclarar qué le ocurrió al Prestige aquel 13 de noviembre de 2002 frente a la costa gallega. El Nautile, el submarino que utilizó la empresa francesa contratada por el Ministerio de Fomento para comprobar si había pérdidas de fuel en los restos del buque y taponar las fugas, midió con su brazo articulado el espesor y la longitud del refuerzo longitudinal número 31 del Prestige, ubicado a la altura de la cuaderna 64, en el tanque lateral número 3 de babor, y que fue colocado por un astillero chino en la última reparación efectuada en el buque. La acusación contra el capitán sostiene que ese refuerzo no tenía las dimensiones adecuadas para garantizar la seguridad de la travesía, lo que provocó que el accidente sufrido a 50 kilómetros de Fisterra acabase por destrozar la estructura del petrolero. Sin embargo, las conclusiones de la medición no fueron remitidas al juzgado.

Sí se enteró de aquella exploración el juzgado de Brest, en Francia, que por aquel entonces dirigía una investigación paralela del desastre del Prestige. El magistrado de esta localidad incorporó al sumario francés las cintas de aquellos trabajos y, según informan fuentes cercanas al caso, fue precisamente a través de las diligencias del país vecino que las grabaciones llegaron a Corcubión, ya que ambas instrucciones se fusionaron en 2007.

En la segunda inspección al pecio del Prestige, efectuada en 2003, también se recogieron datos sobre la anchura de los refuerzos instalados en China y el nivel de corrosión del forro del casco y de los mamparos interiores, según descubrieron los colaboradores del perito Delgado Macías cuando escuchaban y visionaban los audios e imágenes de la grabación. En esta ocasión fueron los robots submarinos Innovador 2 e Innovador 5, contratados por la Administración española a través de Repsol, los encargados de registrar estas mediciones que, sin embargo, no fueron mencionadas en su diario por los técnicos españoles de la expedición.

Quien sí dio cuenta de ellas fue uno de los peritos que declaró en el pleito que el Estado español mantuvo en Nueva York contra la clasificadora estadounidense American Bureau of Shipping (ABS), encargada de certificar la seguridad del Prestige. Según fuentes cercanas al caso, este técnico, enrolado en el barco Polar Prince que acudió al lugar donde descansa el pecio, aseguró que las mediciones ausentes en el gran juicio que comienza esta semana en España sí se realizaron.

Estos registros efectuados en el pecio por la expedición a bordo del Polar Prince no fueron los únicos datos que formaron parte de la demanda civil que perdió el Gobierno español en Nueva York y que no serán abordados en el macrojuicio de A Coruña. La juez estadounidense ordenó analizar los discos que Repsol cortó en 2004 de la cubierta del petrolero para extraer el fuel que quedaba en los tanques bajo el mar. Esas piezas, que podían ayudar a determinar el nivel de conservación del casco y despejar dudas sobre el estado en el que Prestige transportaba fuel por el Atlántico, no fueron incorporadas al proceso penal en España, pese a que la defensa del capitán Mangouras sí lo solicitó. El Estado español pidió al juzgado de Corcubión que desechase los discos porque carecían de “interés probatorio” y así ocurrió.